Beirut aún se duele de sus heridas

Un niño soplando pompas rosas de jabón junto a una Mona Lisa armada con un lanzagranadas se han quedado solos en un piso del barrio cristiano de Gemeize en Beirut. Pintados sobre el par de muros que han sobrevivido a la colosal explosión del pasado 4 de agosto, comparten morada con pilas de escombros y un vacío que recuerda que sus inquilinos, probablemente jóvenes artistas, aún no han regresado. Se cumplen cinco meses desde que estallara un depósito de 2.750 toneladas de nitrato de amonio mal almacenado en el puerto de la capital libanesa que se llevó por delante a media ciudad. La rabia prevalece frente a una clase dirigente que desde entonces no logra formar Gobierno. Solo la solidaridad de sus ciudadanos sirve de bálsamo para las cicatrices tan visibles en los edificios como en sus habitantes.

FOTOGALERÍA: Beirut sigue esperando respuestas

En un piso a pocos metros, Cocó despertó del coma hace tan solo dos meses. Enroscada en la cama se protege de la mirada ajena bajo una manta. “Era extremadamente hermosa y no quiere que nadie la vea así”, le disculpa su hija Lara, de 22 años y licenciada en Marketing. Cocó, como llaman a Carmen Khoury, ama de casa de 52 años, no puede verse en un espejo porque la explosión le ha robado los dos ojos.

Son sus manos las que le cuentan que le falta media nariz y que tiene parte del cráneo hundido. Aún no puede orientarse en su propia casa. Ella es uno de los más de 6.500 heridos que provocó la explosión. Cuatro de ellos todavía siguen en coma. La anciana vecina que vivía en el tercero es una de las 205 víctimas mortales. Y las familias que habitaban las tres plantas inferiores al séptimo piso forman parte de aquellos 350.000 vecinos que han sido desplazados de sus hogares y han tenido que buscar cobijo en casas de familiares.

El salón de la casa huele a nuevo: los sofás, las baldosas, los ventanales y las cortinas acaban de ser instalados. “Poco importa lo nuevo que sea todo si cada vez que miro por la ventana veo todos esos edificios semiderruidos que me recuerdan ese día”, dice la joven señalando hacia un tejado donde varios obreros despejan escombros. Desde el balcón se puede divisar también el epicentro de la explosión, con el puerto convertido en un enorme amasijo de cemento y metales aún por remover.

“El Gobierno no ha hecho absolutamente nada”, dice con impotencia. Los primeros días, una veintena de jóvenes desconocidos pululaban a diario por su casa para ayudarles a deshacerse de los escombros, levantar los muros y tapiar las ventanas. Ha sido el incansable trabajo de las ONG locales el que ha logrado aliviar a las víctimas. Una de ellas, Grassroots, aún mantiene una carpa junto a un belén de tamaño real plantado bajo la sede de la compañía eléctrica de Líbano, completamente derruida.

Las decoraciones de Navidad han devuelto un poco de alegría y luz a unas calles en tinieblas debido a los cortes diarios de electricidad. Los vecinos acuden a esta carpa en busca de cajas de comida, pañales y ropa. Entre la pila de ayuda cuelgan varios cuadros. “Los han donado estudiantes de Bellas Artes para que los muros recién levantados no estén tan desnudos y tristes”, dice sonriente Lina Saade, voluntaria de 19 años.

Los malos tiempos se han cebado con este levantino país de 4,5 millones de habitantes que afronta una triple crisis: sanitaria, económica y políticosocial. El 31 de diciembre se registraron 3.507 nuevos contagios de coronavirus y 13 muertos. Los expatriados que han retornado en masa por las fiestas han traído consigo los ansiados dólares que gastan en bares y discotecas al tiempo que el virus se expande. En los hospitales, cuatro de cada cinco camas de UCI están ocupadas. Líbano atraviesa también la peor crisis económica que ha vivido en sus 100 años de historia: la mitad de la población ha caído bajo el umbral de la pobreza y cada día son menos los que pueden hacer frente al pago de un seguro médico en un país donde el 85% de la asistencia sanitaria recae en hospitales privados. Rehacer sus hogares es otro desafío imposible para muchos. El pulular de grúas alterna con el precintado de edificios al borde del colapso cuyos dueños no pueden afrontar los costes de la reconstrucción, pero han colgado de los balcones carteles en forma de promesa con un “nos vamos a quedar” escrito en rojo. La familia de Cocó ha recibido 10 millones de libras libanesas del Ejército para reconstruir el piso que alquilan, asegura. Un monto que en el mercado negro equivale a 1.170 euros.

Laura, la hermana de Cocó, ha impreso lemas en mascarillas que distribuye en las manifestaciones en las que se lee: “4 de agosto: ni olvidamos, ni perdonamos”. Cuando la conversación gira en torno al día de la explosión, Cocó sacude la cabeza y cambia de tema. “Nadie va a rendir cuentas”, repite resignada cada vez, asegura su hija. El Gobierno se ha cerrado en banda ante la petición popular de que se celebre una investigación internacional y en su lugar ha abierto una interna para lo que se ha calificado como “la mayor explosión no nuclear acaecida en el mundo”.

El proceso se vio paralizado la semana pasada después de que un juez acusara al primer ministro en funciones, Hassan Diab, y a tres exministros por negligencia. Tanto el presidente Michel Aoun como Diab admitieron haber recibido un informe 10 días antes de la explosión en el que se alertaba de la peligrosidad que suponía el depósito de nitrato de amonio. Ninguno de los acusados se presentó a declarar, al tiempo que dos exministros han solicitado el cambio de juez ante la Corte Suprema libanesa.

“El movimiento social de protesta libanés nació precisamente porque la gente se ha cansado de que los dirigentes no rindan cuentas ante nadie”, cuenta al teléfono Nizar Saghieh, abogado y director de la ONG Legal Agenda. La batalla legal enfrenta por un lado a jueces, ONG como esta y un colectivo de letrados de Beirut contra una alianza de políticos y el puñado de jueces cooptados que defienden su inmunidad. Sin embargo, recalca Saghieh, se trata de un momento crucial para sentar un precedente contra la impunidad que se arrogan los políticos desde hace tres décadas.

En cuanto a las víctimas, la aprobación de una nueva ley estipula indemnizaciones para las familias de los fallecidos y tratamiento médico gratuito para los heridos. Los primeros aseguran que no han recibido una sola libra. Los segundos han de recurrir a ONG o seguros privados ante la desidia estatal. Es el caso de Mirna Habbouch, de 36 años.

Esta empleada de una empresa de importación de productos de belleza perdió aquel trágico día la visión de un ojo y la movilidad en el brazo derecho cuando la onda expansiva sacudió el coche donde viajaba con su hijo Cris, de año y medio. El pequeño sufrió cortes en cabeza y cara, hoy salpicadas de cicatrices. Ella aún tiene una capa blanquecina en la pupila derecha, de donde le extrajeron cuatro cristales. Dos veces por semana acude a sesiones de fisioterapia para recobrar la movilidad de la mano. “¡He empezado a escribir de nuevo!”, cuenta eufórica. Fue la ONG Beirut 0408 [en referencia a la fecha de la explosión] la que contactó con Habbouch para ofrecerle ayuda.

Han recaudado unos 30.500 euros entre donantes privados con los que ayudan a 18 víctimas que necesitan rehabilitación, explica en conversación telefónica y desde Alemania su fundador Nael Smith. El Estado pagó los gastos de hospitalización hasta pasado un mes de la explosión, asegura Habbouch. Su seguro privado se niega ahora a pagar la próxima operación porque insiste en que ha de ser el Gobierno quien se haga cargo.

En el hospital Hôtel Dieu de Beirut, un especialista guía a Habbouch para ejercitar los tendones. Allí otras 80 personas son tratadas de forma gratuita gracias a la ONG Happy Childhood, asegura el jefe del departamento de fisioterapia, Mansour Dib. “Los pacientes más complejos son aquellos que acuden con traumas cerebrales”, agrega. “Aunque me vea sonriendo, me siento muerta por dentro”, se sincera Habbouch con los ojos acuosos. “No logro desprenderme del olor a muerte, ni de los gritos y llantos, ni de las imágenes de ese día”, repone. “Convivo con el miedo”, cuenta quien desde entonces ha presenciado otros tres fuegos en el puerto. Encuentra sosiego en las sesiones con un psicólogo que le brinda otra asociación libanesa. “Quería que mi hijo nunca pasara por lo que pasamos en la guerra civil [1975-1990]. Pero vivió algo mucho peor en un solo día”, remacha.

A pesar de todo, tanto Habbouch como Cocó dan gracias por haber salido con vida de la explosión y poder seguir luchando. Más de 150 días después de la explosión, siete personas permanecen desaparecidas. Se trata de trabajadores del puerto o pescadores que ese día faenaban en los alrededores. Sus familias no tienen cuerpos que enterrar para cerrar el duelo, ni tampoco pueden acogerse a las compensaciones previstas. Según explica el abogado Saghieh, legalmente son consideradas personas ausentes y habrán de pasar 12 años hasta que puedan convertirse en víctimas y sus hijos reclamar una indemnización.