La UE restringirá los visados a los países que no cooperen en la readmisión de migrantes irregulares

Los ministros de Interior de la UE han decidido este viernes en un Consejo informal celebrado por videoconferencia iniciar el escrutinio de la cooperación de terceros países con el retorno de sus nacionales que hayan entrado de manera irregular en territorio comunitario. Bruselas ha anunciado que utilizará la política de visados como instrumento de recompensa o castigo en función de la cooperación de cada país.

El ministro portugués de Interior, Eduardo Cabrita, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE, ha señalado que el primer análisis se ha centrado en la colaboración de 39 países durante 2019. La primera valoración ha sido fruto de un estudio de la Comisión Europea que ha valorado las experiencias donde la colaboración ha sido más fluida y aquellos países donde las devoluciones plantean trabas a menudo insalvables.

Los datos de la Comisión indican que solo un tercio de las personas que entran irregularmente logran después que se les reconozca el derecho de asilo. El resto, en teoría, debería regresar a sus países de origen. Pero en 2019, de las 490.000 personas que recibieron una orden de expulsión solo 142.000 salieron finalmente de la UE, menos del 30%.

La UE se ha propuesto desde hace años aumentar la ratio de devolución, con escaso éxito a pesar de que ha firmado acuerdos de readmisión con 18 países (entre los que figuran Turquía, Albania, Cabo Verde o Bielorrusia) y tiene concertados ciertos términos de retorno con otros seis Estados (como Afganistán, Costa de Marfil o Guinea). Las medidas de readmisión también figuran en el acuerdo de asociación de la UE con 79 países de África, Caribe y Pacífico.

Aun así, la Comisión reconoce que las devoluciones efectivas suelen verse complicadas por problemas de identificación de los migrantes y de reconocimiento de nacionalidad por sus presuntos países de origen.

El organismo comunitario quiere convertir la política de retorno en una de las claves de su nuevo Pacto de Migración, como vía para convencer a los socios comunitarios de la necesidad de establecer un sistema de solidaridad interna de acogida a las personas con derecho al asilo.

La Comisión seleccionará un grupo de países a los que someter a un escrutinio específico. Y la comisaria europea de Interior, Ylava Johansson, ha indicado tras la reunión de ministros que si en esos países no se detecta un avance en la colaboración “estoy dispuesta a proponer antes del verano medidas para restringir la política de visados”. La comisaria cree que ese posible castigo debe ir acompañado de medidas de mayor generosidad con la concesión de visados para los países que sí acepten intensificar su cooperación con la UE.

El endurecimiento de las relaciones con países de origen llega en un momento en que la migración irregular se ha situado en mínimos desde 2013. La pandemia contribuyó a reducir drásticamente las entradas irregulares en 2020, que se situaron en 124.000, según los datos de la agencia europea de fronteras Frontex. Pero Bruselas prefiere iniciar el escrutinio de los terceros países antes de que se desate una nueva crisis migratoria. Además, en algunas de las rutas de entrada, como la de Canarias, las llegadas se han multiplicado y el año pasado fueron más de 22.000. En enero de este año, las cifras se han doblado en relación con el mismo mes de 2020, hasta 2.100 llegadas. La mayoría, según Frontex, son personas de Marruecos y Malí. En la ruta del Mediterráneo occidental, menos transitada últimamente, el 90% de las llegadas irregulares son personas de Marruecos y Argelia.