La invasión de tierras arrincona a los indígenas de Nicaragua

Fue un solo disparo. La detonación resonó a la orilla del río kipla Tingni, amplificado por el eco natural que provoca la naturaleza casi intacta del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, en el Caribe norte de Nicaragua: un paraje surcado de riachuelos, cubierto por altos árboles y una fauna susurrante. A tan solo siete minutos de la ribera, en la comunidad miskita de Santa Clara, Berty Wislaw German escuchó el disparo, seguido del grito de sus dos sobrinas, quienes habían ido al río para bañarse. La mujer corrió en dirección a los gritos y encontró a Jahaira Lacayo Wislaw, de 17 años, con la dentadura fracturada por un proyectil.

Jahaira sangraba en abundancia y se retorcía del dolor. Janira Lacayo Wislaw, de 15 años, presa del susto y la consternación, relató a su tía y a su madre lo sucedido: "Fueron colonos". La policía, sin embargo, negó en un escueto comunicado que en Santa Clara se haya registrado el ataque que dejó a la adolescente herida.

Colonos es el mote que los indígenas del Caribe nicaragüense han puesto a los grupos armados que invaden sus territorios ancestrales, y que en los primeros dos meses de 2020 han redoblado los ataques violentos contra miskitos y mayangnas, las principales etnias de ese país centroamericano. La agresión contra las dos jóvenes en kipla Tingni ocurrió este 16 de febrero, pero semanas antes otro joven miskito fue secuestrado, y el 29 de enero cuatro mayangnas fueron asesinados a sangre fría en la comunidad de Alal, situada en la reserva de Biósfera de Bosawás. Los colonos también quemaron todas las casas y mataron a todos los animales de Alal, mientras que los líderes comunitarios denunciaron la desaparición de ocho indígenas.

"Muchos colonos son exmilitares que han venido ocupando ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de palma africana y la ganadería", dijo Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan). La mayoría de los colonos se apodera por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego, presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. El Cejudhcan ha denunciado que muchos de estos colonos tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido político de Daniel Ortega.

El perfil característico de los colonos es el de madereros, agricultores, ganaderos y mineros, quienes expanden sus industrias sobre los territorios indígenas del Caribe, una vasta zona poco poblada, boscosa y preñada de recursos naturales. Pese a que la ley prohíbe la invasión de las tierras indígenas, los colonos iniciaron en 2015 un avance violento sobre ellas. Desde esa fecha a la actualidad, 40 indígenas fueron asesinados y más de 44 secuestrados.

Los datos pertenecen al Cejudhcan, la única organización no gubernamental que se adentra en las remotas comunidades para documentar la usurpación de los territorios y la violencia. El organismo calcula que la invasión de tierras afecta a 270 de las 304 comunidades indígenas del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió en febrero las medidas de protección para los miskitos, con el argumento de que la situación se ha agravado.

Complicidad del Gobierno de Ortega

Los colonos cuentan con la complicidad del Gobierno de Daniel Ortega, la administración sandinista que en su retórica política asegura que protege a los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, una serie de avales de tierras que conoció EL PAÍS demuestran cómo funcionarios medios y altos del Gobierno y el partido sandinista han traficado con los territorios comunales.

Un aval es un documento sin peso legal que, sin embargo, es presentado como título de propiedad, es decir que da potestad a un "colono" sobre un determinado terreno indígena. Violan la ley, porque las tierras indígenas no se pueden ceder, vender, ni desmembrar bajo ningún argumento, a menos de que haya el consentimiento de la comunidad, algo que no ha sucedido en ningún caso. Los avales a favor de colonos han sido girados por el Coordinador del Gobierno Regional, Carlos Alemán, y los concejales Waldo Müller y Adrián Valle Collins. Todos ellos sandinistas. Ninguno respondió al pedido de explicaciones de este diario. En septiembre de 2015, los colonos señalaron a Alemán y Müller de haberles otorgado una serie de avales, reaccionando así a la denuncia de los miskitos sobre la escalada de invasión y violencia que sufrían.

"No somos invasores. Quienes vivimos aquí hemos sido avalados por autoridades comunales, territoriales e incluso por autoridades regionales", remarcó un "colono" quien no quiso dar su nombre. habló en representación de la Asociación de agricultores y ganaderos de Tasba Pri, un grupo de colonos que invadió propiedad comunal y que se ha instalado a vivir en ella con una explotación agrícola. La fuente respaldó su versión con otro legajo de documentos firmados por las autoridades sandinistas. Ese mismo año, el Poder Judicial suspendió a cinco notarios públicos que escrituraban los avales, pero pronto volvieron a ejercer.

Muchas de las denuncias de los indígenas eran conocidas por la Procuraduría (Fiscalía) de la República, controlada hasta hace poco por un funcionario leal al presidente Ortega: Hernán Estrada. Sin embargo, el procurador Estrada también estaba involucrado en el tráfico de tierra comunal. EL PAÍS tiene copia de otro aval firmado por el mismo procurador, a través del cual cedió un lote de 6.000 manzanas de tierras indígenas a dos personas. Ni los beneficiados ni Estrada respondieron nunca a las preguntas planteadas por este periódico. Estrada renunció al puesto en mayo de 2019 sin mayores contratiempos, alegando problemas de salud.

El principal reclamo de los indígenas al Gobierno sandinista es que cumplan "el saneamiento de los territorios", es decir expulsar a los colonos que ocupan la tierra comunal. Ortega da la espalda a este clamor, mientras los indígenas resisten el avance armado de los invasores, ya sea en las comunidades o en la cama de un hospital, como la joven miskita Jahaira, quien una semana después de ser baleada intenta recuperar el habla.