La represión de una manifestación de trabajadores agrarios deja al menos dos muertos en Perú

La policía peruana ha vuelto a enfrentarse con disparos el miércoles con trabajadores de la agroindustria que bloqueaban la carretera Panamericana Norte como gesto de rechazo a la nueva ley agraria recién aprobada por el Congreso. La operación policial dejó dos fallecidos, entre ellos un adolescente de 16 años que no participaba de las manifestaciones, y el obrero Reynaldo Reyes Ulloa. Decenas de miles de ciudadanos en dos regiones del país se sumaron al paro agrario desde finales de noviembre contra un régimen laboral precario y bajas remuneraciones que instaló una ley aprobada en el año 2000. El 3 de diciembre, Jorge Yener Muñoz, que participaba en las protestas, murió por disparos de la policía: al día siguiente el Congreso derogó la norma y ofreció mejorar la legislación.

Las tres muertes han ocurrido durante el Gobierno de Francisco Sagasti, quien asumió a mediados de noviembre como presidente de transición, y había ofrecido sentar las bases para “fortalecer y modernizar” la policía y así evitar más muertes en manifestaciones ciudadanas a manos de las fuerzas de seguridad, como ocurrió ese mes en la capital.

La mañana del jueves, tras la difusión de la foto de un agente sin uniforme disparando con arma corta a la altura del cuerpo de los manifestantes, el ministro de Interior, José Elice, señaló que “aparentemente un miembro de la Policía Nacional ha usado armas de fuego durante el control de la manifestación”. “La enfermedad es más grande de lo que pensamos”, agregó. Elice agregó que el policía tampoco debió haber estado vestido como aparece en la foto, de civil: “Nada justifica que la policía use armamento prohibido en estas circunstancias, va contra la ley y los reglamentos”, declaró a la emisora Radioprogramas.

La noche del miércoles, en la primera reacción del Gobierno, la primera ministra, Violeta Bermúdez, anunció que el Ejecutivo buscaba la participación de congresistas de la región La Libertad para un diálogo en la zona convulsionada por la ley agraria. Andrés Chávez, el alcalde de Virú, el distrito donde la policía causó las muertes, pidió la presencia de Bermúdez en la zona.

La nueva ley agraria no ha satisfecho las demandas de los trabajadores, quienes volvieron a bloquear la madrugada del miércoles un trecho de la principal vía de la costa norte, cercana a los campos de cultivo y las plantas procesadoras de la agroexportación. El encargado del centro de salud de Puente Chao confirmó los dos decesos a la emisora Radioprogramas: hace casi un mes había sido llevado Yener Muñoz a ese mismo establecimiento, desangrándose. Ese día, Sagasti dijo a EL PAÍS que investigarían qué sucedió, pero aún no hay alguna persona responsabilizada por el hecho. “No queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales”, declaró entonces el presidente.

Familiares del adolescente fallecido informaron a la prensa y a un organismo de derechos humanos que el menor caminaba a la casa de un tío, y no participaba de las manifestaciones. La semana pasada, en otro bloqueo de carreteras en Ica -la otra región del centro sur del país donde se encuentran los principales fundos de la agroexportación- los disparos de la policía causaron dos heridos graves y decenas de lesionados que no participaban en las protestas. Se trataba de personas que salieron de sus casas -ubicadas al pie de la vía- asfixiadas por el gas lacrimógeno.

Los obreros de la agroexportación con contratos formales tenían un jornal diario de 31 soles (8.5 dólares) y esperaban que la nueva norma lo aumentara a 70 soles (19 dólares), entre otras mejoras. Sin embargo, la nueva legislación solo establece que la remuneración mínima vital agraria no debe ser inferior a la del régimen general, que es de 31 soles diarios. Los reclamos de los trabajadores se deben a que las ganancias de las compañías han sido muy altas a costa del pisoteo de sus derechos laborales, especialmente cuando eran reclutados informalmente por empresas tercerizadoras. Entre 2000 y 2018 el valor exportado por la agroindustria peruana creció más de 1000%, según la investigadora Ana Lucía Araujo.

La ley de promoción agraria que promulgó Alberto Fujimori al final de su gobierno en el año 2000, es también conocida como Ley Chlimper, pues favoreció las empresas del entonces ministro de Agricultura, José Chlimper con exoneraciones tributarias y porcentajes menores de aporte al seguro social de salud. Las empresas pagan 15% de impuesto a la renta, cuando las del régimen general pagan 29.5%. La norma que aprobó el martes el Congreso determina que las empresas mantendrán el mismo porcentaje del impuesto a la renta hasta el año 2030.

Hartazgo y desesperación

El abogado y experto en legislación agraria Laureano Del Castillo comentó a EL PAÍS que lo único favorable en la nueva ley agraria es una bonificación especial por trabajo agrario, del 30% de la remuneración mínima vital, aunque dicho monto no cuenta para calcular la compensación por tiempo de servicio ni vacaciones. “Este régimen no empezó en el 2000, sino en octubre de 1996 con una norma previa, entonces ya tiene 24 años. El problema es una gran masa laboral que ha vivido en un sistema de desventaja por desconocimiento de sus derechos. Es un sector muy difícil de regular porque hay altas y bajas en las demandas de empleo”, explica el especialista

.”Con esas facilidades en el pago del impuesto a la renta, o el impuesto general a las ventas o la depreciación acelerada cualquiera es competitivo: es un régimen sumamente atractivo para los empresarios”, añade Del Castillo. El investigador señala que los bloqueos de carreteras contra la anterior y la actual ley agraria se deben a “la desesperación y el hartazgo de los trabajadores ante las malas condiciones laborales y pobreza, y a la falta de sindicalización porque en esas empresas resulta más un riesgo que una ventaja”. “Y si no hay sindicatos, no hay con quiénes llegar a acuerdos”, explica el director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Un pronunciamiento emitido por tres organizaciones de trabajadores agrarios reclama que la norma debe considerar un 8% de pago de utilidades en vez del 5%. Además pide que la nueva bonificación sea parte de la remuneración, y que las empresas paguen el 9% del seguro social de salud, como hace el resto del sector privado. La nueva ley prevé que los empleadores de la agroindustria empezarán a abonar el 7% del seguro social a partir de 2021, un punto más que el pago actual. El principal representante de los empresarios agroindustriales, Fernando Cillóniz, adelantó el martes, minutos antes que el Parlamento votara, que la nueva norma iba a ser “idéntica a la derogada”.