Rusia declara “agentes extranjeros” por primera vez a cinco activistas y periodistas opositores

Las autoridades dan otro paso más en su política de represión sobre la disidencia al aplicar la controvertida etiqueta a personas físicas

Un hombre sostiene un cartel con el lema "Putin, dimisión", frente a la sede el FSB en Moscú, el pasado marzo.
Un hombre sostiene un cartel con el lema "Putin, dimisión", frente a la sede el FSB en Moscú, el pasado marzo.YURI KADOBNOV / AFP

Las autoridades rusas han etiquetado por primera vez a personas físicas como “agentes extranjeros”. El Ministerio de Justicia ha incluido este lunes en su listado a cinco activistas de derechos humanos y periodistas, todos críticos con el Kremlin, entre ellos, el veterano defensor de los derechos humanos y exdiputado Lev Ponomariov. Justicia asevera que los cinco han trabajado o colaborado con medios que, a su vez, están considerados “agentes extranjeros”, por recibir financiación o apoyo desde el exterior. Con la inclusión de individuos en esta categoría, asociada desde el estalinismo a la subversión y el espionaje, las autoridades rusas dan otro paso más en su política de represión contra la disidencia.

La ley rusa ya contempla desde 2012 nombrar “agente extranjero” a organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos que reciban fondos de fuera de Rusia. En 2017, se incluyó también a medios de comunicación y hace un año a periodistas y blogueros. La fórmula implica no solo una etiqueta con muy mala fama, relacionada con la idea de “enemigo del Estado” de los tiempos de la URSS, sino que implica arduos controles, registros y auditorías estatales. Muchos más y más severos que las entidades que no están catalogadas así. Las ONG y los medios afectados denuncian que es una forma de dificultar su trabajo y frenar y acosar a la sociedad civil.

Lev Ponomariov, que preside una entidad de defensa de derechos humanos y que fue diputado en la década de los noventa del siglo pasado, comentó que no entendía la inclusión en la lista. El activista y político, de 70 años, explicó que ni siquiera tiene un salario como periodista y que a veces colabora con una emisora o una revista, pero sin obtener retribución. Ponomariov está estudiando cómo recurrir la decisión y propuso formar una asociación con el resto de afectados. “Crearemos una asociación de personas naturales-agentes extranjeros. Lo primero que me viene a la mente es proteger nuestros derechos colectivos “, dijo a agencia Interfax.

La periodista de Radio Libertad, Liudmila Savítskaya; el director del diario digital Pskóvskaya Gubernia, Denís Kamaliaguin; el periodista Serguéi Markelov y la activista y artista Daria Apajonchich son los otros “agentes extranjeros” de la lista. De la docena de medios señalados están, entre otros, la emisora Voz de América, uno de los servicios para Rusia de Radio Libertad, varios medios checos o el canal Nastoyaschee vremia (Tiempos Actuales).

La inclusión por primera vez en el listado de personas físicas llega solo unos días antes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, firme una ley que permite declarar “agente extranjero’” también a candidatos electorales que reciban cualquier tipo de apoyo de fuera --lo que podría alejarles de la política-- y a sus colaboradores o personas relacionadas con ellos. Una ley, dicen los analistas, que podría ser aplicada, por ejemplo, a los aliados del opositor Alexéi Navalni, cuyo fondo de lucha contra la corrupción fue declarado hace tiempo ya “agente extranjero”. Las personas etiquetadas no podrán ocupar un buen número de cargos en la Administración pública rusa, ni tener acceso a secretos de Estado

Los políticos no serán los únicos afectados por la nueva ley. También se podrá aplicar contra activistas que tengan relación con entidades extranjeras y contra periodistas internacionales. Una medida que llega como aperitivo a la que puede ser una campaña electoral complicada para el partido del Gobierno para las elecciones legislativas de septiembre de 2021.

Las autoridades defienden que las nuevas medidas, que llegan acompañadas de otro rosario de iniciativas legales para frenar la protesta, controlar los medios digitales o impedir la difusión de información de funcionarios, permitirán limitar la interferencia extranjera en el país.

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