Rusia obliga a las ONG a registrarse como “agentes extranjeros”

Con la firma del jefe del Estado, Vladimir Putin, concluyó, el sábado 21 de julio, el trámite formal de la ley que obligará a registrarse como “agentes extranjeros” a las ONG consideradas como políticas y que reciban financiación internacional.

La ley, una iniciativa procedente de Rusia Unida (RU), el partido gubernamental, fue aprobada con una celeridad récord este mes por las dos cámaras del Parlamento (la Duma Estatal y el Consejo de la Federación), controladas ambas por el Kremlin.

El documento, que recibió también el apoyo de los comunistas y del partido del populista Vladímir Zhirinovski, ha sido rechazado por las ONG más destacadas de Rusia en la defensa de las libertades cívicas. También ha sido criticada por los representantes de la UE y de EE UU, lo que no ha quebrantado en absoluto la determinación del presidente Putin. Éste no se dejó convencer tampoco por Mijaíl Fedótov, el jefe del consejo adjunto a la presidencia para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos. Fedótov se dirigió personalmente a las cámaras y al presidente para tratar de disuadirlos. Los mayores cambios que se produjeron en el texto original fueron los que excluyen de su ámbito de acción a las organizaciones religiosas, culturales, municipales, y las ONG fundadas por corporaciones estatales.

A tenor de la nueva ley, se creará un registro especial en el ministerio de Justicia donde se inscribirán las ONG que “participen en procesos políticos, realicen acciones políticas para influir en las decisiones de la política estatal y para formar la opinión pública con fines políticos”. Las ONG incluidas en esta categoría estarán obligadas a presentarse como “agentes extranjeros” y a hacer constar esta característica en sus actividades y publicaciones.

Por razones históricas y por las secuelas del estalinismo, la expresión “agente extranjero” se asocia a la condición de “espía” en Rusia, aunque es aplicable también a un sujeto económico o comercial. De ahí que los representantes de algunas de las más importantes ONG rusas, como Grupo de Helsinki de Moscú (derechos humanos), Memorial (derechos humanos y superación del estalinismo) o “Golos”, que se ocupa de la vigilancia electoral, se hayan negado a definirse como “agentes extranjeros” aunque reciben financiación extranjera y ejercitan funciones que desde el punto de vista de esta nueva ley pueden ser consideradas como políticas.

Según el documento, quienes se resistan con contumacia a registrarse como “agentes extranjeros” podrán ser multados y condenados a penas de 480 horas de trabajo obligatorio o hasta dos años de reclusión.

En Rusia, las ONG centradas en la defensa de las libertades y derechos cívicos suelen recibir becas y subvenciones de entidades y fundaciones internacionales, dado que la financiación por parte de mecenas y entidades locales está supeditada por lo general al visto bueno de las autoridades políticas. Éstas han creado también sus propios sistemas de becas y ayudas, con las que promueven las actividades de ONG sumisas y cooperativas, pero no gustan de aquellas que cuestionan de la gestión del Kremlin, de los órganos de seguridad, orden público y vigilan las elecciones de forma independiente. En 2006 la legislación que regula las ONG se hizo más severa para las entidades con financiación extranjera, que están sometidas a controles más rigurosos.

La ley entrará en vigor 120 días después de su publicación en el diario oficial “Rossiskáya Gazeta”, es decir previsiblemente en noviembre. Las ONG potencialmente afectadas, entre ellas la fundación del ex presidente de la URSS Mijáil Gorbachov, se plantean la nueva situación y estudian cuál será su estrategia en el futuro. La decana de la defensa de los derechos humanos en Rusia, Liudmila Alekséyeva, que acaba de cumplir 85 años, ha manifestado que no tiene ninguna intención de registrar su ONG, el Grupo de Helsinki de Moscú, como un “agente extranjero”, aunque eso le suponga tener que "vivir en la pobreza".

La ley sobre las ONG es solo una entre varias iniciativas legislativas apoyadas por el Kremlin para mejor controlar la sociedad, donde a partir de 2011, y sobre todo de las elecciones legislativas del pasado diciembre, han arraigado movimientos de protesta de nuevo formato con mayor protagonismo de los jóvenes. Además de la ley que pretende catalogar a las ONG como “agentes extranjeros” han sido aprobadas normas que dificultan y restringen la celebración de mítines, penalizan la calumnia (despenalizada en 2011) y, en nombre de la protección de la infancia, contemplan la confección de listas negras de páginas de Internet. Más aún, el próximo otoño la Duma tendrá que definirse sobre un proyecto de ley que obligará a presentarse como “agente extranjero” a las publicaciones editadas con capital internacional. Fruto del miedo del Kremlin a la organización independiente de los ciudadanos parece ser otro proyecto para regular a quienes se presentan espontáneamente como voluntarios para hacer frente a desastres y catástrofes.Tanto durante los incendios que asolaron Rusia en el verano de 2010 como en las inundaciones en la región de Krasnodar, en el sur del país, ha sorprendido la capacidad de los ciudadanos y activistas de oposición para organizar la ayuda a los afectados de forma eficaz y a al margen de las instituciones oficiales. No es descartable pues que el Kremlin, alegando necesidades de coordinación, quiera controlar estos procesos espontáneos, que pueden dejar en evidencia la incompetencia de las autoridades.