El Parlamento de Rusia renuncia a su derecho a investigar al presidente

La Duma Estatal de Rusia aprobó ayer en primera lectura un proyecto de ley para regular las investigaciones parlamentarias, presentado por el presidente Vladímir Putin, que, de prosperar, protegerá al jefe del Estado de la curiosidad inquisitiva de los legisladores. La ley, que para entrar en vigor debe pasar otras dos lecturas y ser aprobada por la Cámara alta, pone las actividades de los jueces fuera del alcance de los legisladores e impide a éstos investigar asuntos que sean objeto de diligencias penales.

En teoría, la ley, que obtuvo 357 votos a favor y 62 en contra, trata de formalizar unas competencias largo tiempo reivindicadas por los diputados. De los 450 diputados de la Duma, la mayoría absoluta representa a Rusia Unida, el partido de los seguidores de Putin. Algunos expresaban ayer su malestar en los pasillos, pero a la hora de votar se plegaban a los designios del Kremlin.

De haber existido antes una ley como la presentada por Putin, no hubiera podido existir la comisión parlamentaria que investiga el asalto a la escuela de Beslán, en el que hubo 331 muertos, ni tampoco la comisión que en 1989, siendo presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, confirmó la existencia de los protocolos secretos entre la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin.

Siendo Borís Yeltsin presidente de Rusia, la Duma Estatal peleó por fijar en la Constitución el derecho a formar comisiones investigadoras. Para ello, el Parlamento llegó a aprobar (en primera lectura) una enmienda constitucional, que, por cierto, ha sido la única capaz de superar el primer obstáculo para modificar la Ley Fundamental de 1993. El parlamento, que no perseveró en su enmienda al máximo nivel, se contenta ahora con una ley más parecida a un catálogo de restricciones que a una garantía de competencias.

Según el proyecto del Kremlin, las comisiones parlamentarias deberán estar compuestas por miembros de las dos cámaras, la Duma Estatal (formada por diputados elegidos) y el Consejo de la Federación (compuesto por senadores designados). Las actividades de las comisiones serán de un año como máximo y sus sesiones serán "a puerta cerrada por lo general". Los diputados no podrán investigar asuntos pendientes de juicio.