La oposición venezolana aprueba prolongar el mandato de Guaidó al frente del Parlamento

Una nueva etapa de choque entre el chavismo y la oposición comenzará en Venezuela el 5 de enero de 2021. Ese día se juramentarán los 277 diputados —casi en su totalidad miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela— escogidos el 6 de diciembre en unos comicios muy cuestionados, con una abstención del 70%, y rechazados por la mayor parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional. También comenzará un tiempo de descuento para el líder opositor Juan Guaidó, que ha estado dos años al frente de la lucha por empujar la salida del régimen de Nicolás Maduro y que ahora busca jugar la carta de la continuidad de su liderazgo al frente de la oposición.

El Parlamento que todavía preside aprobó este sábado, en una sesión virtual, extender su mandato como jefe del Legislativo. Se trata en la práctica de la modificación de una norma creada por la oposición, la llamada ley del Estatuto de la Transición Democrática, que extenderá por un año más el funcionamiento de la actual Asamblea Nacional, que la oposición a Maduro ganó en 2015 y cuya mayoría le permitió a Guaidó autoproclamarse como presidente encargado el 23 de enero de 2019. El objetivo de la oposición es mantener el Parlamento bajo su control hasta que se realicen “elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables”.

El paso dado por la oposición enturbia las aguas de una institucionalidad en la que se sobreponen poderes —ahora todos con algún grado de falla de origen— en medio de la deriva autoritaria y la profunda crisis humanitaria que vive el país. Hasta este año, la Asamblea Nacional controlada por la oposición era el único poder público reconocido internacionalmente y electo en comicios medianamente competitivos. La legitimidad del interinato de Guaidó tiene dos anclajes: ese Parlamento, que llegaría a su fin en dos semanas según dicta la Constitución, y la reelección de Maduro por seis años más en los comicios de mayo de 2018, que fueron señalados por fraude y rechazados por la comunidad internacional. En 2017 Maduro creó un Parlamento paralelo, la llamada Asamblea Nacional Constituyente, para boicotear a la cámara que le era adversa. Dominada por el chavismo, la Asamblea Nacional Constituyente se propuso, sin lograrlo, sustituir al parlamento electo en 2015 para dar aval, por ejemplo, a contratos con socios internacionales en un momento de asfixia económica. El Supremo, la Fiscalía y el órgano electoral son controlados por el chavismo desde hace más de una década.

Ahora, tras los comicios de principios de este mes, Maduro pasa la página de estos cinco años de forcejeo y se hace con el control de todas las instituciones, aún con el rechazo internacional que ensombrece el proceso y los señalamientos de crímenes de lesa humanidad hechos desde las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mientras, Guaidó ensaya un tiempo extra con esta reforma.

En el interior de la oposición también hay contrariedades sobre la ruta que emprende Guaidó, que avanza sin un consenso unánime. En la sesión de este sábado, el partido Acción Democrática salvó su voto en la discusión, aunque reiteró su apoyo al jefe de la Asamblea y a su equipo. El diputado Piero Maroun habló por su organización y señaló que, ante el rechazo generalizado que hay sobre los comicios del pasado 6 de diciembre, la continuidad administrativa del Parlamento es tácita. “No han habido elecciones parlamentarias, por lo tanto la ley de la transición y este Parlamento tienen plena vigencia”, dijo Maroun.

Las reformas que ha promovido Guaidó establecen que en este período extraordinario las funciones estarán a cargo de la Comisión Delegada, una versión reducida del Parlamento, integrada por la junta directiva y los presidentes de las comisiones permanentes que, según la Constitución, son los encargados de mantener el funcionamiento de la institución durante los recesos anuales. Este es el punto de objeción que hizo Acción Democrática, quien consideró que debería sesionar todo el cuerpo legislativo y no solo esa comisión. El líder opositor Henrique Capriles Radonski también ha elevado serias críticas a este planteamiento. En agosto intentó, sin éxito, negociar con el Gobierno de Maduro por mejores condiciones para participar en los comicios legislativos

Este tiempo extra supone un revés a la ruta que planteó Guaidó hace dos años. Lo del cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres, postulados que repitió como un mantra, se han limitado luego de su fracaso en intentar mover a las Fuerza Armadas para provocar el derrocamiento de Maduro. El camino comienza ahora por el final en este régimen excepcional que ha planteado para la continuidad administrativa de su mandato.

La reforma de la ley también establece una reorganización de la presidencia interina. Uno de los cambios fundamentales será la derogación del Centro de Gobierno, que comanda el opositor y expreso político Leopoldo López desde agosto de 2019, luego de que lograra zafarse del arresto domiciliario durante la fallida sublevación militar del 30 de abril y se refugiara en la casa del embajador de España, donde estuvo hasta que unas semanas atrás huyó al exilio. Un Consejo Político asumirá esas tareas de coordinación, pero su estructura y normas serán dictadas luego del 5 de enero de 2021.

Guaidó se juega el respaldo de la comunidad internacional sobre la endeble base legal de la ampliación del mandato del Parlamento y, por extensión, de su Gobierno interino. Del reconocimiento que se le dé a esta nueva figura dependerá también el manejo de fondos y recursos del Estado venezolano en el extranjero, que el Parlamento ha logrado controlar. El tablero internacional de Guaidó —que hasta ahora ha logrado mantener el respaldo de unas 60 democracias— podría cambiar con el revés de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, que llegó a figurar como el principal aliado de la oposición venezolana. El país sudamericano espera la postura del presidente electo, Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero. Bruselas, por su parte, se ha dado este mes para buscar consensos entre los miembros de la Unión Europea ante el nuevo panorama venezolano y hará un pronunciamiento el próximo 5 de enero.