Joe Biden y el futuro de las sanciones

Nicolás Maduro y sus cortagargantas han aprendido en un año todo lo que a los mulás de Irán les tomó casi una década: burlar sostenidamente y con razonable éxito las sanciones económicas impuestas en enero de 2019 por Donald Trump y su pandilla salvaje.

Si se examina el proceder del régimen venezolano, sujeto al cerco tendido por Washington a toda su actividad petrolera, será forzoso admitir que, para presidir lo que infinidad de veces ha sido descrito con razón como un estado fallido, Maduro ha tenido exasperante éxito al extender su turno al bate.

Considérese que, según los halcones de Trump y sus altavoces criollos, 2020 iba a ser, en el peor de los casos, el Año Uno de la caída del régimen chavista-madurista. Alguien muy avispado en Miraflores pidió a tiempo a Teherán copias del manual “Sanciones para dummies”. Maduro y los suyos han superado hasta ahora a sus autores.

Las severas sanciones estadounidenses directamente dirigidas contra PDVSA fueron promulgadas como guarnición de la estrategia López-Guaidó, en enero de 2019.

Washington hizo sentir entonces con fuerza que las sanciones no venían solas, que misiles Tomahawk, lanzados desde alguna fuerza de tareas del Comando Sur, bien podrían llegar a destruir, en tierra y de un momento a otro, la flota de cazas Sukhoi 30 repartida en las bases aéreas venezolanas. En palabras de Trump y sus halcones más vocales, John Bolton y Elliott Abrams, “todas las opciones estaban sobre la mesa”.

Todo el fantasear con una force de frappe compuesta de militares venezolanos y extranjeros en apoyo a Guaidó se disipó para siempre con el fiasco de la llamada “Insurrección de los Testaferros”, en abril de 2019, y el grotesco final de la Operación Gedeón, en mayo del año que termina.

La estrategia de la oposición, concebida en lo esencial por Leopoldo López y encarnada en Juan Guaidó, procuraba desde enero de 2019 que un pronunciamiento del Alto Mando venezolano diera pie a una decisiva intervención militar estadounidense.

Con la pieza militar de aquella estrategia de pinzas ya por completo irrelevante, la oposición ha resuelto convocar una consulta popular, idealmente realizable al margen del viciado dispositivo electoral chavista.

La consulta tendrá lugar entre el 7 y el 12 de diciembre, inmediatamente después de la elección, a todas luces fraudulenta, que entregará a Nicolás Maduro el control de la Asamblea Nacional cuya legislatura, junto con el interinato de Guaidó, vence constitucionalmente a comienzos de enero.

La consulta opositora, a la que este columnista no acudirá, procura hacer potable la intención de prolongar socarronamenteel interinato, más allá de enero de 2021, y trasmutarlo en la presidencia indefinida de un gobierno en el exilio tutelado por Leopoldo López.

Para entonces, previsiblemente, Joe Biden habrá asumido la Presidencia de los EE UU. Sin embargo, contra lo que pueda pensarse, las sanciones estadounidenses contra PDVSA y la camarilla de Maduro, al ser fruto de acuerdos bipartidistas, no cesarán. Esto es de las pocas cosas seguras que traerá el 2021.

Aun así, el desempeño crecientemente asertivo de los convoyes de tanqueros iraníes que hasta hoy surten mal que bien a Venezuela ha dejado ver, una vez más, la insuficiencia de las sanciones económicas para provocar un cambio de régimen, no digamos ya de un equipo de Gobierno.

Al entrar en vigor, las sanciones ciertamente lograron la retracción de Rusia como comprador y también embarazar mucho el envío de crudo venezolano a las refinerías de China. Como efecto neto de esa contracción, la producción petrolera venezolana se redujo a niveles que no se veían desde los años 30 del siglo pasado.

Pero el despliegue del know how naviero iraní y la proliferación de empresas fantasmas en Moscú que reexpiden el crudo sancionado a China han entrado con el tiempo en diabólica sinergia con el diseño defectuoso de las sanciones gringas. La producción y el volumen de exportaciones, si bien discretamente, han venido en aumento y aún atiende los compromisos venezolanos con China.

Esto se explica parcialmente porque la aplicación de sanciones está a cargo de varias agencias de los departamentos del Estado, del Tesoro y de Justicia que actúan al mismo tiempo, sin concierto entre ellas, más bien obstaculizándose unas otras.

Es por ello que las sanciones que los burócratas de Washington llamas “de sábana”, aquellas llamadas a afectar toda la economía petrolera, se han visto a menudo estorbadas por excepciones que favorecen a transnacionales americanas que, como Chevron, aún operan en Venezuela.

Esto ha ocurrido tanto en el pasado, en el caso de otros países sancionados, que la errática trama de sanciones que se cancelan unas a otras es calificada puertas adentro de “whack-a-mole”: el término es el equivalente perfecto del " cuero seco” del que hablan nuestros llaneros: lo pisas por un lado y se alza por el otro.

De una Administración Biden muchos, en Venezuela y Washington, esperan un racional ajuste de las sanciones que las convierta en un garrote más efectivo que esgrimir en combinación con las parsimoniosas zanahorias de la diplomacia. Es muy temprano, empero, para pronosticar.

Trump, como todo presidente saliente, querrá dejar una última impronta en materia de sanciones. Estas podrían ir, por el lado de la demanda, directamente contra China. Y de ser así, el manual iraní dejaría ya, en breve tiempo, de serle tan útil a Maduro.