Eduardo Cifuentes: “El acuerdo de paz trasciende a los gobernantes de turno”

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate público. Experimentado jurista, su dilatado currículo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PAÍS la naturaleza inderogable del alto tribunal –parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla–, a pesar de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. “Ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades”, valora.

Pregunta. ¿Cómo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia está atravesando un momento crítico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las más de nueve millones de víctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez está en marcha la judicialización de los máximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos años y medio, en siete grandes macro casos que aparejan también macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendrán que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 años.

P. ¿Es inminente la apertura de nuevos casos?

R. Durante más de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y más de nueve millones de víctimas. Además de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder también avanzar en la investigación de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisión depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP llegó para hacer justicia, investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes mas atroces. No habrá impunidad.

P. ¿Cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

R. Entendemos que hay una gran presión social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos día y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entenderá que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de años por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las víctimas. Al final del proceso Colombia tendrá la certeza de que se hará justicia.

P. Usted afirmó en su posesión que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué es imposible derogarla?

R. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creación de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una vértebra o un principio esencial de la Constitución colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunción de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constitución que son irreformables. Ni siquiera a través de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podrían ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a través de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una función judicial que no puede eliminar o soslayar. En síntesis, el acuerdo de paz está íntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constitución política y también a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

P. La implementación contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

R. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz sí puede ser frágil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de líderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio legítimo de la fuerza, también un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal.

P. El presidente Iván Duque ha sido particularmente crítico con la justicia transicional. ¿Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

R. La JEP es un órgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, también a través de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, económico y humanitario en aquellos territorios y zonas más afectadas, y también respecto de las poblaciones –sobre todo comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinado– más afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, más que una tensión con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las líneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

P. ¿La desinformación ha envenenado el debate público alrededor de los acuerdos? ¿Cuáles son las razones de las campañas de desprestigio contra la JEP?

R. Creo que la población colombiana, la ciudadanía en general, respalda el proceso de paz. La oposición proviene de un sector político que permanentemente ha mostrado insatisfacción desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constitución política. Ha sido igualmente cimentado a través de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposición ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del país comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelación a la violencia para conquistar el poder político. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

P. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ¿Los comparecientes están aportando esa verdad?

R. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condición irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP será contrastar sus versiones con los aportes de las víctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y análisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedió, los excombatientes y agentes del Estado se podrán ver enfrentados a más de 20 años de cárcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptación de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que están abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, aún no es suficiente.

P. Concretamente en el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ¿Cómo garantizar esa verdad plena?

R. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la función judicial lo que pasó durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocionó al país entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versión de la historia de la cual no existían registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el propósito del proceso mismo.

P. La Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene carácter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un año. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en la dinámica de la justicia transicional?

R. Sí. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecerá elementos de verdad muy importantes sobre patrones y máximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial también para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visión. El informe final profundizará la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

P. Cuando usted era defensor del pueblo se instauró el sistema de alertas tempranas. Además, es del Cauca, uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener fenómenos de violencia como el asesinato de líderes sociales?

R. Lo que está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una catástrofe. Esta situación desnuda esa ausencia histórica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos están a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinnúmero de economías ilegales. Ese es el verdadero termómetro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no serán nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vacío institucional que durante décadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro país.

P. ¿Qué es el posconflicto?

R. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, políticas y económicas que garanticen que nunca más se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro país. Es una aspiración y un derecho. Es pasar una página sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las víctimas y con la ciudadanía.

P. Usted llegó a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

R. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitación esquizofrénica a involucionar, un llamado a la distopía. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constitución política la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ha tenido también momentos de sensatez cuando se incorporó en la constitución el cumplimiento de un acuerdo de paz y se creó la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al país, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democrática y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en términos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.