Bolsonaro amenaza con exponer a los países que compran madera ilegal a Brasil

Criticado en todo el mundo por las políticas ambientales de su Gobierno, Jair Bolsonaro ha decidido contraatacar siguiendo su modus operandi característico de hacer diplomacia de confrontación. El presidente ha afirmado el martes que en los próximos días divulgará la lista de países que importan madera extraída de forma ilegal de Brasil. El anuncio se produjo durante la cumbre virtual de los BRICS, grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario ha asegurado que Brasil sufre “ataques injustificables” relacionados con el aumento de la deforestación y que las naciones que lo critican importan madera de talas ilegales de la Amazonia brasileña.

“Los próximos días revelaremos los países que están importando madera extraída de forma ilegal de la Amazonia. Y algunos son los más duros con mi Gobierno”, ha dicho Bolsonaro. El presidente afirma que la divulgación hará que esta práctica se reduzca. “Mostraremos que esos países, algunos de los cuales nos critican mucho, en parte tienen responsabilidad en esa cuestión”, ha agregado. Hace tres años, la operación Arquímedes de la Policía Federal logró la incautación de 120 contenedores con 2.400 m³ de madera extraída ilegalmente que se vendería a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda, Portugal y Reino Unido. Durante los años siguientes hubo más fases de esta operación.

Alemania y Francia son algunos de los países más críticos con la política ambiental bolsonarista. El año pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la ola de incendios en la Amazonia “crisis internacional” y este año llegó a frenar el acuerdo económico entre la Unión Europea y el Mercosur para poner sobre la mesa de negociación la deforestación. Alemania, el país que junto con Noruega más contribuye al Fondo Amazonia ―que financia proyectos de preservación en la región―, congeló sus aportaciones justificando que la deforestación había ido al alza.

La acusación de Bolsonaro sería eficiente para repartir la culpa y quitarse de encima el peso de ser convertido el ‘villano del medioambiente’, si no fuera por un detalle. Este año, su Gobierno redujo los controles en la venta ilegal de madera. En marzo, cuando el coronavirus llegó a Brasil, el presidente del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), Eduardo Bim, anuló la norma que definía que ese ente público se encargaría de autorizar la salida de todas las cargas madereras del país. La reglamentación servía para reforzar el control sobre la exportación, en un intento de impedir el contrabando.

Para el diputado Rodrigo Agostinho (Partido Socialista Brasileño de São Paulo), coordinador del Frente Parlamentario Ambientalista, de nada sirve que el presidente amenace o reprenda a los países que compran madera ilegal si Brasil no se hace responsable de controlarlo. “El Gobierno de Bolsonaro ha aflojado los controles. Podrá poner a esos países en un brete, pero eso no le quita su responsabilidad”, afirma.

La acción prometida por el presidente brasileño tiene potencial para agravar la crisis diplomática con los países que criticaron el aumento de la deforestación y los incendios en la Amazonia. Para Dawisson Belém Lopes, profesor de política internacional de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais), esta decisión difícilmente aporte algún beneficio al país. Para el académico, provocará más malestar internacional. “No cambiará la opinión de la comunidad internacional sobre Bolsonaro. Aumentará la resistencia con Brasil, con los acuerdos que se están gestando entre el Mercosur y la Unión Europea. No soluciona el problema”, asegura.

Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), coincide en que la revelación de los países que compraron madera ilegal no ayuda a resolver la problemática ambiental. “Bolsonaro habla como si una empresa francesa que compró el material ilegal representara al Gobierno francés. Creo que es un discurso para movilizar a la base local en Brasil. No debería tener ningún impacto en la percepción pública de aquellos preocupados con el medio ambiente”, opina. Stuenkel afirma además que los diálogos entre las embajadas europeas y Brasil sobre este tema no tuvieron el mismo tono de amenaza y se centraron más en la cooperación.

Parte de la madera extraída ilegalmente se vende con documentos falsos y mezclada con la madera talada legalmente, como ya han arrojado varias investigaciones de la propia Policía Federal y del Ministerio Público. Según el presidente, se podría rastrear a los compradores del producto ilegal mediante una tecnología desarrollada por las fuerzas de seguridad que muestra el “ADN” de la madera, lo que permitiría localizar su origen. Pero retomar las inspecciones ayudaría a evitar el comercio ilegal.

La Asociación de los Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA), junto con el Observatorio del Clima, Greenpeace y el Instituto Socioambiental, denunciaron en junio el cambio en la política regulatoria. Alegan que el documento emitido por el presidente del IBAMA “autorizó la exportación de madera nativa sin control, a petición de las madereras”, según la demanda. “Es muy extraño que Bolsonaro hable de esas listas de compradores cuándo él fue quien abrió la barra libre. ¿Acaso el Gobierno tiene información de la venta ilegal y lo sigue permitiendo? Es ridículo. Lo ideal sería que toda la madera vendida en Brasil fuese de áreas de manejo sostenible y tuviese una trazabilidad total, con posibilidad de certificación”, dice el diputado Rodrigo Agostinho.