La Fiscalía brasileña acusa a un hijo de Bolsonaro de corrupción, blanqueo y malversación de fondos
El exasesor Fabrício Queiroz y otros 15 integrantes del círculo del senador Flavio Bolsonaro también han sido imputados formalmente por la Fiscalía de Río de Janeiro
El senador Flávio Bolsonaro, primogénito del presidente, ha sido formalmente acusado por la Fiscalía de Río de Janeiro por los delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida. La denuncia, que se esperaba desde hace meses, se ha conocido esta madrugada mientras medio mundo estaba pendiente del escrutinio de las elecciones de Estados Unidos. Bolsonaro hijo es considerado líder de un sistema de corrupción que desviaba parte de los salarios —pagados con dinero público— de 23 exasesores de su gabinete mientras fue diputado estatal, entre 2007 y 2018. Otras 16 personas han sido acusadas por los mismos delitos, incluido Fabricio Queiroz, un expolicía militar que ejerció durante años de asesor y es considerado el gestor del sistema de desvío. Los restantes también fueron asesores del gabinete. Ambos niegan las acusaciones.
Las acusaciones por corrupción contra el hijo mayor de Bolsonaro son el talón de Aquiles del mandatario, que llegó al poder con un discurso de combate implacable contra la corrupción. Bolsonaro padre es un feroz protector de los tres hijos que le acompañan en política desde hace años, un senador, un diputado y un concejal de Río de Janeiro que ahora está en campaña para la reelección. El Tribunal Supremo investiga si el celo del presidente fue demasiado lejos, hasta protagonizar injerencias políticas en la Policía Federal para evitar las investigaciones contra su prole.
Flávio Bolsonaro ha declarado en un comunicado que la acusación de la fiscalía “no pasa de una crónica macabra mal engendrada”. Su padre se ha mantenido en silencio.
La investigación, que empezó a mediados de 2018 después de que el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) identificara movimientos atípicos en las cuentas de Queiroz, concluyó que Bolsonaro hijo había desviado por lo menos 2,7 millones de reales (medio millón de dólares) de empleados que, en su mayoría, no trabajaban en su gabinete y ni siquiera fichaban en la Asamblea de Río.
Poco más de dos millones de reales provenían de cientos de transferencias bancarias e ingresos en efectivo realizados por al menos otros 13 asesores fantasma con los que el expolicía Queiroz tenía relación de parentesco, vecindad o amistad. Según la investigación, el dinero luego se le ingresaba a Flávio Bolsonaro o se utilizaba para pagar sus gastos personales. Siempre en efectivo. La Fiscalía de Río identificó más de 100 recibos de la escuela de sus hijas y del seguro de salud pagados en efectivo, además de ingresos equivalentes a 25.000 reales (4.400 dólares) en la cuenta bancaria de la esposa de Flávio Bolsonaro.
La Fiscalía sostiene que el senador Bolsonaro también utilizó transacciones inmobiliarias en la chocolatería de la que era socio para blanquear el dinero. La investigación también pone en evidencia el vínculo de Queiroz y la familia Bolsonaro con Adriano Nóbrega, un antiguo policía militar convertido en criminal, sospechoso de participar en el asesinato de la concejala Marielle Franco. Nóbrega, prófugo de la justicia, fue abatido en una operación policial en febrero. La exesposa y la madre de Nóbrega también trabajaban en el gabinete de Flávio Bolsonaro.
En el radar de las autoridades todavía están los 27 cheques que Queiroz ingresó a la esposa del presidente Bolsonaro, Michelle, que ascienden a unos 16.000 dólares. En total, la cantidad que Queiroz transfirió a familiares del mandatario puede alcanzar casi los 80.000 dólares. Además, según el periódico Estado de S. Paulo, el concejal Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del presidente, compró un apartamento en efectivo cuando tenía 20 años, como consta en las escrituras. Y el periódico O Globo identificó que el diputado Eduardo Bolsonaro, su tercer hijo, utilizó 26.000 dólares en efectivo para pagar parte de dos apartamentos en Río de Janeiro, en 2011 y 2016. Aunque no es ilegal, la compra de bienes de alto valor en efectivo genera sospechas de blanqueo de dinero.
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