El Supremo de Brasil avala que se investigue a Bolsonaro por injerencia en la policía

El Tribunal Supremo de Brasil abre un frente judicial en la crisis política que sufre el presidente Jair Bolsonaro. La decisión es un salto cualitativo entre los numerosos problemas que afronta el ultraderechista, notablemente debilitado por la crisis sanitaria y la debacle económica originadas por la pandemia. Las acusaciones de interferencia política en las investigaciones policiales lanzadas por Sergio Moro al dimitir como ministro de Justicia han derivado a los tres días en la autorización de un juez del Supremo para que el mandatario sea investigado por varios delitos.

La popularidad de Bolsonaro, que niega las acusaciones, está en erosión hace tiempo, pero esto es más grave, una investigación formal. Las sospechas ya no son contra alguno de sus hijos, sino contra el político al que millones de brasileños votaron porque tras 28 años de diputado nunca había sido señalado en ninguna investigación como corrupto y porque prometía terminar con el arraigado sistema de apoyo político a cambio de cargos.

El JUEZ MORO DIMITE como MINISTRO de BOLSONARO

Los hombres que ha elegido para sustituir al juez anticorrupción y liderar a la policía brasileña —cuya salida detonó el divorcio— dicen mucho de la estrategia de Bolsonaro para afrontar esta fase. El nuevo director de la Policía Federal es un comisario amigo de su hijo Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, que hasta ahora dirigía el Abin, el servicio secreto. Es precisamente la misma policía que tiene 60 días para cumplir el mandato de investigar al mandatario, a instancias del fiscal general del Estado y con autorización del Supremo, por varios delitos, incluidos coacción, prevaricación, obstrucción de la justicia y corrupción pasiva.

Moro, que era el ministro más popular del Gabinete hasta una salida que dejó la semana pasada a Brasil atónita, será llamado a declarar e invitado a presentar pruebas; abrió fuego el mismo día de su dimisión al entregar al informativo más visto de Brasil varios mensajes de WhatsApp en los que Bolsonaro defiende relevar al jefe de la policía porque investiga a unos diputados bolsonaristas. Si las pesquisas no cuajan en cargos contra el presidente se pueden volver contra el magistrado encumbrado por la operación Lava Jato en forma de una acusación de calumnias, le ha advertido la Fiscalía.

Aunque su situación se complica cada vez más, el capitán retirado Bolsonaro está por ahora lejos de ser expulsado del poder. Si la investigación deriva en una acusación formal, requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, donde el bolsonarismo tiene la mayoría, para que sea juzgado por el Supremo. Dos de los cinco presidentes elegidos por los brasileños en las urnas desde la dictadura cayeron por un impeachment. Y aunque existen varias peticiones para iniciar un juicio político, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, no ha aceptado que ninguna sea siquiera debatida.

Pérdida de aliados

La dimisión le ha supuesto al ultraderechista la pérdida de valiosos aliados que veían a Moro como la garantía de que sería implacable en la lucha contra la corrupción, pero estaban poco atraídos por el discurso populista antisistema. Las encuestas indican, no obstante, que el mandatario retiene el respaldo del núcleo duro de sus seguidores.

Él no ha querido comentar el tema este martes. “No me parece exagerado (la apertura de una investigación), ni me parece nada. Nos defenderemos”, respondió a preguntas de la prensa. Su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado, sí ha intentado quitar hierro a la decisión del Supremo. “Todo impeachment es precedido de fuertes manifestaciones populares. Las únicas manifestaciones que hay actualmente son a favor del Gobierno”, ha tuiteado en referencia a las protestas que cada fin de semana reclaman el fin de las cuarentenas.

El nuevo ministro de Justicia es un guiño a los evangélicos, una comunidad que le votó casi en masa. Bolsonaro, que sopesó inicialmente designar para este cargo a otro amigo de sus hijos, se ha decantado finalmente por el abogado general del Estado, André Mendonça, que además es pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Esperanza.

El presidente ha negado que pretendiera blindar a la familia de las investigaciones que les salpican, pero sí admite, como la cosa más natural del mundo, que quiere un interlocutor en la cúpula de la policía a quien poder llamar para saber cómo van las pesquisas. Según Moro llegó a pedir informes de inteligencia. “Quiero un director con el que pueda relacionarme, ¿por qué no?”, dijo Bolsonaro al comparecer tras la salida del ministro rodeado de todo su Gabinete. Allí estaban el ministro de Economía, Paulo Guedes, otro puntal clave del Gobierno, —el único, por cierto, con mascarilla—, los generales, el almirante…. Y el mencionado Eduardo, el único de los hijos profesional de la política libre de sospechas.

Flavio, senador, está formalmente investigado por corrupción en un caso con conexiones con las milicias de policías dedicadas al crimen organizado; su hermano Carlos, concejal de Río de Janeiro, es según la prensa brasileña sospechoso de participar de una maquinara de diseminación de noticias falsas como las que contribuyeron a aupar a su padre a la presidencia.

Moro abrió la caja de Pandora al revelar en su discurso de despedida las presiones supuestamente recibidas: “El presidente quería a alguien [de director de la Policía Federal] a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia”, contó el juez como garantía de que la cruzada contra los políticos corruptos iba en serio.

Tormenta total con crisis política, sanitaria y económica

El ultraderechista afronta el peor momento desde que llegó al poder, hace 16 meses. A la crisis político-judicial se suma una coyuntura endiablada por la crisis del coronavirus que probablemente siga empeorando tanto en el flanco sanitario como en el económico. Como en el resto del mundo, la pandemia ha paralizado buena parte de la economía, disparado el desempleo y dinamitado todos los planes gubernamentales cuando todavía se espera la llegada del pico de los contagios. La covid-19 ha causado más de 4.500 muertos y más de 66.000 contagios en Brasil. Esas son las últimas cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Salud pero los especialistas las consideran muy inferiores al impacto real. Se han hecho comparativamente pocos test y miles de muertes por síndrome respiratorio grave siguen siendo investigadas.

Las UCI de algunos Estados como Amazonas o Ceará están saturadas mientras las autoridades intentan aplicar ambiciosos planes de hacer test a gran escala que no terminan de materializarse. Alcaldes como el de São Paulo han anunciado sus planes de abrir miles de fosas ante el previsible agravamiento de la epidemia.

Dando la espalda a esa alarmante realidad, el presidente Bolsonaro sigue martilleando con la necesidad de que los negocios reabran y ahora reclama que vuelva el fútbol en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan. Las cuarentenas se han ido relajando en algunos Estados o en algunos municipios con la reapertura del comercio, según han ido decidiendo gobernadores y alcaldes por su cuenta.

Las perspectivas económicas son nefastas. La agencia Moody’s cifra la caída del PIB en un 5,2% para este año. El Gobierno está pagando desde hace varias semanas una especie de renta básica a unos 60 millones de personas que se quedaron de un día para otro sin ingresos por las cuarentenas que instan a la ciudadanía a quedarse en casa. Una coyuntura que dificulta sobremanera la agenda de profundas reformas y adelgazamiento del Estado con la que el ministro de Economía llegó al Gobierno.

Con la salida de Moro, se dispararon las especulaciones de que Guedes sería el siguiente. Aunque fueron amainando, Bolsonaro quiso ofrecer el lunes tranquilidad en ese frente: “El hombre que decide la economía de Brasil es uno solo: Paulo Guedes”. El bolsonarismo, necesitado de apoyo parlamentario, negocia con algunos de aquellos representantes de la vieja política de los que su líder echaba pestes, incluidos algunos condenados por corrupción.