La defensa de los ‘villanos’ del ‘caso Lava Jato’

Mientras Brasil se deslumbraba en 2014 con una investigación policial en la estatal Petrobras que ocupaba cada día los periódicos y telediarios, un grupo de abogados penalistas observaba atónito cada paso que daba esa operación. Empezaba el caso Lava Jato, y las acciones de los policías federales que llamaban a la puerta de los poderosos para que rindieran cuentas de sus crímenes ante la Justicia hipnotizaban a los brasileños. El caso Lava Jato estaba en boca de todos. La idea de meter en la cárcel a corruptos ricos era una gozada para un país que, desde su fundación, no tiene ningún tipo de ética con los bienes públicos.

En esta lucha del bien contra el mal, les correspondió a estos abogados defender a los villanos de la historia. Ejecutivos y políticos que delataban y eran delatados por, supuestamente, haber movido millones bajo mano. El caso Lava Jato lo lideró un grupo de fiscales jóvenes e intrépidos y un juez listo para satisfacer el anhelo popular. Sergio Moro despertó la furia por más justicia en el país. El entonces juez se convirtió en libro antes incluso de mostrar resultados. Después se convirtió en el tema de una serie de Netflix, ganó premios, su imagen ocupaba vallas publicitarias, lo homenajearon en el Carnaval de Olinda y en la Avenida Paulista.

El grupo de abogados estaba acorralado en 2014. La operación aportaba elementos increíbles a los medios de comunicación. Escuchas, audios filtrados, historias de amantes, traiciones entre antiguos aliados. Uno de los hechos más destacados fue la filtración, en mayo de 2016, de una grabación de Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras, en la que hablaba con el exministro de Dilma Rousseff, Romero Jucá. En esa conversación se tramaba el impeachment de Rousseff y la creación de “un gran acuerdo nacional”, en palabras de Machado, “con el Supremo y todo”, como afirmó Jucá, para detener la Lava Jato, que hasta entonces había masacrado al Partido de los Trabajadores. Brasil conoció los detalles de esa conversación por el micrófono que llevaba Machado. Quería librarse de la cárcel y, para ello, tenía que conseguir información comprometedora de sus antiguos colegas para los fiscales con los que negociaba una reducción de sentencia.

Una operación sin detractores

Este fue solo un episodio de las más de 70 operaciones de la Lava Jato en sus seis años de existencia si hablamos apenas de Brasil (la megainvestigación ha alargado sus brazos a otros países de América Latina, poniendo contra la pared a la clase política de todos los lugares por donde ha pasado). En ese éxtasis, la defensa de los ejecutivos y políticos considerados corruptos tenía poco que hacer. Sin duda, querían impedir la revolución que estaba provocando el caso Lava Jato. La opinión sobre la operación era unánime, no había nadie que pudiera ir en contra.

En el Brasil de 2020, las cosas son muy diferentes. El grupo de abogados que hoy se llama Prerrogativas se ha hecho fuerte y ahora son ellos quienes arrinconan la operación responsable de más de 500 acusaciones y 253 condenas al menos hasta marzo, cuando la Lava Jato cumplió seis años. Sus debates, a menudo transmitidos en directo, atraen a la comunidad jurídica, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, como Gilmar Mendes y Antonio Dias Toffoli, y el fiscal general de la República, Augusto Aras. Este último causó un gran revuelo al cuestionar la operación a finales de julio, durante una transmisión en directo. Aras criticó una supuesta “caja de secretos” de los fiscales con datos de más de 38.000 personas. En aquel momento, Prerrogativas logró unir públicamente a la izquierda y a la derecha contra la operación.

Para Prerrogativas, que actualmente tiene casi 1.000 abogados, el caso Lava Jato creó un caldo de cultivo autoritario que normalizó los atropellos, que se multiplicaron con el actual Gobierno. “Hubo un ataque sistemático al Derecho y a los tribunales superiores que se atrevieron a discrepar de esta competencia”, afirma el abogado Fabio Tofic. “Se empezó a gestar el embrión de una agresión contra el propio sistema, de un ataque a las instituciones, en este caso, al propio Poder Judicial”, añade.

El exjuez y ahora también exministro de Justicia Sergio Moro habría sido una pieza clave del tablero, colaborando con los retrocesos democráticos y debilitando consensos legales para priorizar la muerte política de la izquierda. Un hecho inexorable juega a favor de esta narrativa. El mismo togado que juzgó casos importantes, especialmente el caso en el que fue condenado el expresidente Lula da Silva, se puso a trabajar para el Gobierno de Jair Bolsonaro, tras un episodio que dejó indignados incluso a algunos miembros del caso Lava Jato. En vísperas de las elecciones presidenciales, el entonces juez Moro hizo pública la declaración del exministro Antonio Palocci, en la que hacía una serie de acusaciones sobre supuestas comisiones ilegales que varias empresas habrían pagado al Partido de los Trabajadores.

Incluso con el sentimiento anti-PT corriendo suelto por Brasil, los políticos lo consideraron que la declaración perjudicaría la campaña del excandidato del partido de Lula, Fernando Haddad. El resto de la historia es conocido. Palocci salió de la prisión en noviembre de 2018 tras pagar una multa millonaria y Moro asumió el cargo de ministro de Justicia el 1 de enero del año siguiente.

Seis meses después, el medio The Intercept Brasil publicaría la Vaza Jato, una serie de conversaciones filtradas en la aplicación de mensajería Telegram sobre las acciones, decisiones y posiciones de los fiscales de la operación Lava Jato. Los reportajes, realizados en colaboración con EL PAÍS, confirmarían muchas de las críticas que los abogados hacían desde 2014, incluyendo ataques indebidos al Supremo. También demostraron la proximidad del juez y los fiscales, un pecado capital en el Derecho. Y se supo que los propios fiscales no daban fe de lo que Palocci expuso en su declaración, que sigue dando que hablar. Esta semana, la Policía Federal ha declarado que no hay ninguna prueba que demuestre la existencia de una supuesta cuenta millonaria del partido administrada por el banco BTG.

Aunque la acusación de Palocci no había sido la responsable del arresto de Lula en abril de 2018, contribuyó a la fama de cueva de ladrones que tenía el partido. Por otro lado, la conclusión de la Policía Federal eleva la temperatura de un juicio en el Supremo: el de la supuesta imparcialidad de Moro en sus juicios, solicitado por la defensa del expresidente Lula. Lo lleva la Segunda Sala del Supremo y la sentencia todavía está pendiente, porque dos magistrados están a favor de la tesis de la defensa y otros dos, en contra. El decano Celso de Mello, que está de baja, debe dar el voto de calidad. El grupo Prerrogativas ha echado más leña a la hoguera con la publicación de O livro das suspeições (El libro de las sospechas), donde analiza las decisiones del exjuez y exministro.

Los abogados refuerzan sus argumentos sobre los excesos de la Lava Jato. “Lo que distingue a la barbarie del Estado de Derecho es que no se castiga a las personas de cualquier manera”, dice el abogado Alberto Toron, que lleva el caso del diputado socialdemócrata Aécio Neves y defendió al expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine. El Estado, afirma, debe seguir los rituales del proceso, las reglas de la Constitución que delimitan el poder punitivo de los agentes públicos. “Cuando esto se rompe, se produce una violencia, una ruptura del rito que debería seguirse; a esto lo llamamos, de una manera muy general, ruptura en el proceso legal, una conquista de la civilización desde 1.215”, añade Toron.

Pero, ¿qué pueden reclamar estos abogados si el caso Lava Jato jugó un papel importante en Brasil, incluso recuperó 4.000 millones de reales malversados de empresas, de los cuales 3.000 se desviaron de Petrobras? “En ningún momento minimizamos la gravedad de los hechos que la operación identificó”, dice Juliano Breda, que defendió a las constructoras Andrade Gutiérrez y OEA y a cuatro ministros de los Gobiernos del PT. “Es absolutamente necesario establecer como premisa en cualquier debate sobre los excesos y abusos de la Lava Jato que no hay duda sobre la gravedad de los actos de corrupción que se identificaron”, añade.

Dora Cavalcanti, que defendió al empresario Marcelo Odebrecht, dice que sobrepasar los límites con los miembros de la élite no mejora la vida de los más vulnerables. “Es obvio que intentar discutir la política criminal mirando a la parte de la población que fue afectada por la Lava Jato no tiene ningún sentido”, dice Cavalcanti. Arrestar a los ricos, sin embargo, dice Cavalcanti, no implica un sistema menos violento para quienes no pueden permitirse abogados caros. “Esto es totalmente ilusorio, hay que fortalecer el derecho a la defensa, el conjunto de garantías para beneficiar a toda la población”, advierte. Fundadora del Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD), la abogada ve con buenos ojos este momento en el que los tribunales superiores “están finalmente reexaminando algunos casos” para aprender de los errores del pasado.