La Fiscalía de Colombia ordena la detención del gobernador de Antioquia

El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, deberá responder ante la justicia por irregularidades al contratar en 2005 una autopista durante su primer periodo al frente de la segunda región más industrializada de Colombia. La Fiscalía, que lo señala por no haber cumplido con los requisitos legales, ordenó este viernes la captura en plena crisis sanitaria del coronavirus del también exalcalde de Medellín, la segunda ciudad del país.

“Los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007”, dio a conocer la Fiscalía al anunciar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, como se conoce la captura en la jerga jurídica colombiana. Según el ente investigador, en el contrato suscrito por 41.663 millones de pesos (cerca de 12 millones de dólares) se pactó un anticipo del 24% que posteriormente se amplió al 29%, lo que significó cerca de 1.500 millones de pesos (unos 420.000 dólares) de ganancia para el contratista. Además se hicieron dos adiciones al contrato inicial “que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”.

“El gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, declaró en una rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa, un abogado muy cercano al mandatario Iván Duque. “La decisión fue comunicada el día de hoy al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo”, aseguró al explicar que el jefe de Estado debe surtir los trámites para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento.

Gaviria, que se había posesionado en enero, proviene de una tradicional familia política antioqueña vinculada al Partido Liberal. En un caso muy recordado, su hermano mayor, Guillermo Gaviria, fue secuestrado por la extinta guerrilla de las FARC cuando era gobernador del departamento en 2002 y asesinado por los rebeldes al año siguiente en medio de una fallida operación de rescate, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Luego de esa trágica muerte, Aníbal saltó a la política para ser gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y precandidato liberal a la Presidencia. Su hermana, la excongresista Sofía Gaviria, una notoria crítica de la negociación con las FARC, es embajadora en Suiza del Gobierno de Duque.

El gobernador, que se postuló por firmas pero contó con el respaldo de varias fuerzas políticas, derrotó en los comicios regionales del pasado octubre a Andrés Guerra, el candidato del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe. Sobre las investigaciones, Gaviria ha alegado que no tuvo ninguna participación en el contrato cuestionado. "Con total serenidad entregaré en la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad”, declaró hace unas semanas.

La inesperada noticia ocurrió mientras las autoridades están concentradas en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Colombia, que espera el pico de contagios en agosto, acumula más de un millar de muertos y 35.000 casos detectados. De ellos, apenas 1.328 en Antioquia, con Medellín como ejemplo de una contención exitosa. La orden de captura, sin embargo, sacudió el mundo político y desató todo tipo de reacciones desde distintas orillas.

“Respeto la institucionalidad. He conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Duque al manifestarle solidaridad .“Me duele mucho la decisión", apuntó el expresidente Uribe, "me duele por Antioquia, por su familia, por él. Nuestros deseos que pueda superar con éxito esta dificultad”

“Privar de la libertad a un mandatario regional, en plena pandemia, por hechos de hace 15 años relacionados con la supuesta falta de vigilancia en la ejecución del gasto, es completamente desproporcionado. Parece más bien un mensaje para otros mandatarios”, valoró Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también criticó una decisión que tildó de “show mediático” con el propósito de “desviar la atención de las arbitrariedades” y la “ñeñepolítica”, como se conoce el escándalo por una presunta compra de votos para favorecer la campaña electoral de Duque. “Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del Gobierno y los abusos de la fiscalía”, escribió en sus redes sociales la alcaldesa, que ha mantenido varios roces con el presidente durante la gestión de la crisis.