El testaferro que desató una tormenta política en Colombia

Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta. Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

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El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis.