Piñera y la oposición avanzan hacia un pacto para superar la crisis del coronavirus en Chile
El presidente busca apoyos a un plan de reactivación económica con mayor atención en la ayuda social
Convocados por el presidente Sebastián Piñera, el Gobierno y parlamentarios del oficialismo y la oposición buscan a contrarreloj un pacto enfocado en la protección social, la reactivación y una estrategia fiscal para hacer frente a la crisis económica generada por la covid-19. Es un momento especialmente complicado para Chile, donde la estrategia sanitaria desplegada por el Ejecutivo muestra sus fisuras: pese a que la mortalidad de la pandemia se mantiene en alrededor de un 1%, han fallecido 1.113 personas y los contagios confirmados alcanzan los 105.159 desde que el 3 de marzo se detectó el primer caso. Con un mes de junio que se vislumbra negro –por los fallecimientos, el batacazo económico y las incipientes reactivaciones de las protestas–, La Moneda nuevamente busca alianzas con sus adversarios políticos.
Lo hizo en noviembre pasado, cuando, en los complejos días de las revueltas sociales –con masivas protestas pacíficas contra la desigualdad y niveles inéditos de violencia en las calles–, Piñera tuvo que abrirse a un plebiscito sobre la Constitución de 1980, la doctrina de parte de su conglomerado. El referéndum se realizaría el 26 de abril, pero con la pandemia desatada se postergó para el 25 de octubre próximo. A diferencia de hace seis meses –cuando el mandatario apareció en una segunda línea en los acuerdos constituyentes en el Congreso, donde la oposición tiene la mayoría–, en esta ocasión fue el propio Piñera el que hace una semana hizo un llamamiento “a todos los que quieran dialogar y colaborar de buena voluntad”. El presidente chileno habló de la necesidad de “un gran acuerdo nacional” para la reactivación económica y para que “la capacidad de Chile para volver a ponerse de pie sea una reacción y una capacidad firme y clara”.
Toda la institucionalidad está contra las cuerdas desde las revueltas: un 2% cree en los partidos, el 3% en el Congreso, el 5% en el Gobierno, de acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre. La popularidad del mandatario, sin embargo, ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia. De acuerdo a la última encuesta CADEM dada a conocer este domingo, el respaldo llega a un 29%, el mismo nivel que tenía antes del estallido del 18 de octubre. El Gobierno, sin embargo, necesita urgentemente alcanzar miradas comunes ante la crisis sanitaria y sus consecuencias.
El propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció la semana pasada que las fórmulas de proyección y los ejercicios epidemiológicos con los que trabajaban las autoridades del Ejecutivo desde enero pasado “se han derrumbado como castillo de naipes”. A las altas cifras de fallecimientos y contagios, que se concentran sobre todo en sectores vulnerables de la capital con mayor pobreza y hacinamiento, no ayudaron los llamamientos a la “nueva normalidad” y al “retorno seguro” a las actividades que el Gobierno comenzó a realizar desde las últimas semanas de abril. Tampoco el reconocimiento del propio Mañalich: "Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud”, indicó la autoridad sanitaria la semana pasada sobre un sector de Santiago.
La economía se contrajo en abril el 14,1%, según los datos del Banco Central informados este lunes a la mañana, lo que fue catalogado de “inédito” por el Ejecutivo. En el marco de la pandemia, el Gobierno ha presentado dos paquetes económicos por unos 17.105 millones de dólares, equivalentes al 6,9% del PIB. Entre otras medidas, ha implementado bonos, subsidios para los ciudadanos con salarios informales, un ingreso de emergencia por tres meses a 4,5 millones de personas, créditos a la pequeña empresa y –aunque con problemas de logística–, reparte 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias vulnerables y de clase media necesitada.
Pero parece insuficiente: de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, el 15% de los diagnosticados con la covid-19 sale a trabajar al menos una vez a la semana y la cuarentena en Santiago no da tregua al avance de la pandemia, como han reconocido las propias autoridades sanitarias. Sin ingresos mínimos, resulta complejo, por lo tanto, pedirles a las personas que se queden en su casa cuando está en juego la alimentación.
Un plan transversal de emergencia
Piñera tomó la decisión de llamar a un acuerdo nacional empujado, en buena parte, por las gestiones del Colegio Médico. La presidenta del gremio, la médica Izkia Siches –la figura mejor valorada por la ciudadanía en el marco de la pandemia, de acuerdo a la misma encuesta CADEM–, presentó al Gobierno una propuesta económica elaborada por un conjunto transversal de destacados economistas.
Entre las medidas, se instaba al Ejecutivo a utilizar el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (Fees) –que calculó en 12.000 millones de dólares o 5% del PIB– como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses. En el fondo, despeinar los límites fiscales que se ha impuesto Hacienda y proyectar los alcances de la crisis por un período mayor que el proyectado inicialmente.
Por el Gobierno, lidera las conversaciones el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que este domingo comenzó el diálogo virtual con los congresistas de diferentes sectores, salvo el Partido Comunista, que se restó de cualquier pacto. Descartada por la oposición la posibilidad de que denominar “acuerdo nacional” a las conversaciones, como había pedido Piñera hace una semana, se acotaron las expectativas y se acordó trabajar por un plan de emergencia en un plazo de dos semanas.
“Muchas familias no han recibido ninguna ayuda del Estado”, señaló este domingo por la noche en un vídeo el senador socialista Carlos Montes. “El país necesita unirse para enfrentar estos temas y el Gobierno esperamos que oiga y recoja y que, finalmente, podamos hacer las cosas mucho mejor que antes”, indicó el parlamentario, miembro de la comisión de Hacienda del Senado.
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