Sebastián Piñera apunta a otro aplazamiento del referéndum en Chile

Las manifestaciones sociales en Santiago de Chile se apagaron en seco en marzo con la crisis sanitaria de la covid-19. El Día Internacional de la Mujer fue la última gran jornada de concentraciones, con una marcha que reunió a dos millones de mujeres, según las organizadoras, en una muestra de la fuerza del movimiento social que ha tenido al feminismo como punta de lanza. Pero con 13.813 contagiados, 198 fallecidos y el Gobierno de Sebastián Piñera apelando a un “retorno seguro” para retomar la producción con miras a aguantar mejor el golpe de la crisis económica, el fantasma de la reactivación de las protestas sobrevuela la gestión de la crisis sanitaria. Desde la semana pasada, por primera vez desde la suspensión de las movilizaciones, algunos grupos pequeños de manifestantes han desafiado a las autoridades en el epicentro de las revueltas en la capital, la Plaza Italia.

El presidente no ha contribuido precisamente a mantener a raya el malestar, en un momento complicado de la covid-19, cuando todavía no se alcanza el pico de la pandemia. El domingo, el mandatario señaló que la recesión económica va a ser “tan grande” que la fecha del plebiscito sobre la Constitución “quizás se va a volver a discutir”, según indicó en una entrevista a la cadena de televisión CNN en español. Su ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que no se conoce todavía la situación de la pandemia en Chile en el segundo semestre, pero que el temor de la ciudadanía a la enfermedad podría poner “en riesgo” el nivel de participación.

La posibilidad de reemplazar la Carta Magna redactada por la dictadura de Pinochet fue la oferta que toda la clase política le hizo a la ciudadanía en los días álgidos de las protestas a fines de 2019, apostando a calmar la calle. En marzo, cuando se desató la pandemia en el país, los dirigentes de todos los sectores políticos acordaron no realizar el referéndum en su fecha original, anteayer, y postergarlo para el 25 de octubre. No hubo mayor resistencia ciudadana.

Pero la advertencia del mandatario conservador a seis meses de la realización del referéndum despierta la sospecha de la gente, que desconfía de sus líderes y de las instituciones democráticas (un 5% confía en el Gobierno y un 3% en el Congreso, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos dada a conocer en enero). Tampoco sus palabras han gustado en la oposición: “Su declaración tensiona aún más el difícil momento que vivimos”, indicó Heraldo Muñoz, líder del PPD, de centroizquierda.

Por las redes circulaban convocatorias para este lunes, en el mismo lugar, donde llamaban a participar en un “estallido 2.0”: “Morir luchando, pero de hambre ni cagando”, decía el panfleto.

En algunos muros de Santiago se pueden leer nuevos rayados interpelando al Gobierno y a su presidente: “Piñera, resistiremos la pandemia solo para verte caer”. Los sondeos de opinión, sin embargo, muestran que la crisis sanitaria le ha dado una impensada nueva oportunidad al mandatario conservador: luego de haber caído a un 9% de aprobación en medio de las revueltas —la peor en los 30 años desde el retorno a la democracia—, su popularidad se empina ahora al 24%, de acuerdo al último sondeo de la encuestadora CADEM.

Temor al impacto de la crisis económica

El rebrote de las protestas es una preocupación constante para La Moneda, a la que se la haría cuesta arriba lidiar al mismo tiempo con la pandemia mundial y con la presión de la calle, que desbordada se vuelve violenta. Las voces de alerta vienen incluso del propio oficialismo: “La crisis económica puede rebrotar el estallido social y con más fuerza”, ha dicho el presidente del partido de Gobierno, Renovación Nacional, Mario Desbordes.

El Ejecutivo de Piñera ha implementado dos planes económicos por unos 15.800 millones de euros, equivalentes al 6,9% del PIB, para amortiguar el batacazo económico por la covid-19. “Aquí habrá quiebre y desempleo, eso tengámoslo claro”, reconoció hace unos días el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En el Congreso, el Gobierno apuesta a sacar adelante su proyecto de Ingreso Nacional de Emergencia, la mayor política social que haya implementado el Estado chileno en los últimos 20 años, con el que se transferirá dinero al bolsillo de cerca de 4,5 millones de personas por tres meses.