Chile controla los respiradores del sector público y privado

La capacidad de los hospitales de Chile se prepara para las semanas duras del coronavirus, que se esperan para fines de abril y comienzos de mayo. En un país donde cerca del 80% de la población se atiende en un sistema público instalado a mediados del siglo XX —robusto, pese al desmantelamiento que sufrió durante la dictadura, aunque con múltiples carencias—, las autoridades sanitarias incrementan sostenidamente las camas disponibles para hospitalizaciones. Los contagiados alcanzaban este domingo los 7.213 casos confirmados y ya eran 80 los fallecidos, lo que revela un nivel bajo de mortalidad (alrededor del 1%).

Entre otras medidas, el Gobierno de Sebastián Piñera ha adelantado el funcionamiento de cinco nuevos hospitales, la conversión del buque Sargento Aldea en un establecimiento sanitario y un hospital de campaña con capacidad de 3.000 camas en el centro de eventos Espacio Riesco, en la capital. Con ello, la capacidad total pasaría de 37.000 a 41.532 camas, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Salud. Los ventiladores mecánicos –una de las principales dificultades de Chile, con 555 disponibles– se están organizando desde el Gobierno, que distribuye los aparatos del sistema público y privado de acuerdo a las necesidades regionales.

Fue el propio presidente Piñera el que lo explicó el viernes: “Tenemos un control centralizado de toda la capacidad de salud, tanto pública como privada, de forma tal de tenerla disponible para quien la necesite”, señaló el mandatario conservador. “Todo está coordinado, porque no tendría ningún sentido, por ejemplo, que en una clínica privada haya ventiladores sin uso cuando simultáneamente están siendo necesitados en un hospital público. Aquí no hay distinción entre público ni privado, ni tampoco entre regiones”, agregó el presidente de un país de 17 millones de habitantes y una geografía compleja.

Chile fundó el primer sistema nacional de salud de América Latina, en los años cincuenta. Sin embargo, un cuarto de siglo después la dictadura lo desmontó, desconcentrándolo en 27 servicios independientes. En 1981, el régimen militar abrió paso a las instituciones de salud previsional, las isapres, que relevan al Estado de funciones y que operan bajo preceptos de libre competencia, a la que pertenece actualmente cerca del 15% de la población. El tejido sanitario nacional sufrió un golpe severo con el traspaso de los centros de atención primaria a los municipios, aunque siguen dependiendo de los aportes del Estado. Pese a la política del Gobierno de Pinochet, la salud pública chilena mantiene su fortaleza.

Expectativa de 80 años

“Aunque existen bastantes situaciones mejorables, Chile tiene un sistema de salud que está estructurado territorialmente –un asunto relevante en un país con su geografía– que involucra tanto el tratamiento de las enfermedades como el ámbito promocional y preventivo”, señala Cecilia Morales, del equipo directivo del hospital clínico de la Universidad de Chile. En un país con una salud primaria robusta, la experta da un ejemplo revelador: la expectativa de vida promedia los 80 años, en relación a un gasto en salud discreto, de unos mil dólares per cápita. “A pesar de tener muchas brechas que se van acumulando a lo largo de los años –como que el sistema público tiene dos camas por cada 1.000 habitantes y en el privado casi se dobla la cifra–, el sistema mantiene atributos que permiten hacer frente a situaciones complejas”.

El médico Álvaro Erazo, socialista, ministro de Salud en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), recuerda que el presupuesto público destinado a la salud que recibió la primera Administración democrática en 1990 alcanzaba prácticamente para construir cinco consultorios. “Pero Chile ha tenido un crecimiento sostenido del gasto público impresionante, del 7 u 8% anual” durante los últimos años, señala Erazo. Sobre la estrategia de la actual Administración para hacer frente a la pandemia, el experto en salud pública llama a entregar más información y argumentos sanitarios de las medidas adoptadas, mientras recalca que el aporte de las sociedades científicas y universidades resulta crucial. Valora, sin embargo, las medidas que se han adoptado: “Es una buena señal que la autoridad sanitaria controle las camas y ventiladores mecánicos, que haya establecido mecanismos de regulación para evitar un mal uso de los equipos y, fundamentalmente, que se haya quedado a cargo de toda la actividad asistencial para prepararse”.

De acuerdo al médico, “la cantidad de nuevos casos diarios no se encuentra descontrolada [529 en la última jornada]” y el número de exámenes que ha realizado Chile “es un logro”. Pero son muchas las voces que, como él y el Colegio Médico, claman porque el test de detección del coronavirus se considere un bien público: en Chile, la realización del examen en los centros privados puede llegar a costar el equivalente a 30 dólares.

El Gobierno chileno se ha mantenido en su estrategia: muchos test -hasta ahora se han aplicado 72.797 a nivel nacional, realizados en laboratorios públicos y privados- y cuarentenas focalizadas solo en algunos municipios, porque las autoridades parecen convencidas de que las que se aplican a nivel nacional son difíciles de mantener en el tiempo. Se trata de confinamientos flexibles, que se van regulando de acuerdo a la cantidad de contagios. De hecho, después de dos semanas de encierro, este lunes se terminan las cuarentenas en cinco zonas de Santiago de Chile, lo que ha sido catalogado de “riesgoso” por el centro de pensamiento Espacio Público, que hace un seguimiento de los datos de propagación del coronavirus en el país. “Cualquier baja apresurada de las cuarentenas puede ser un grave riesgo, lo mismo con la vuelta a clases precipitada que se programó para el 27 de abril”, opina el exministro Erazo.

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