Netanyahu se sienta en el banquillo por corrupción aferrado al poder

El primer ministro israelí comparece ante la justicia por soborno y afronta hasta 10 años de cárcel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el día 17 en el Parlamento.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el día 17 en el Parlamento.EFE

La caravana oficial de Benjamín Netanyahu atravesó a primera hora de la tarde de este domingo la calle de Saladino, la principal arteria de Jerusalén Este, bajo ocupación israelí desde 1967. El cortejo de vehículos —patrullas policiales, coches blindados de los guardaespaldas y una ambulancia— que acompaña al primer ministro se detuvo ante el Tribunal del Distrito de la Ciudad Santa, donde el líder político compareció por primera vez ante los tres magistrados que le van a juzgar por corrupción.

El primer jefe de Gobierno en activo que se sienta en el banquillo en la historia de Israel sabe bien que su predecesor inmediato en el cargo, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un viejo pelotazo urbanístico. En medio de la complejidad que lo rodea desde su creación, en 1948, el Estado judío no ha mostrado reparos en procesar a sus dirigentes y enviarlos tras los barrotes. Este fue también el caso de un jefe del Estado, Moshe Katsav, sentenciado en 2010 a cinco años de prisión por violación y agresiones sexuales. Netanyahu afronta ahora una condena de hasta 10 años si los jueces confirman la imputación del fiscal general en tres casos por soborno, fraude y abuso de autoridad. Del sumario de la causa emana su obsesión ilimitada por promover su imagen desde el poder.

El proceso evoca las investigaciones contra la mafia, por la presencia de arrepentidos dispuestos a declarar contra su antiguo capo a cambio de una condena rebajada, pero también recuerda los juicios por tráfico de influencias en Wall Street, a la vista de larga nómina de multimillonarios y magnates interrogados. “Este es el día de la rendición de cuentas, el valioso momento que celebra la fortaleza de la democracia”, sostiene el columnista de Haaretz Anshel Pfeffer. “Pero ¿debemos ver el juicio como síntoma de la moralidad de Israel?”, se pregunta.

El primer Gobierno de Netanyahu (1996-1999) estuvo marcado por el entonces reciente asesinato del mandatario laborista Isaac Rabin. Responsabilizó a un “Estado profundo” regido por fiscales y periodistas vinculados a la izquierda de malograr su carrera política. Tras una década de travesía del desierto, regresó al poder con la pretensión de limitar la supervisión de la judicatura sobre el Ejecutivo y obtener tratamiento favorable a sus intereses en los medios de comunicación. Desde comienzos de 2009 sigue alojado ininterrumpidamente en la residencia oficial de la calle Balfour de Jerusalén, tras acumular más de 14 años en mandatos.

Calificado como propio de la realeza absolutista por la prensa hebrea, el sibaritismo de la familia integrada por el primer ministro; su esposa, Sara, y su primogénito, Yair, fue la primera pista evidente seguida por la brigada policial anticorrupción Lahav 433. La afición de los Netanyahu al lujo es el eje central de la acusación en el llamado Caso 1.000. Hasta 2016, recibieron caros regalos —joyas, puros habanos Cohiba o champán rosado— evaluados en un millón de shequels (250.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, responsable de éxitos de taquilla como Pretty Woman o L. A. Confidential.

Milchan —que entre los años setenta y ochenta trabajó para el Mosad (espionaje exterior israelí) en la adquisición de componentes de armas nucleares—, pudo recibir a cambio millones de dólares en beneficios fiscales y el espaldarazo del primer ministro para obtener un visado de residencia en Estados Unidos. Los regalos llegaban entonces a la calle Balfour en cajas negras selladas con códigos en clave.

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La imputación de la fiscalía se extiende además al Caso 2.000, que desveló las conexiones del gobernante con Arnon, Noni, Mozes, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales que mejoraran la difusión del rotativo. Noni Mozes mantenía entonces una disputa comercial con el magnate de los casinos asiáticos Sheldon Adelson, quien financia a fondo perdido el diario gratuito Israel Hayom, el medio más proclive a Netanyahu en la prensa hebrea. Adelson —conocido en España como promotor del fallido proyecto de juego Eurovegas, en las afueras de Madrid— estuvo a punto de romper su relación con el primer ministro cuando se hizo pública la grabación de su conversación con el editor de Yedioth Ahronoth. “Bibi [apodo familiar del mandatario] considera a Noni como un enemigo más peligroso que el Estado Islámico”, declaró a la policía el multimillonario Milchan, también relacionado con esta causa.

La piedra angular del proceso de Netanyahu es sin duda el Caso 4.000, en el que se han investigado favores gubernamentales de Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de entre 250 y 400 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. A cambio, la compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el popular portal informativo Walla. El principal accionista de Bezeq, Shaul Elovitch, también figuraban como procesado por cohecho, mientras que Mozes está imputado por fraude.

La policía y la comisión que controla la Bolsa de Tel Aviv cuenta con documentos que reflejan que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos con Elovitch”. Su objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”.

Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, servicio de Internet, móviles, medios de comunicación y plataforma de canales de pago.

En la vista serán interrogados hasta 140 testigos, entre ellos exministros como Tzipi Livni, que fue titular de Justicia y Exteriores, el actual presidente de la Kneset (Parlamento), Yariv Levin, y el recién nombrado embajador ante la ONU, Gilad Erdan. Los cargos se han condensado en un sumario de más de 800 páginas redactado por un equipo de fiscales.

El primer ministro siempre ha rechazado todas las acusaciones, que tacha de “caza de brujas” desencadenada por la izquierda desde sus bastiones en la policía, la fiscalía y la prensa. Alega que nunca intervino en las adjudicaciones públicas a Bezeq, que solo correspondían a los técnicos del ministerio; que es habitual que políticos y periodistas mantengan contactos, y que contaba con permiso de la Fiscalía General pata recibir “regalos de amigos”. Netanyahu sostiene que el proceso representa un “intento de golpe de Estado” contra la voluntad de las urnas.

El principio de una condena mediática

El juicio a Netanyahu se dilatará previsiblemente largo tiempo —Olmert dimitió en 2009 tras las primeras acusaciones y no ingresó en una celda hasta 2016–, pero su paso por el banquillo representa ya el principio de condena mediática que ha pretendido evitar a toda costa desde que los agentes del Lahav-433 comenzaron a airear sus investigaciones.

Hace apenas una semana, el conservador Netanyahu conseguía revalidar su investidura como primer ministro. Llega ante los jueces ratificado en el poder, pero obligado a conformar una coalición de última hora —justificada por la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia— con su principal adversario político, el centrista Benny Gantz. Antes, los israelíes tuvieron que acudir tres veces a las urnas en el curso de un año. El líder del Likud perseguía una mayoría absoluta en la Kneset (Parlamento) junto con sus socios de la derecha ultrarreligiosa y nacionalista para poder garantizarse la inmunidad al frente del Gobierno.

Su intento de saltarse la primera comparecencia del juicio, al alegar que se trata de una sesión de mero procedimiento, ha sido rechazado de plano por la justicia. Una muestra de su creciente debilidad son las maniobras políticas que ha emprendido a última hora, en las que sus partidarios amenazan con echarse a la calle en contra de los jueces por cuestionar a “un líder elegido por el pueblo”. Uno de sus escuderos más fieles, el ministro de Comunicaciones, David Ansalem, ha calificado al fiscal general, Avichai Mandelblit, de “presunto delincuente”. Bajo las indicaciones del Shin Bet (servicio de seguridad interior), la policía ha establecido un servicio de escoltas para proteger a magistrados y fiscales relacionados con el juicio al primer ministro israelí.

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