El Supremo de Israel avala que Netanyahu pueda ser primer ministro tras ser encausado por corrupción

Al término de una vista que ha tenido en vilo a Israel hasta la noche del miércoles, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la continuidad del conservador Benjamín Netanyahu como primer ministro, a pesar de estar encausado por corrupción. Los magistrados avalan así la formación de un Gobierno de coalición entre el líder del Likud, que acumula más de 14 años en el poder, y el centrista Benny Gantz, quien le desafió en las tres elecciones legislativas convocadas desde abril del año pasado. El Alto Tribunal desestima así las demandas presentadas por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil para vetar a Netanyahu como jefe del Ejecutivo después de que fuera formalmente imputado en febrero por los delitos de soborno, fraude y abuso de poder en tres causas.

“Una acusación formal contra un diputado no le inhabilita para poder formar y dirigir un Gobierno, en los términos fijados por la ley”, precisa el fallo unánime –según el avance publicado por la prensa hebrea– de una sala integrada por 11 de los 15 magistrados y encabezada por la presidenta del Supremo, Esther Hayut. Netanyahu y Gantz se apresuraron a anunciar poco después de que se hiciera pública la resolución del Supremo que tomarán posesión conjuntamente de sus cargos el próximo día 13.

Ambos líderes se turnarán en el puesto de primer ministro a lo largo de la legislatura surgida de los comicios del 2 de marzo. Netanyahu será el primero en desempeñarlo, mientras que Gantz ocupará el puesto de vice primer ministro con poderes reforzados. Al término de un plazo previsto de dos años, los dos intercambiarán sus cargos y seguirán manteniendo en vigor la coalición con el respaldo de una amplia mayoría en la Kneset (Parlamento).

La justicia ha debatido desde el pasado domingo sobre el futuro de la democracia en Israel, en un caso judicial sin precedentes. Un fallo en contra del mandatario conservador hubiese provocado la convocatoria de nuevas elecciones legislativas, las cuartas en poco más de un año. Los magistrados del Supremo han revisado también la constitucionalidad del pacto político de coalición, en una vista que ha sido retransmitida en directo y que parece poner fin al bloqueo político desde hace casi dos años paraliza al Estado judío.

La batalla legal y política ha coincidido con la aceleración la desescalada de las medidas de contención de la pandemia de coronavirus, que solo se ha cobrado hasta ahora en Israel 239 muertes y 16.200 casos de infectados, pero ha paralizado la economía más dinámica de Oriente Próximo y disparado la tasa de paro hasta el 27% en un país acostumbrado al pleno empleo. Gantz y Netanyahu invocaron la situación de emergencia nacional para aparcar su rivalidad y pactar un Ejecutivo de gran coalición.

La resolución del inédito procedimiento judicial que ha tensionado la tradicional división de poderes, da vía libre para que Netanyahu, que llevaba 17 meses como primer ministro en funciones, pueda formar un Gobierno estable con Gantz antes de tener que comparecer ante un tribunal de Jerusalén el próximo día 24. El jefe de Gobierno afronta una condena de hasta 10 años de cárcel. La legislación hebrea prescribe que un ministro formalmente acusado de corrupción debe renunciar al cargo, pero el jefe del Gobierno solo está obligado a dimitir tras ser condenado por sentencia firme.

El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit –quien precisamente presentó la imputación que conduce a Netanyahu hacia el banquillo de los acusados– ya anticipó en su informe escrito ante el Supremo que no existía “base legal” para poder vetar al líder del Likud, el partido más votado en las legislativas del pasado 2 de marzo. En su opinión, en la vista se han enfrentado dos principios básicos: “el acatamiento a la voluntad de la mayoría en una democracia y la integridad exigible a los cargos electos”.

Mandelblit puntualizó además que, aunque el acuerdo de coalición con Gantz presenta objeciones –como el inusual nombramiento simultáneo de ambos líderes como jefes del Ejecutivo de forma alternativa– tampoco observa “impedimentos invalidantes”. El Supremo no se pronunciaría definitivamente sobre esta cuestión hasta que la Kneset culmine las este jueves las reformas legales que ha exigido el acuerdo político, aunque ya ha anticipado que las enmiendas introducidas por los partidos de Netanyahu y Gantz corrigen los aspectos de dudosa constitucionalidad del proyecto legislativo. El pacto prescribe que los seis primeros meses, el Gobierno de coalición solo podrá impulsar legislación sobre la emergencia sanitaria y económica. También autoriza a declarar la anexión a Israel de parte del territorio palestino de Cisjordania a partir del 1 de julio.

El Alto Tribunal, que ejerce también en Israel funciones de revisión de constitucionalidad de las leyes, es visto por los sectores más conservadores y nacionalistas de la sociedad como reducto de una élite de izquierdas que rigió los destinos del Estado judío durante las primeras décadas de su existencia. En el campo progresista, es considerado como garante de los valores democráticos fundacionales frente a la deriva autoritaria del último Gobierno de Netanyahu (2015-2020), señalado por la prensa hebrea como el más conservador en la historia del país.