El fiscal general de Israel pone en marcha la acusación por corrupción contra Netanyahu
La fiscalía escuchará las alegaciones del primer ministro antes de presentar una imputación formal
A seis semanas de las elecciones legislativas, la larga trayectoria política del primer ministro Benjamín Netanyahu, de 69 años, el líder con el que más se ha identificado a Israel en el mundo durante el último decenio, ha entrado en tiempo de descuento. El fiscal general, Avichai Mandelblit, notificó este jueves a los abogados del mandatario que va a poner en marcha las tres acusaciones por corrupción en su contra planteadas por la policía el año pasado. Netanyahu deberá ser escuchado en trámite de audiencia, previsiblemente después de los comicios, antes de que Mandelblit pueda presentar imputaciones por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos separados. La amenaza de la justicia, cuya maquinaria ya se ha puesto en marcha, no impedirá que el líder del partido Likud se presente a los comicios. Pero si se confirman las acusaciones y se produce un procesamiento, sus socios conservadores pueden apartarle de la carrera por el poder que disputa desde hace tres décadas.
Amparado por las predicciones de los sondeos electorales, Netanyahu planteó los comicios anticipados del 9 de abril como un plebiscito sobre su legitimidad para seguir gobernando a pesar de los escándalos por fraude y cohecho que le salpicaban. Ningún primer ministro en el cargo (Ehud Olmert Olmert dimitió en 2009 en medio del escándalo público) había sido imputado hasta ahora por el fiscal general en la historia del Estado de Israel.
El pasado diciembre, en su último día en el cargo, el comisario general de la policía israelí, Roni Alsheich, hizo pública su recomendación de acusar al primer ministro en un tercer escándalo de corrupción. Era el llamado Caso 4.000, en el que se han investigado durante tres años los favores gubernamentales de Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. A cambio, la compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el popular portal informativo Walla. Su esposa, Sara, y el principal accionista de Bezeq, Shaul Elovitch, también figuraban en la amplia lista de cargos presentada por la brigada antifraude. Se trata de un escándalo demoledor, aparentemente capaz de acabar con la carrera política de cualquier gobernante. La fiscalía asume la acusación policial de soborno y abuso de poder.
La policía anticorrupción y el órgano israelí equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos con Elovitch y su esposa, Iris”. Su objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”, remachaba el comunicado.
Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, servicio de Internet, móviles, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.
Otros dos escándalos ya habían sido puestos sobre la mesa del fiscal general, Los investigadores policiales sostienen en el denominado Caso 1.000 que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales. Anticorrupción también recomendó la imputación por el Caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales que favorecieran la difusión del rotativo. En ambas investigaciones la fiscalía presenta cargos por fraude y abuso de poder.
El Likud intentó bloquear la iniciativa de Mandelblit con una acción legal de última hora ante el Tribunal Supremo, alegando que la fiscalía condicionaba las elecciones al intervenir en plena campaña electoral. La petición fue desestimada. Se estima que prima el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y el derecho del público a conocer las decisiones relevantes del fiscal general.
"Usted ha dañado la imagen de los servidores públicos en Israel y la confianza del pueblo en ellos", escribió el fiscal general en la carta en la que le notificaba a Netanyahu que ponía en marcha las acusaciones, citada por el diario Haaretz. "Usted actuó en medio de un conflicto de intereses, abusó de su autoridad en beneficio personal y de su familia. Usted corrompió a los servidores públicos que trabajaban a sus órdenes", enfatizó Mandelblit. A la vista de estas premisas, difícilmente va a cambiar de opinión la fiscalía tras el trámite de audiencia. La investigación, en la que han sido interrogados 140 testigos, entre ellos ministros y altos cargos, ha durado tres años y se ha condensado en un sumario de más de 800 páginas redactado por un equipo de fiscales. El fiscal general se ha asesorado además por un consejo integrado por una veintena de expertos del Ministerio de Justicia.
El primer ministro israelí siempre ha rechazado abiertamente todas las acusaciones, que en su opinión obedecen a una "caza de brujas” desencadenada por la izquierda desde la policía y la prensa. “Estoy seguro de que, tras haber examinado la cuestión, las autoridades competentes llegarán a la misma conclusión: no hubo nada porque no hay nada”, apostillaba Netanyahu tras airearse cada nuevo caso, en un mantra invocado en su defensa durante una docena de largos interrogatorios policiales. El mandatario considera que las acusaciones se desmoronarán como un castillo de naipes, ya que no ha tenido ninguna conexión con los negocios de Bezeq. Además, sostiene que resulta socialmente permisible recibir regalos de amigos y que otros políticos se comunicaron con el editor de Yedioth Ahronoth.
En Israel, la policía y la justicia suelen actuar con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de sus investigaciones, fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016.
Un fiscal nombrado por el primer ministro
Después de haber cumplido como primer ministro casi 13 años –los últimos 10 de forma consecutiva, encadenando tres victorias en las urnas–, el líder del Likud se enfrenta a tres casos de corrupción. El fiscal general que tiene la última palabra para imputarle y solicitar a los jueces que se abra, en su caso, el procesamiento es un antiguo jurista militar que fue secretario general (asesor legal) del Gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016. El actual jefe del Gobierno le designó después a Mandelblit para el más alto puesto del Ministerio Público. La Administración del Estado le ha prohibido a Netanyahu recibir donaciones para costear su defensa y le ha obligado devolver más de 260.000 euros que había recibido de amigos multimillonarios.
“Mister seguridad”, como se presentó Netanyahu ante las urnas hace un decenio, ha tenido que afrontar en sus tres últimos mandatos consecutivos la amenaza teórica de Irán ––que ha desplegado fuerzas en la vecina Siria-– y dos conflictos reales en Gaza en 2014 y 2014. Precisamente desde hace cinco años, las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos permanecen paralizadas.
La relativa seguridad y el éxito económico de su gestión durante una década –con un crecimiento anual sostenido del PIB en torno al 4% y una tasa de desempleo descendente que se sitúa por debajo de 5%– se han visto finalmente empañados por los casos de corrupción. Su ambición de convertirse en el gobernante que más tiempo ha ocupado el poder en Israel, al superar los 13 años de mandatos que acumuló David Ben Gurion, padre fundador del Estado de Israel, corre ahora peligro.
El extraño caso de los submarinos
A finales de 2018, la policía de Israel exoneró a Netanyahu en uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país. Los investigadores de la unidad antifraude recomendaron acusar a algunos de sus más estrechos colaboradores por el llamado Caso 3.000: la compra de submarinos a los astilleros alemanes ThyssenKrupp para la Armada israelí por 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros).
El abogado personal y primo de Netanyahu, David Shimron; el exjefe de su gabinete interno David Sharan; el exministro de Infraestructuras Eliezer Zandberg, y un antiguo jefe de la Marina de Guerra, el almirante Eliezer Marom, figuraban en la lista de acusados presentada por la policía al fiscal general.
Pese al lodazal descrito por los agentes en su entorno, el primer ministro conservador salió aparentemente indemne –-tocado pero no hundido–- de la larga investigación por el escándalo de los submarinos, en la que fue interrogado en varias ocasiones por el tráfico de sobornos en la adjudicación de los sumergibles.
La investigación policial del Caso 3.000 se basó en el testimonio de un arrepentido. El representante de ThyssenKrupp en Israel, Michael Ganor, se libró de una dura condena después de aceptar colaborar con los agentes y convertirse en testigo de cargo. Reconoció haber entregado al almirante Morom 600.000 shequels (143.000 euros) por "aconsejar" la adjudicación a los astilleros alemanes de tres submarinos y cuatro patrulleras, y por pagar al abogado Shimron —a quien Ganor tenía precisamente en nómina en calidad de letrado— otros 270.000 shequels por "abrir puertas" burocráticas.
"Si sabía que sus colaboradores estaban involucrados, el primer ministro debe dimitir. Si no lo sabía, también, ya que demuestra que no está capacitado para dirigir la seguridad del Estado", clamó entonces el líder del Partido Laborista, Avi Gabbay, desde la oposición.
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