El Supremo de Israel decide si Netanyahu puede ser primer ministro tras ser encausado por corrupción

La justicia debate sobre el futuro de la democracia en Israel. En un caso judicial sin precedentes, el Tribunal Supremo examina desde este domingo ocho demandas para que se pronuncie sobre si Benjamín Netanyahu puede seguir siendo primer ministro después de haber sido encausado por corrupción. Un fallo en contra del mandatario conservador conllevará previsiblemente la convocatoria de otras elecciones legislativas, las cuartas en poco más de un año.

El adelanto electoral es una de las cautelas previstas en el acuerdo de coalición suscrito hace dos semanas entre Netanyahu y el líder centrista Benny Gantz. Los magistrados del Supremo revisarán también la constitucionalidad de ese pacto político a fin de dictar su resolución antes del jueves, cuando expira el plazo para la formación de Gobierno. Si se llegara a traspasar dicho límite legal, la Kneset (Parlamento) quedaría automáticamente disuelta y los israelíes serían llamados de nuevo a las urnas este verano.

La vista, que está siendo retransmitida en directo, se presenta como el episodio final de la prolongada serie de bloqueo político que afecta desde hace casi dos años al Estado judío. En la balanza de los jueces pesarán tanto la observancia de las leyes básicas de rango constitucional como el respeto a la voluntad popular expresado en las urnas.

La batalla legal que acapara la atención de los israelíes coincide en el tiempo con la aceleración la desescalada de las medidas de contención de la pandemia, plasmada en la reapertura gradual de escuelas e institutos. Hasta ahora, el coronavirus solo se ha cobrado en Israel 229 muertes y algo más de 16.000 casos de infectados, pero ha paralizado la economía más dinámica de Oriente Próximo y disparado la tasa de paro hasta el 27% en un país acostumbrado al pleno empleo. Gantz y Netanyahu invocaron la situación de emergencia nacional para aparcar su rivalidad y pactar un Ejecutivo de gran coalición

En un inédito procedimiento judicial que tensiona la tradicional división de poderes, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni mucho menos los propios jueces desean aparecer ante los ciudadanos como responsables últimos de la inestabilidad. Netanyahu, que lleva 17 meses como primer ministro en funciones, se había garantizado la continuidad en el poder mediante un pacto de rotación en el cargo con Gantz antes de tener que comparecer ante un tribunal de Jerusalén el próximo día 24. El jefe de Gobierno con más tiempo de mandatos acumulados en la historia de Israel está procesado por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos y afronta una condena de hasta 10 años de cárcel.

Partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil han pedido al Supremo que se pronuncie sobre si un responsable político encausado por cohecho puede dirigir el Gobierno. Una sala excepcionalmente integrada por 11 magistrados y encabezada por la presidenta de la institución, Esther Hayut, tiene la última palabra. “El Alto Tribunal afronta el veredicto más importante de su historia, que determinará el destino de Israel como Estado judío de conformidad a los valores (democráticos) de la Declaración de independencia (1948)”, ha advertido el ex primer ministro Ehud Barak en una tribuna publicada por Haaretz. La legislación hebrea prescribe que un ministro formalmente acusado de corrupción debe renunciar al cargo, pero el jefe del Gobierno solo está obligado a dimitir tras ser condenado por sentencia firme.

El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit –quien precisamente presentó la imputación que conduce a Netanyahu hacia el banquillo de los acusados– ha anticipado en su informe escrito ante el Supremo que “no existe base legal” para poder vetar al líder del Likud, el partido más votado en las legislativas del pasado 2 de marzo. En su opinión, se enfrentan dos principios básicos: “el acatamiento a la voluntad de la mayoría en una democracia y la integridad exigible a los servidores públicos, en particular a los cargos electos”. Mandelblit puntualiza además que, aunque el acuerdo de coalición con Gantz presenta algunas objeciones –como el inusual nombramiento simultáneo de ambos líderes como jefes del Ejecutivo de forma alternativa– tampoco observa “impedimentos invalidantes”.

Inmunidad frente a la justicia

Entre los firmantes de las diferentes demandas contra Netanyahu figura el ex director del Shin Bet (servicio de seguridad interior) Yuval Diskin, quien ha asegurado en la radio estatal que el primer ministro “ha aprovechado la crisis del coronavirus para garantizarse inmunidad frente a la justicia”. En las filas del gubernamental partido Likud, la ministra para la Diáspora Judía, Tzipi Hotovely ha acusado a los 11 jueces del Supremo de “desafiar al poder legislativo”. La titular de Cultura, Miri Regev, también ha apelado a los magistrados a “no ignorar la voz de los ciudadanos” en las urnas, en una campaña de presión política contra la “injerencia” judicial.

Las maniobras de Netanyahu y de su partido para paralizar la actividad de la Kneset ya forzaron la intervención del Supremo a finales de marzo para reabrir el Parlamento. El presidente de la Cámara, Yuli Edelstein, dimitió antes que tener que obedecer la orden dictada por los jueces.

El Alto Tribunal, que ejerce también en Israel funciones de revisión de la constitucionalidad de la leyes, es visto por los sectores más conservadores y nacionalistas de la sociedad como reducto de una élite de izquierdas que rigió los destinos del Estado judío durante las primeras décadas de su existencia. En el campo progresista, es considerado como último garante de los valores democráticos fundacionales frente a la deriva autoritaria del último Gobierno de Netanyahu, señalado por la prensa hebrea como el más conservador en la historia del país.

“El poder judicial interviene a veces cuando se cruzan líneas rojas desde el Ejecutivo o el Legislativo”, argumenta el analista de tribunales de Maariv Matan Wasserman. “Ahora es previsible que el Tribunal Supremo se limite a lanzar un mensaje con repercusiones cuando se pronuncie”, adelanta este experto en información judicial, “aunque sin intervenir formalmente”.