“La implementación de los acuerdos de paz es muy ambiciosa, muy difícil, y hay que insistir”

Después de casi seis años en Colombia como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch prepara las maletas para asumir ese mismo cargo en Irak –con algún retraso, por cuenta de la crisis mundial del coronavirus y los problemas de movilidad que conlleva para una organización internacional–. Este curtido diplomático suizo llegó a Bogotá en 2014, en plenas negociaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, y se marcha cuando el acuerdo de paz ya cumple más de tres años desde su firma, pero el país todavía afronta formidables desafíos humanitarios. En muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, las enormes esperanzas de la población todavía no se materializan.

Su primera sorpresa al aterrizar fue encontrarse con un país que “estaba mirando una negociación de paz con una distancia muy grande”, rememora en esta entrevista por videollamada que atiende desde el edificio del CICR en el norte de Bogotá, donde ha dejado todo listo para partir. No se percibía el interés, y el vocabulario de la guerra seguía dominando el debate público, se utilizaban las mismas palabras que en el pasado, detalla. La segunda sorpresa, para él que ha estado acostumbrado a negociaciones con cierta confidencialidad, fue que se publicaran los tres primeros puntos antes de sellar el acuerdo – política agraria, política de drogas y participación política–, y que esos textos se distribuyeran de manera muy abierta. Era la prueba de que Colombia vivía una dinámica de negociación muy particular.

Conflictos activos

Desde que las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron las armas y se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso, “el número de actores aumentó claramente, y el análisis mismo de quiénes son se ha vuelto mucho más complejo”, señala Harnisch. “Uno no puede decir que la paz no llegó a ninguna parte del país, pero no llegó a estos territorios muy lejanos, pobres, donde hay ausencia del Estado y una situación muy difícil. Esto es lo que queda por hacer”, advierte. “La noticia muy buena es que hay un actor armado menos en el país que son las FARC-EP, y esto se olvida de vez en cuando”, señala.

El CICR ha evitado hablar de una situación de posconflicto. Prefiere referirse a un escenario de posacuerdo, pues considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia. Cuatro entre el Gobierno y algún actor armado –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron a los diálogos de La Habana– y uno entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

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También han sido años de un evidente crecimiento de los cultivos de coca. “He visto en África muchos conflictos que se explican por los recursos naturales, sean los diamantes o la distribución del petroleo”, dice el jefe en el país andino del CICR. “En los conflictos modernos muchas veces la motivación profunda es la presencia de recursos naturales, donde hay grupos que quieren controlar y distribuir después esta riqueza. Colombia no es diferente. Se habla muchísimo de la presencia de la coca, pero cuando uno va a algunas zonas del Cauca, o de Nariño, el problema más grande es la minería que se hace de manera ilegal. En este sentido no es una particularidad”, reflexiona. Sin ser experto en las lógicas de las economías ilegales, le sorprende que se hable tanto de la producción y el transporte. “¿Por qué no se habla más del consumo?”, se cuestiona.

La incansable búsqueda de desaparecidos

El CICR lleva medio siglo trabajando en Colombia, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal calcula hasta 200.000 cuerpos por exhumar, apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos ha sido una parte esencial de su misión. Harnisch califica la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), surgida de los acuerdos con un mandato exclusivamente humanitario y extrajudicial, como “una idea brillante”.

“Estos negociadores reconocieron el problema, y eso ya es un logro enorme”, apunta. En otros lugares se impuso la idea de que hablar de los desaparecidos complicaba las negociaciones, pero no en Colombia. Sin embargo, los avances han sido muy lentos. En algunas zonas hay miedo, los pobladores son muy cautelosos. Para obtener información, la UBPD “tendrá que luchar en los próximos años para ganar esta confianza de la gente”, valora. “La implementación es muy ambiciosa, es muy difícil, y hay que insistir”.

Justamente el CICR ha advertido que los países deben prepararse con urgencia para la correcta manipulación de los cadáveres que produzca la crisis del coronavirus, y la UBPD ha dicho que la emergencia sanitaria puede poner en riesgo los cuerpos de personas no identificadas que permanecen en los cementerios del país. El delegado, sobre la base de su experiencia, matiza ese peligro. “Este país tiene un Instituto de Medicina Legal fabuloso, que hace un trabajo inmenso; tiene una capacidad forense que muchos países no tienen; tiene unas instituciones que están involucradas en el manejo profesional, con unos estándares bastante elevados, y en ese sentido mi preocupación es muy poca”.

Crisis carcelaria

La pandemia también ha encendido las alarmas sobre el hacinamiento carcelario en diferentes lugares del mundo. En Colombia, la covid-19 ya ha provocado la muerte de dos presos contagiados en la cárcel de Villavicencio, y un sangriento motín para exigir medidas sanitarias que dejó 23 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá hace poco más de un mes. Esos episodios han evidenciado una situación dramática. El Gobierno expidió un decretó para enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de la libertad, que ha sido duramente criticado por insuficiente. El sistema carcelario tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a unos 124.000.

El hacinamiento es apenas “la punta del iceberg”, ha dicho el delegado del CICR, que advierte sobre la emergencia carcelaria hace años. “La crisis del coronavirus no es el momento de arreglar todos los problemas sistémicos que existían, porque eso es imposible. Pero sí tiene que dar a muchos sectores de este país el empujón para decir ‘esto sí necesitamos arreglarlo’”, señala. “Durante la crisis lo que hay que hacer es salvar vidas”.