“Después de 20 años, no he dejado de llorar a mi hermano, de soñar con él”

Cae el sol en Valledupar. Con el atardecer, comienza un acto solemne de reconocimiento por la búsqueda de los siete investigadores de la fiscalía de Colombia desaparecidos hace 20 años, más conocidos como “los muchachos del CTI” por la sigla del Cuerpo Técnico de Investigaciones al que pertenecían el día en que partieron para exhumar el cadáver de un vendedor de paletas del que no se tenía noticia hacía meses. Edilberto Linares Correa, Danilo Carrera Aguancha, Carlos Ibarra Bernal, Hugo Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Anillo Trocha y Jaime Barros Ovalle ya no regresaron. Fueron víctimas de la atrocidad de los paramilitares. Y aunque estos han aceptado el crimen en medio de múltiples versiones, muchas veces contradictorias, nunca han entregado ni ubicado sus cuerpos.

“Hoy pudiera hablar del dolor”, dice Alexander, el hermano menor del investigador judicial Mario Anillo Trocha, durante el evento del pasado lunes frente a la biblioteca pública de esta calurosa ciudad en el norte de Colombia. Pero opta mejor por una emotiva semblanza para recordar al hijo, al esposo, al trabajador al que sus compañeros le pedían ayuda para redactar sus informes. “Al hermano mayor que defiende a su hermanito”, al guía, al ejemplo a seguir. Lo escuchan más de un centenar de personas, entre familiares vestidos con camisetas blancas y funcionarios uniformados del CTI, colegas de los “muchachos”, todos menores de 32 años cuando desaparecieron justamente mientras buscaban un desaparecido. Mario, el más joven, tenía 26.

Los Anillo Trocha, acompañados por cuñadas y sobrinos, ilustran cómo la desaparición forzada golpea a familias enteras. Alexander ha tomado el testigo de sus hermanas. “Yo ya cumplí mi ciclo”, dice Lucía, la mayor, convencida de que el sufrimiento desencadenó el cáncer de próstata de su padre, que murió hace varios años. Petrona, la madre, se declara “achicopalada”, un colombianismo para expresar desánimo. “Lo único claro es que no lo han encontrado”, resume Olga, la hermana del medio.

Es uno de los peores crímenes de cualquier guerra. Con el duelo congelado en el tiempo, es imposible hacer un cierre emocional. En más de medio siglo de conflicto armado, Colombia sumó más desaparecidos que todas las dictaduras del Cono Sur. Aunque no hay cifras precisas, el Instituto de Medicina Legal calcula hasta 200.000 cuerpos por exhumar. El fenómeno ha golpeado a Valledupar, la capital del departamento del César. La cuna del vallenato se ubica entre la Sierra Nevada de Santa Marta, junto al Caribe, y la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Una región agrícola y ganadera sitiada por la guerrilla que después padeció la arremetida paramilitar que llegó con el cambio de siglo.

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“Siento una gran tristeza que invade mi corazón al ver que mi tiempo se está acabando y no sé nada de mi hijo”, se lamenta Matilde Bernal, la madre del técnico judicial Carlos Arturo Ibarra Bernal. Sube y baja los escalones de la tarima con ayuda. A sus 75 años, solo quiere esclarecer la verdad. En su escueta intervención lanza, una vez más, las preguntas sin respuestas a lo largo de tantos años: ¿dónde están? ¿Por qué se los llevaron? “Hijo, te seguiré buscando hasta que Dios me de fuerzas”, concluye.

Los padres ya están envejecidos. El emblemático caso de los investigadores del CTI es un ejemplo de una búsqueda tan incansable que pasa de generación en generación. Inmediatamente después de doña Matilde, el turno es para Hernando, uno de los hijos del investigador Danilo Carrera. A semanas de graduarse como ingeniero civil, tenía apenas cinco años cuando se fue su padre. En la casa le recuerdan todo el tiempo que conserva sus gestos y rasgos. En un primer momento, su mamá y una tía asumieron ese activismo. Cuenta que solía aislarse, pero comenzó a involucrarse cuando se sintió maduro, hace unos siete años. “Una verdad a medias sigue siendo una mentira”, razona.

“La guerra entró a mi casa ese día sin pedir permiso”, se lamenta Karina Savedra, la esposa del odontólogo forense Jaime Elías Barros, al que describe como un ser humano alegre, entregado a su hogar y a su hija. “No nos hemos dejado amilanar por el dolor y el sufrimiento”, reivindica. El día del que habla, el 9 de marzo del año 2000, los siete agentes iban a la finca La Holanda, un paraje rural a más de tres horas por carretera cuando se toparon con miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, extraditado a Estados Unidos.

En un primer momento se habló de un secuestro. Los familiares comenzaron a reunirse para reclamar acciones de las autoridades. Organizaciones de derechos humanos como la Corporación Fasol y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo comenzaron a apoyar su búsqueda y visibilizar el caso. Como parte del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, uno de los principales implicados, John Jairo Esquivel Cuadrado, un sanguinario paramilitar conocido como “El Tigre”, reconoció su participación y dijo que fue una orden de Carlos Castaño, el jefe de las AUC fallecido en 2004. Los familiares llegaron a exponer su vida para acudir ante Castaño y Jorge 40, pero los dos jefes paramilitares se culparon mutuamente sin esclarecer los hechos.

Por momentos, el caso perdió impulso. Pero al año pasado obtuvieron un nuevo aliento con el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Con un mandato de 20 años, la Unidad busca atender las estremecedoras dimensiones de un fenómeno que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera el reto de más largo aliento para Colombia, donde los familiares suelen llevar las fotos de sus seres queridos impresas a página entera o estampadas en camisetas.

“Muchas veces nos han dicho que nunca vamos a encontrarlos, porque existen distintas versiones de lo que les hicieron: que los tiraron al río Cesar; que los arrojaron picados a una laguna plagada de caimanes, o que los enterraron en un lugar donde después pavimentaron una vía”, cuentan los familiares de “los muchachos” en una “carta para el mundo” que leyeron los más jóvenes en la conmemoración. “A pesar de ello, seguimos juntos y no hemos desistido en nuestra causa”. Han sido incontables reuniones, marchas, misas. Al menos una docena de informantes han ido a la extensa finca a lo largo de estos años, en que se han hecho una treintena de prospecciones. Esta semana, la fiscalía, donde reposa un expediente de 40 cuadernos, inició una nueva prospección, con plan topográfico, en el área donde es más posible que se encuentren.

“Después de 20 años yo no he dejado de llorar a mi hermano, de extrañarlo, de soñar con él”, rememora José Jorge Roca, pariente del técnico criminalístico Israel Roca. “El dolor sigue ahí. Aprendimos a vivir con él, pero el vacío sigue ahí”. Al evento no pudo asistir Claudia Balsero, la esposa de Israel, exiliada debido a las amenazas por sus reclamos de justicia. “Gracias a la desaparición hay siete familias que hoy pueden decir que son resilientes, que pueden decir que han superado las adversidades sin olvidar a quienes no están, sin dejarlos atrás, sin dejarlos abandonados”, afirma en el video que grabó para la ocasión.