La batalla para impedir que Riad pueda cometer crímenes en Yemen con armas europeas llega a La Haya

Proporcionar armas, aviones, repostaje y mantenimiento que permitió a la coalición liderada por Arabia Saudí cometer crímenes de guerra en Yemen. Esa es la acusación que una red de abogados y ONG internacionales ha depositado el miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra empresas de armamento europeas y contra las entidades públicas que autorizaron esas exportaciones. Piden que se investigue la posible responsabilidad criminal de los individuos que autorizaron y vendieron el material bélico. A España se le acusa de vender aviones cisterna 330-MRTT de Airbus que reabastecen en vuelo a los Typhoon y los Tornado saudíes, así como componentes del caza Eurofighter fabricados por la compañía aeronáutica europea Airbus en sus factorías de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid).

Técnicamente se trata de una comunicación, a la que ha tenido acceso este diario y otros tres medios europeos y en la que se pide al tribunal internacional que investigue la responsabilidad legal de individuos de esas empresas y de las autoridades nacionales que autorizaron las ventas. Suma 360 páginas en las que se detalla qué empresas proporcionaron qué armas, aviones, componentes o combustible que, según el documento hicieron posible el bombardeo de colegios, hospitales, casas, un museo o edificios históricos por parte de la llamada coalición. En total, cuentan 26 bombardeos que sostienen los demandantes podrían ser constitutivos de crímenes de guerra, según el estatuto de Roma.

La comunicación ha sido coordinada por el Centro europeo para los derechos humanos y constitucionales (ECCHR) con sede en Berlín y participan también en ella Amnistía internacional (AI), la campaña contra el comercio de armas británica, la organización de derechos humanos yemení Mwatana, el Centre Delás español y la organización OPAL de Italia.

“A pesar de la documentación de graves violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen, países como España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han continuado exportando armas, componentes y repuestos así como proporcionando mantenimiento, entrenamiento y apoyo a Arabia Saudí y EAU”, sostienen las organizaciones demandantes. Argumentan que los bombardeos dibujan “un patrón bélico que se caracteriza por ataques desproporcionados e indiscriminados que ha resultado en la muerte y heridas de civiles”. El documento incluye fotografías de lugares bombardeados, vídeos, imágenes de satélite y e informes corporativos que suman 700 páginas de anexos.

La guerra en Yemen estalló hace cinco años y desde entonces, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas ha documentado la muerte de 8.872 civiles y 10.768 heridos, aunque se teme que la cifra sea mucho mayor. De ellos, 10.852 son víctimas de los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí. La crisis humanitaria en Yemen sigue siendo una de las mayores emergencias en el mundo, con más de 24 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria y con 3,6 millones de desplazados internos.

Argumentan que las empresas exportaron o continúan exportando armas gracias a la autorización de los Gobiernos, que saben que hay una probabilidad muy alta de que esas armas se utilicen para cometer violaciones del derecho humanitario, equivalentes a crímenes de guerra. Piden al tribunal que examine la responsabilidad criminal de quienes tienen el poder para autorizar y para revocar las licencias.

Consideran además los demandantes que la comisión de crímenes humanitarios no es responsabilidad exclusiva de líderes políticos y militares, que el papel de los directivos de empresas en las dictaduras y las guerras debe ser también investigado. Que el hecho de que haya una licencia para exportar no libera a las empresas de evaluar el riesgo de que las armas que venden sean utilizadas para cometer crímenes.

El informe, basado en información de fuentes abiertas, acusa a España de vender a Arabia Saudí armamento utilizado en la guerra de Yemen. En concreto, alude a los componentes del caza Eurofighter Typhoon fabricados por la compañía aeronáutica europea Airbus en sus factorías de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid). Además, la empresa ITP, propiedad de la británica Rolls Royce, fabrica partes del motor EJ200 que equipa al Typhoon. El Reino Unido vendió en 2007 a Arabia Saudí una partida de 72 cazas Typoon, que acabaron de entregarse en 2017. Riad ha mostrado su intención de comprar 48 aparatos más.

Más directa es la implicación española en la venta de aviones cisterna 330-MRTT de Airbus. Aunque Francia y Alemania también participan en la fabricación, la trasformación final se hace en la planta de Getafe y la exportación corresponde a España. España vendió seis de estos aviones a Riad, de los cuales al menos uno se entregó tras el inicio de la intervención saudí en Yemen, en marzo de 2015. Posteriormente, España ha continuado suministrando repuestos y varios de estos aparatos han vuelto para ser revisados en La Muñoza, los talleres de mantenimiento de Iberia junto al aeropuerto de Barajas (Madrid), subcontratada por Airbus.

Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU), principal aliado saudí en la guerra de Yemen, recibió en 2016 tres 330-MRTT y el mes pasado anunció la compra de otros tres. El papel de estos aparatos, que reabastecen en vuelo a los Typhoon y los Tornado saudíes, multiplicado su alcance, resulta fundamental, especialmente después de que EE UU anunciara hace un año que dejaba de suministrar combustible a los aviones que bombardean Yemen.

Un portavoz de Airbus en España ha subrayado que la compañía “cumple escrupulosamente con la normativa española y europea en la materia”. Fuentes del sector subrayan que todas las exportaciones de armamento son aprobadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu) y que la entrada en España de aviones militares extranjeros (en alusión a los cisterna revisados por Iberia) requiere una autorización especial.

Por sy parte, la Secretaría de Estado de Comercio (de la que depende la Jimddu) asegura  que "España cuenta con uno de los sietemas de control del comercio de material de defensa más robustos" que existen y que, "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", se suspendería o revocaría la autorización. No obstante, reconoce que "España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos ni aviven los conflictos armados", por lo que "se están diseñando mecanismos de mejora que hagan aún más efectivo el control".

Amparándose en la interinidad política, el Gobierno no ha hecho públicas las estadísticas sobre exportaciones de armamento desde junio de 2018, aunque debería publicarlas con carácter semestral. El anterior ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha dicho repetidamente que, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, no se han aprobado nuevas licencias para Arabia Saudí. De hecho, las compañías españolas que suministran munición a Riad se quejan de que sus peticiones de autorización llevan más de un año aparcadas, sin que el Gobierno las autorice ni tampoco las deniegue. El informe no cita las grandes cantidades de munición que España ha entregado a Riad al menos entre 2015 y 2018 ni las 400 bombas de guiado láser que el Ministerio de Defensa vendió en la etapa del PP y el Gobierno del PSOE acabó entregando hace un año para evitar una crisis con Arabia Saudí.

“Todas la partes implicadas en al guerra de Yemen comenten crímenes y las empresas europeas están permitiendo a algunos de esos actores cometer esos crímenes”, indica la abogada Linde Bryk, la autora del documento en Berlín. Bryk considera imprescindible investigar la responsabilidad de los actores económicos, más allá de la de los dirigentes. Bryk, que lleva dos años trabajando en la comunicación, explica que tal vez dentro de unos años haya un tribunal que juzgue los crímenes de Yemen y que también por eso es importante el trabajo de recopilación de pruebas.

Bryk sostiene que las autoridades españolas son especialmente opacas a la hora de informar sobre sus exportaciones y que, incluso con la ley de transparencia, apenas han conseguido información. En Alemania, mucha de la información procede de respuestas a preguntas parlamentarias.

Uno de los ejemplos que contiene el documento es el del bombardeo en Taiz (al suroeste de Yemen) el 2 de diciembre de 2015, que alcanzó a una clínica móvil de Médicos Sin fronteras (MSF). Una persona murió y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos trabajadores de MSF.

Dos días antes del ataque, la ONG había compartido con los mandos de la coalición las coordenadas GPS de la clínica, situada en una zona residencial poblada también por desplazados internos y sin posibles objetivos militares en los alrededores. La misma mañana del ataque, la coalición fue contactada de nuevo tras registrarse bombardeos en las cercanías del centro médico. Ante los bombardeos en las cercanías, MSF contactó de nuevo con la coalición, de la que recibió garantías de que no se acercarían a aquel lugar y que el equipo médico debía permanecer donde se encontraba. “Pueden estar seguros de que no nos acercaremos a esas localidades. Su equipo debe permanecer en su lugar de momento”. Una hora más tarde, se produjo el ataque junto a la clínica, según el informe del incidente elaborado por MSF.

Patrimonio de la UNESCO

Otro de los bombardeos ocurrió en junio de 2015 en la ciudad vieja de Saná, con 2.500 años de historia y patrimonio mundial de la UNESCO. La coalición bombardeó de madrugada una zona residencial en el barrio de Al Qasimi, sin que se pudieran identificar objetivos militares cercanos en el momento del ataque. En el bombardeo murieron cinco civiles, incluida una mujer de 35 años y un niño de 16. “Estoy profundamente afligida por la pérdida de vidas humanas así como por el daño infligido a una de las joyas más antiguas del urbanismo islámico”, dijo tras el ataque la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Los abogados internacionales consideran que el ataque puede ser constitutivo de crímenes de guerra en virtud el artículo 8(2) del estatuto de Roma, en el que se incluyen los “ataque intencionales” contra “monumentos históricos […] a condición de que no sean objetivos militares”.

Una vez presentada la comunicación, la Corte debe decidir si abre una investigación formal. La CPI solo puede actuar si el acusado forma parte de un país firmante, si el incidente ha tenido lugar en un país miembro o si un no miembro acepta la jurisdicción de la corte. En este caso, los países europeos son firmantes y por lo tanto la CPI tendría jurisdicción sobre individuos de los países miembros, no sobre las empresas ni entidades jurídicas.

Robert Heinsch, profesor del centro de derecho internacional humanitario de la Universidad holandesa de Leiden, piensa que la demanda tiene “cerca del 50% de posibilidades de prosperar porque, aunque Yemen o Arabia Saudí no sean parte de la CPI, los crímenes no se podrían haber cometido sin la cooperación de las empresas europeas”. Heinsch considera que la conciencia y el conocimiento de lo que sucede en Yemen es cada vez mayor y cita como prueba la decisión del Gobierno alemán el año pasado de paralizar la venta de armas a Riad, provocada por el asesinato de Jamal Khashoggi y la guerra en Yemen.