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El Supremo británico reprende a Johnson y reactiva el Parlamento

Las sesiones se reanudarán este miércoles, a un mes del Brexit, tras el fallo histórico del alto tribunal. “Estoy en profundo desacuerdo”, dice el primer ministro

El día en que un comité real, como manda el protocolo, entró en la Cámara de los Lores para entregar la orden de suspensión del Parlamento decidida por Boris Johnson, fue como si hubiera entregado “una hoja en blanco”. La decisión del primer ministro fue “ilegal, nula y sin efecto”, sentenció este martes por unanimidad el Tribunal Supremo del Reino Unido. Fue un duro golpe a Johnson, una humillación y un obstáculo en su estrategia del Brexit. La Cámara de los Comunes vuelve a reunirse este miércoles en sesión de urgencia, y en las últimas horas se han acumulado las peticiones para que dimita el primer ministro.

parlamento britanico
Brenda Hale, presidenta del Supremo, lee la sentencia. AP

Los once magistrados del Tribunal Supremo, un órgano con apenas 14 años de vida y complicado encaje en la estructura política británica, eran conscientes de que su decisión en este caso haría historia. Y actuaron acorde con lo que exigen los cánones a un tribunal de garantías constitucionales: decidieron por unanimidad, argumentaron con la solvencia jurídica requerida y fueron claros en su resolución. “El consejo del primer ministro [a la reina, para que ordenara la suspensión del Parlamento] fue ilegal y ajeno a los poderes del cargo”. Y, por tanto, la orden misma, “basada en un consejo ilegal, fue ella misma ilegal, nula y sin efecto, y debe ser suprimida”. La presidenta del Supremo, Brenda Hale, se tomó su tiempo en desgranar los argumentos de una sentencia que deja claro que el objetivo último de Johnson fue atar en corto a los diputados y frustrar sus intentos de frenar un Brexit salvaje. “No se trató de un cierre rutinario del periodo de sesiones”, dijo la sentencia. “Evitó que el Parlamento cumpliera con su papel constitucional durante cinco de las ocho semanas que van desde el fin del receso veraniego al 31 de octubre [la fecha fijada oficialmente para el Brexit]”.

El Supremo reinstauró la soberanía del Parlamento, propinó a Johnson una derrota demoledora, y afianzó su papel como garante de una Constitución que, aunque no esté escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. “Y los tribunales no pueden esquivar su responsabilidad simplemente porque la medida en cuestión pertenezca a la esfera política”, dice la sentencia, en contra de lo que defendía el Gobierno.

“Estoy en profundo desacuerdo, pero respeto al poder judicial. Creo que la práctica de cerrar el periodo de sesiones es algo que se ha hecho durante siglos”, dijo Johnson en Nueva York, donde la noticia le sorprendió de madrugada. “En cualquier caso, no es algo que ayude a la estrategia negociadora del Gobierno con la UE”, dijo.

El speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, celebró de inmediato, frente a las mismas puertas de Westminster, la decisión judicial y anunció que los diputados se reunirán este mismo miércoles en sesión de urgencia y recuperarán sus escaños. En circunstancias normales, este día de la semana debería celebrarse una sesión de control al Gobierno para la que no había nada preparado. A cambio, Bercow prometió luz verde para cualquier debate de emergencia que la oposición quiera plantear. “He dado instrucciones a los servicios de la Cámara, no para la reapertura de la sesión —la suspensión fue ilegal, y como tal, nula— sino para la reanudación del funcionamiento normal del Parlamento”, dijo.

La rotundidad de la sentencia del Supremo avivó las voces que reclamaban su dimisión. “Este primer ministro no elegido debe dimitir desde este mismo momento”, exigió el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ante los centenares de delegados del congreso laborista que se celebra en la localidad de Brighton. “Ha fracasado en su empeño y nunca logrará apagar la voz de la democracia y del pueblo (...) Pensó que podía hacer lo que le da la gana, como ha hecho toda la vida. No tiene la talla necesaria para ser primer ministro”, proclamó Corbyn. Otras figuras de gran relevancia, como la ministra principal de Escocia, Nicole Sturgeon, o la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, reclamaron la renuncia de Johnson.

Elecciones cuanto antes

En algo coinciden con el primer ministro. Gobierno y oposición desean la celebración de unas elecciones generales lo antes posible. Pero por distintos motivos. Johnson ve cómo se le escapa a chorros el ímpetu y la popularidad con que comenzó su mandato, a principios del verano. Llegar al 31 de octubre sin un acuerdo del Brexit con la UE y tener que cumplir el mandato parlamentario de pedir una nueva prórroga destrozaría su reputación ante los votantes conservadores euroescépticos. Corbyn quiere también urnas, pero solo cuando la estrategia de Downing Street para abandonar la UE haya sido derrotada y la Cámara de los Comunes controle de un modo eficaz la situación. Por eso, el laborismo resistirá los cantos de sirena que piden ya una moción de censura, y el equipo de Johnson se prepara de nuevo a desafiar a la oposición y reclamar elecciones.

El primer ministro se vio obligado a adelantar su viaje de regreso desde Nueva York para poder estar este miércoles presente en el Parlamento. Y los diputados a los que pretendió mantener inactivos durante cinco semanas no se cansarán de recordarle que, por primera vez en la historia democrática reciente del Reino Unido, la más alta instancia judicial le ha dicho claramente al primer ministro que se ha saltado la ley a conciencia. “El Gobierno existe porque tiene la confianza de la Cámara de los Comunes”, le recordó el Supremo a Johnson en su sentencia. “Esa es toda su legitimidad democrática. Y eso quiere decir que está obligado a responder ante esa Cámara por todos sus actos”.

Los once magistrados devolvieron al Parlamento su soberanía cuando más la necesita: en la recta final hacia un Brexit salvaje que pocos desean.

Un acto ilegal que la reina no podía rechazar

Isabel II vio interrumpidas sus vacaciones de verano en Balmoral (Escocia) con una conflictiva petición/consejo de su nuevo primer ministro: ordenar, por un inusual periodo de cinco semanas, el cierre de las sesiones del Parlamento. Se trata de una de las escasas prerrogativas reales que conserva la monarca, pero la convención política británica la asume como un automatismo ante el que la reina no puede objetar. Por eso el consenso entre políticos, juristas y, finalmente, el Tribunal Supremo, era que el único acto político cuya legalidad se podía cuestionar era el propio consejo de Johnson. Y por eso los magistrados no reclamaron una orden que anulara la anterior. Simplemente, decidieron que nunca existió, y ayudaron a que Isabel II respire tranquila.

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