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El Supremo frente a Johnson: la batalla judicial del Brexit

La decisión sobre la suspensión del Parlamento puede cambiar la arquitectura constitucional del Reino Unido

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La presidenta del Tribunal Supremo del Reino Unido, Brenda Hale, en la sesión del pasado viernes. EFE

El Tribunal Supremo del Reino Unido, que a partir de este lunes debe decidir si la suspensión del Parlamento promovida por Boris Johnson se ajustó a la legalidad, esconde un pequeño secreto. Su presidenta, Brenda Hale, de 74 años, una cabeza jurídica privilegiada que bajo un tono suave y amable alberga una inteligencia rigurosa e inquisitiva, escogió para el escudo de armas con el que ingresó a la Cámara de los Lores el lema Omnia feminae aequissimae ("las mujeres son iguales en todo"). Y en los últimos años se situó en primera línea de batalla contra el anacronismo de que el divorcio en el Reino Unido todavía sea causal aún es necesario demostrar el adulterio, el comportamiento irracional o la inmadurez. El proyecto de ley que reformaba ese retraso decayó, junto con otros, el día en que Johnson decidió aconsejar a la reina que ordenara el cierre de Westminster.

Es una anécdota, que no debería influir en el fondo del asunto que debaten los 11 magistrados —“El Tribunal Supremo no entrará en el debate político, y tomará su decisión sin presiones ni favoritismos, sin inclinaciones personales ni mala voluntad”, advirtió Hale al inicio de las sesiones, pero que añade un punto de morbo al caso judicial más relevante en la historia constitucional del Reino Unido de los últimos años. “La ley es racional. La ley es coherente. La ley es consistente en su análisis y rigurosa. Pero en los asuntos públicos, todas estas características no son necesariamente virtudes. La opacidad, la inconsistencia y los amaños pueden no ser intelectualmente puros, y por eso los juristas los rechazan. Pero normalmente forman parte del tipo de compromisos que la sociedad está obligada a adquirir para vivir en paz”, decía el exmagistrado del Supremo Jonathan Sumption en una conferencia magistral. Es de los que defiende que la capacidad del Gobierno de decidir cuándo se abre y cierra el Parlamento es una convención política en la que los jueces no deberían interferir. Fue el mismo criterio aplicado por el Alto Tribunal de Londres, que rechazó la demanda contra la decisión de Johnson. Sin embargo, el Alto Tribunal de Escocia declaró ilegal y nula la suspensión. Consideró que el motivo oculto detrás de esa medida era atar las manos a los diputados en su intento de frenar un Brexit sin acuerdo.

Durante tres sesiones intensas, los magistrados del Supremo —árbitros últimos de este choque de jurisdicciones— han escuchado los argumentos de una y otra parte. El Gobierno confió precipitadamente en que los tribunales optarían finalmente por respetar la separación de poderes y no meterse en política. Pero la insistencia de los 11 jueces en preguntar, durante la vista, por las consecuencias prácticas que implicaría revertir la orden de Downing Street; el modo en que la presidenta del tribunal acosó a preguntas al abogado del Estado; y la tardanza en emitir una sentencia que habría sido inmediata de no existir dudas relevantes han desatado los nervios en el equipo de Johnson.

Si el Supremo decide finalmente esta semana anular la suspensión del Parlamento, no solo surgirán una serie de interrogantes prácticos que agitarán aún más las aguas políticas del Reino Unido: ¿Cumplirá la orden Johnson? ¿Cómo lo hará? ¿Debe pedir a la reina que dé marcha atrás en su decisión? ¿Se atreverá Downing Street a imponer una nueva suspensión? ¿En qué papel queda un primer ministro que ofreció a la monarca un consejo desleal?

Se abrirá además una nueva senda constitucional a la que el sistema británico no estaba acostumbrado. A diferencia de la mayoría de las naciones democráticas, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita. La soberanía no reside en el pueblo sino en el Parlamento. Era, hasta ahora, el único límite a un Gobierno con una inmensa capacidad de maniobra reforzada por usos y convencionalismos seculares. Hasta que, en 2009, Tony Blair arrebató la última instancia judicial a la Cámara de los Lores e instauró el Tribunal Supremo. Al igual que su homónimo estadounidense o que los tribunales constitucionales de otras naciones europeas, la institución ha decidido erigirse en el garante último de la legalidad y dejar claro que ni el inmenso poder del Ejecutivo ni la legitimidad del Parlamento tienen la última palabra en un Estado de derecho.

Corbyn insiste en ser neutral ante la salida de la UE

Rafa de Miguel

La mayoría de los votantes laboristas pueden estar claramente a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE, pero el líder del partido, Jeremy Corbyn, cuenta con aliados poderosos para imponer su pretendida neutralidad respecto al Brexit en un futuro referéndum. Los principales sindicatos respaldan su decisión, y exigieron este domingo a las voces críticas de la formación que se echen a un lado si no están dispuestos a seguir la línea oficial. “En la situación actual, si queremos conseguir que llegue a la ciudadanía el mensaje laborista de unidad y de sanar las heridas de esta nación, todos debemos seguir estrictamente el mismo guion. Si el equipo que compone la dirección, que en teoría debería formar el futuro Gobierno, tiene alguna dificultad en cumplir esa consigna, debería dimitir”, ha dicho Len McCluskey, el dirigente de la confederación sindical Unite.

A pesar de que diversas corrientes internas del partido han presentado este fin de semana, en el congreso que se celebra en Brighton, más de ochenta enmiendas al manifiesto final, en las que se reclama que el laborismo se posicione a favor de la permanencia en la UE, el compromiso no ha sido posible. A través de un correo electrónico, el comité ejecutivo distribuyó su propuesta final, en la que sigue defendiendo un nuevo acuerdo con la UE y un referéndum posterior en el que la formación se mantendría neutral. “Nos hallamos ante una encrucijada vital. Y la neutralidad no puede ser una opción. Nuestro partido debe definirse claramente a favor de la permanencia en la UE. Todos los diputados deben ser obligados a hacer campaña a favor de la permanencia”, ha exigido el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en uno de los actos que se celebran en paralelo al plenario del congreso.

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