El Supremo frente a Johnson: la batalla judicial del Brexit

El Tribunal Supremo del Reino Unido, que a partir de este lunes debe decidir si la suspensión del Parlamento promovida por Boris Johnson se ajustó a la legalidad, esconde un pequeño secreto. Su presidenta, Brenda Hale, de 74 años, una cabeza jurídica privilegiada que bajo un tono suave y amable alberga una inteligencia rigurosa e inquisitiva, escogió para el escudo de armas con el que ingresó a la Cámara de los Lores el lema Omnia feminae aequissimae ("las mujeres son iguales en todo"). Y en los últimos años se situó en primera línea de batalla contra el anacronismo de que el divorcio en el Reino Unido todavía sea causal —aún es necesario demostrar el adulterio, el comportamiento irracional o la inmadurez—. El proyecto de ley que reformaba ese retraso decayó, junto con otros, el día en que Johnson decidió aconsejar a la reina que ordenara el cierre de Westminster.

Es una anécdota, que no debería influir en el fondo del asunto que debaten los 11 magistrados —“El Tribunal Supremo no entrará en el debate político, y tomará su decisión sin presiones ni favoritismos, sin inclinaciones personales ni mala voluntad”, advirtió Hale al inicio de las sesiones—, pero que añade un punto de morbo al caso judicial más relevante en la historia constitucional del Reino Unido de los últimos años. “La ley es racional. La ley es coherente. La ley es consistente en su análisis y rigurosa. Pero en los asuntos públicos, todas estas características no son necesariamente virtudes. La opacidad, la inconsistencia y los amaños pueden no ser intelectualmente puros, y por eso los juristas los rechazan. Pero normalmente forman parte del tipo de compromisos que la sociedad está obligada a adquirir para vivir en paz”, decía el exmagistrado del Supremo Jonathan Sumption en una conferencia magistral. Es de los que defiende que la capacidad del Gobierno de decidir cuándo se abre y cierra el Parlamento es una convención política en la que los jueces no deberían interferir. Fue el mismo criterio aplicado por el Alto Tribunal de Londres, que rechazó la demanda contra la decisión de Johnson. Sin embargo, el Alto Tribunal de Escocia declaró ilegal y nula la suspensión. Consideró que el motivo oculto detrás de esa medida era atar las manos a los diputados en su intento de frenar un Brexit sin acuerdo.

Durante tres sesiones intensas, los magistrados del Supremo —árbitros últimos de este choque de jurisdicciones— han escuchado los argumentos de una y otra parte. El Gobierno confió precipitadamente en que los tribunales optarían finalmente por respetar la separación de poderes y no meterse en política. Pero la insistencia de los 11 jueces en preguntar, durante la vista, por las consecuencias prácticas que implicaría revertir la orden de Downing Street; el modo en que la presidenta del tribunal acosó a preguntas al abogado del Estado; y la tardanza en emitir una sentencia que habría sido inmediata de no existir dudas relevantes han desatado los nervios en el equipo de Johnson.

Si el Supremo decide finalmente esta semana anular la suspensión del Parlamento, no solo surgirán una serie de interrogantes prácticos que agitarán aún más las aguas políticas del Reino Unido: ¿Cumplirá la orden Johnson? ¿Cómo lo hará? ¿Debe pedir a la reina que dé marcha atrás en su decisión? ¿Se atreverá Downing Street a imponer una nueva suspensión? ¿En qué papel queda un primer ministro que ofreció a la monarca un consejo desleal?

Se abrirá además una nueva senda constitucional a la que el sistema británico no estaba acostumbrado. A diferencia de la mayoría de las naciones democráticas, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita. La soberanía no reside en el pueblo sino en el Parlamento. Era, hasta ahora, el único límite a un Gobierno con una inmensa capacidad de maniobra reforzada por usos y convencionalismos seculares. Hasta que, en 2009, Tony Blair arrebató la última instancia judicial a la Cámara de los Lores e instauró el Tribunal Supremo. Al igual que su homónimo estadounidense o que los tribunales constitucionales de otras naciones europeas, la institución ha decidido erigirse en el garante último de la legalidad y dejar claro que ni el inmenso poder del Ejecutivo ni la legitimidad del Parlamento tienen la última palabra en un Estado de derecho.