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Líbano empieza a demoler el refugio de los sirios

Un grupo de ONG denuncia la expulsión forzosa de decenas de huidos de la guerra y el desmantelamiento de viviendas

Un niño refugiado sirio mira los escombros de una vivienda de hormigón tirado abajo en la ciudad de Rihaniyye, en Líbano.
Un niño refugiado sirio mira los escombros de una vivienda de hormigón tirado abajo en la ciudad de Rihaniyye, en Líbano. AFP

Los refugiados sirios en Líbano se han topado esta semana con una nueva piedra en la carrera de obstáculos en que se ha convertido la supervivencia en un país cada día más hostil. Docenas de ONG locales e internacionales han denunciado nuevas medidas coercitivas del Gobierno libanés como la demolición de cientos de viviendas ocupadas por refugiados en asentamientos informales y la deportación forzosa de docenas de ellos. En plena crisis económica, el hartazgo se hace notar en el país con mayor densidad de refugiados del mundo, entre 926.717 según la ONU y 1,5 millones según el Gobierno libanés, lo que supone el 25% de la población libanesa.

“Miedo. Miedo es lo que sentimos”, se sincera por teléfono el sirio Abu Ali, de 43 años y padre de tres menores. Hace más de ocho años que cruzó a pie ilegalmente al Líbano para poner a su familia a salvo de la guerra. Lo hizo por Arsal, un poblado libanés fronterizo con Siria y simpatizante del entonces incipiente Ejército Libre Sirio. Procedía de su ciudad natal, Homs, tercera urbe siria, a tan sólo hora y media en coche.

Y es en Arsal donde las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) han estrenado la normativa dictada por el Consejo Superior de Defensa libanés (HDS, por sus siglas en inglés, formado por varios ministerios y organismos de defensa), que ha ordenado destruir toda construcción de cemento en los asentamientos informales para evitar que los refugiados levanten estructuras permanentes. “Cuando el Ejército llegó al campo ya habíamos destruido todas las paredes internas de cemento en nuestra tienda porque nos lo habían advertido los terratenientes que nos alquilan la tierra”, relata Abu Ali. El 1 de julio, el Ejército demolió con ayuda de buldóceres 20 viviendas. El jueves, echó abajo otras 350 en la norteña región de Akkar.

Entre abril y julio, el Ejército libanés ha desmantelado 1.969 de 2.500 estructuras, sostiene en un comunicado Save the Children, una de las ONG denunciantes. Sin embargo, estos asentamientos informales —hechos a base de endebles estructuras de madera y lonas— son minoría en el mapeo realizado por la ONU, ya que solo representan el 19% de las viviendas que ocupan los sirios en Líbano. Unos 35.000 refugiados se verán afectados por la decisión en todo el país, según evaluación de la ONU. La mitad de ellos viven en Arsal, localidad que registra bajas temperaturas en invierno, de ahí que haya más tiendas reforzadas con hormigón.

“Cuando llegue el invierno, tendremos que afrontar las consecuencias de estas medidas”, advierte en Beirut Soman Moodley, portavoz del grupo de 51 ONG que ha solicitado frenar las órdenes de demolición. Abu Ali ha preferido pedir prestado un martillo y reducir a escombros sus paredes a exponerse a ser arrestado. Sus dos primos participaron en las revueltas armadas contra el Gobierno de Bachar el Asad en Homs, y hoy son refugiados en Turquía, donde los 3,6 millones de sirios están siendo igualmente hostigados por las autoridades. Retornar, asegura, es sinónimo de cárcel.

Devoluciones “forzosas e ilegales”

Las demoliciones se han visto acompañadas de redadas por parte de las Fuerzas Armadas. Un documento publicado por ocho organizaciones de derechos humanos locales eleva a más de 300 la cifra de deportaciones forzosas de sirios desde el mes de mayo en virtud de la normativa del Consejo Superior de Defensa que ordena la “deportación de todo individuo que haya entrado ilegalmente en el país desde el [pasado] 24 de abril”. El 73% de los refugiados sirios en Líbano se encuentran en situación irregular puesto que no disponen de un permiso de residencia o de trabajo, según datos de la ONU.

“Son entregados a las fuerzas de seguridad sirias sin poder optar a defensa en un juicio ni a garantía alguna para su seguridad una vez devueltos”, denuncia Ghida Frangieh, abogada y presidenta de la ONG Legal Agenda. “Lo más alarmante es la rapidez y el secretismo con que se llevan a cabo las deportaciones”, añade. En los siete casos sobre los que la ONG ha obtenido información, la deportación se produjo entre tres días y dos semanas después del arresto. “Una vez en Siria es imposible saber qué es de ellos”, remacha la abogada.

“Acnur [la agencia de la ONU para los refugiados] no dispone de estadísticas sobre el número de deportaciones que han tenido lugar y no puede pronunciarse sobre casos individuales a los que está dando seguimiento por motivos de confidencialidad y de protección de datos”, responde vía correo electrónico Lisa Abu Khalil, portavoz de Acnur en Líbano. La Seguridad General libanesa niega haber realizado ninguna deportación por la fuerza. La entrega de ciudadanos a un país en guerra contraviene al menos siete convenios internos e internacionales firmados por Líbano, entre ellos la Convención contra la Tortura ratificada por Beirut en 2000, señala el último informe del Centro de Acceso para los Derechos Humanos.

Convertidos en “cabeza de turco” por la crisis económica

Estas medidas coercitivas llegan justo cuando el Líbano se ve sacudido por manifestaciones civiles que exigen mayores libertadas y el fin de la corrupción política que está llevando al país a la bancarrota y a sus universitarios al exilio. La presencia de refugiados sirios en suelo libanés desde hace más de ocho años de contienda se ha convertido en presa de una guerra numérica. A penas 50.000 refugiados han sido reasentados en Occidente desde 2011 y las menguantes ayudas de la ONU -que en 2018 obtuvo tan sólo el 60% de los fondos solicitados- han empujado a los sirios a inundar el mercado laboral informal. Para Beirut, los refugiados han dejado de ser una preocupación de seguridad para ser una económica. “Queda claro que la solidaridad de los libaneses esta tocando fondo y que los sirios se pueden convertir en cabeza de turco de la crisis económica que vive el país”, sostiene en Beirut Soman Moodley, miembro de la ONG Lebanon Humanitarian.

Las cifras de refugiados sirios bailan de medio millón entre las aportadas por la ONU y las que baraja el Gobierno porque este último prohibió toda entrada y registro de refugiados sirios en el verano de 2015. La ONU cifra en 24.695 los retornos voluntarios a Siria desde 2017 y advierte del riesgo que corren al regresar a una guerra donde hay combates activos que desde el pasado mes de abril han provocado 400.000 nuevos desplazados tan solo en la provincia de Idlib. Por su parte, el presidente de Líbano, Michel Aoun, quien aboga abiertamente por un retorno de los sirios a su país “sin esperar una solución política de la contienda”, afirma que más de 200.000 sirios han regresado a Siria en los últimos dos años. Las reservas con las que la ONU ve las políticas libanesas que incentivan el retorno de los sirios a su país sin unas garantías de seguridad ha desembocado en una crisis con el Gobierno libanés que durante meses paralizó los permisos de trabajo del personal onusiano -cuya plantilla supera los 600 empleados en Líbano.

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