O muy hipócritas o cambio de rumbo

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visitó Colombia la semana pasada. El objetivo era el de determinar el avance del proceso de paz y analizar las diferentes versiones y relatos que hay sobre el progreso o retroceso de la implementación de los acuerdos. Se podría hablar de tres relatos en materia de cumplimiento con el acuerdo de paz.

El primer relato es de crisis. En lo fundamental, el Gobierno colombiano se ha esforzado en sabotear el proceso y llevar a que el incumplimiento reviva a las FARC. Su objetivo es volver a crear un enemigo público al mejor estilo de los Gobiernos neopopulistas. En el primer año de mandato Duque, se ha visto un intento constante del saboteo y mecanismos para torpedear el buen funcionamiento de la justicia transicional. Desde el proyecto de ley para hacer que sectores de la sociedad no sean juzgados por los crímenes que cometieron en el marco del conflicto, hasta las famosas objeciones y la desfinanciación de parte del sistema de justicia transaccional han sido los mecanismos más utilizados.

De hecho, en uno de los errores, ya comunes, que causan indignación y risa, a falta de un día para que llegara el Consejo de Seguridad al país, el Gobierno colombiano anunció públicamente que le quitaría el 30% del presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, con lo que la bloqueaba. Un error torpe que puso al Gobierno contra las cuerdas, pues en los múltiples viajes del presidente, así como en discursos del embajador colombiano en la ONU, se ha dicho que se respetará y garantizará el funcionamiento de la JEP. Como era de esperarse, horas después, el Gobierno se echó para atrás y el propio presidente Duque les dijo a magistrados de la JEP “ya les tengo su plática”.

El segundo relato es el del Gobierno, el cual se resume en algunos postulados. Por un lado, que ellos encontraron todo hecho un desastre, por ende, lo que se ha avanzado es poco, pero no por falta de voluntad, más bien por la necesidad de organizar la casa. Además, dicen que no hay plata, que muchas de las iniciativas que se derivaron el Acuerdo no tiene techo presupuestal, por tanto, no se pueden cumplir. En tercer lugar, otro de los relatos dice que los proyectos ley y actos legislativos (enmiendas constitucionales) no son un sabotaje sino acciones para corregir cosas mal hechas que quedaron en el acuerdo. Hay una tercera versión que dice que el Gobierno no ha avanzado por falta de calidad técnica de sus funcionarios. La ignorancia frente al tema, sumado a los prejuicios y la inexperiencia en el ejercicio público, han llevado a tales niveles de parálisis institucional.

Lo cierto es que hubo dos encuentros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reflejan lo sucedido con su visita. Una de las reuniones más importantes fue entre el Consejo de Seguridad y la Comisión de Paz del Congreso de la República. En ella, la conclusión del presidente del Consejo de Seguridad es que “la paz de Colombia es un éxito para Colombia, pero también para las Naciones Unidas y lo vamos a defender”. La otra conclusión es la petición para que dejen trabajar la JEP y no torpedeen su funcionamiento.

También se presentaron líneas de preocupación en tres materias. En primer lugar, la victimización a líderes sociales. En el país asesinan un líder social cada dos días. En segundo lugar, las garantías para la oposición. Como se sabe varias personas, al parecer, son víctimas de interceptaciones ilegales y supuestas acciones de complot para desprestigiar a congresistas, periodistas y opositores en general. En la lista estaría el senador Roy Barreras, el senador Iván Cepeda y analistas como León Valencia y hasta quien escribe esta columna. Lo delicado del asunto es que esto, según algunas investigaciones, estaría siendo liderado por la ANI o Agencia Nacional de Inteligencia. Por último, la necesidad de avanzar más rápido en la implementación, sobre todo en temas de reincorporación y presencia territorial del Estado.

Incluso, el senador Roy Barreras comentó una de las apreciaciones de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, el partido de Gobierno, Paloma Valencia. Según ella, es muy difícil “llevar Estado a todas las regiones, es mejor traer la gente a donde hay Estado”. Es decir, desocupar vastas regiones del país y no construir Estado, ciudadanía y mercado en más de la mitad de Colombia. Una visión contraria al acuerdo de paz.

Hubo una segunda reunión en el departamento del Cauca, ubicado al suroccidente de Colombia. En el ETCR, un espacio donde los exguerrilleros de las FARC llevan su proceso de reincorporación, pasó algo increíble: los miembros del Gobierno colombiano, entre ellos el canciller y el encargado directo del proceso de paz, parecían más papistas que el papa, se explayaron en elogios al acuerdo de paz y a la JEP. A esta última la defendieron más que los propios magistrados de la jurisdicción. Los asistentes no daban crédito a lo que escuchaban. Si algo ha hecho el Gobierno es torpedear a la justicia transicional. Uno de los asistentes a la reunión dijo: “O cambiaron de rumbo o son muy hipócritas”. En lo personal, creo en la segunda opción. El sabotaje a la JEP seguirá por los próximos meses y años.