Miles de brasileños marchan en defensa del ministro Moro y contra el Congreso y el Supremo

Los movimientos derechistas que sacaron a medio Brasil a la calle para impulsar la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, han movilizado este domingo a miles de personas en decenas de ciudades. Los actos fueron convocados en defensa del ministro Sergio Moro, antiguo juez y símbolo de la lucha contra la corrupción, bajo presión ahora por la revelación de sus diálogos privados con los fiscales. Pero los manifestantes aprovecharon para mostrar su descontento; su indignación no es ahora contra el Gobierno, que lidera su aliado Jair Bolsonaro, sino contra el Tribunal Supremo y el Congreso, a los que muchos acusan de entorpecer las iniciativas legislativas gubernamentales. Es la segunda vez en un mes que bolsonaristas marchan contra otros poderes del Estado.

“Esto es una dictadura del Congreso Nacional, es un Congreso de dictadores que busca su propio beneficio…”, arengaba uno de los oradores, presentado como un empresario, a una multitud en la avenida Paulista de São Paulo. Las marchas fueron convocadas hace tres semanas cuando The Intercept empezó a publicar los mensajes que han sembrado dudas sobre la imparcialidad de Moro, que dictó la primera condena contra Lula da Silva. “Veo, oigo, agradezco”, les ha tuiteado a sus seguidores el ahora ministro más popular del Gabinete. El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso por un receso el análisis de un recurso de la defensa de Lula que reclama la suspensión de Moro por parcial.

El ministro de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno, ha clamado a favor de Moro en la marcha de Brasilia: "El ministro Moro que tuvo el coraje de abandonar 22 años de magistratura para entregarse a la patria sin nada a cambio. Este hombre está siendo colocado contra la pared para sacar de la cárcel a una banda de canallas que hundieron el país".

El abogado Eduardo Figueiredo, de 44 años, explica que está en la manifestación porque “los que roban quieren acabar con la (investigación) de la Lava Jato. ¿Que a quiénes me refiero? Los políticos, los ricos, los poderosos. Imagino que algunos del Supremo, pero no tengo pruebas…”. El contenido de las conversaciones que desde hace tres semanas difunde The Intercept le parece “lo normal entre el juez y la fiscalía” ante un caso de esta envergadura que “transformó Brasil”. Para él, lo ilegal es divulgarlas.

Las revelaciones más recientes, publicadas este mismo domingo en colaboración con Folha de S.Paulo, indican que los fiscales desconfiaron inicialmente del principal testigo contra Lula en el llamado caso del tríplex de Guarujá. Léo Pinheiro, dueño de la constructora OAS, cambió de versión a lo largo de meses hasta que, finalmente, incriminó al expresidente y afirmó que él llegó a instarle a destruir pruebas. Según su versión final, aceptada por el Ministerio Público, el apartamento costero era un regalo a Lula a cambio de contratos con el Gobierno. Moro condenó al líder del Partido de los Trabajadores por recibir de la constructora dinero disimulado en la compra del apartamento a cambio de contratos con Petrobras. Lula cumple una pena de 8 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. En una entrevista con EL PAÍS, el expresidente afirmó que Pinheiro le dijo a su abogado que cambió el testimonio por orientación de su defensor.

La información de The Intercept y Folha, en base a los mensajes de los fiscales filtrados por una fuente anónima al primero, apuntan a que el testimonio del constructor fue cambiando a medida que avanzaban las negociaciones para una delación premiada, es decir, para obtener beneficios a cambio de testificar contra terceros. El primer testimonio del presidente de OAS, que ya estaba condenado a 16 años, fue rechazado. Entonces decía que las reformas realizadas en la vivienda pretendían agasajar a Lula pero sin ninguna contrapartida gubernamental. Los fiscales lo consideraron poco creíble.

Moro sostiene que no hay ninguna irregularidad. El ministro considera que la filtración es un ataque a los enormes logros contra la corrupción de los últimos años, según explicó en una comparecencia ante el Senado.

Los brasileños que han respondido a la convocatoria de Vem par Rua (Ven a la calle), Movimiento Brasil Livre o Nas Ruas (En las calles) aseguraban estar allí en defensa de su país, que describen corroído hasta las entrañas por una corrupción que aunque ha enviado a la cárcel a una larga lista de hombres antaño poderosísimos, con Lula a la cabeza, todavía persiste. Los consultados coincidían en varios puntos: defensa de la Lava Jato, bajo presión desde que se empezaron a conocer mensajes que incluyen aparentes orientaciones de Moro a los fiscales, defensa de que Lula siga en la cárcel (está condenado en un segundo caso y es investigado en varios más) y defensa de los grandes proyectos legislativos de Bolsonaro. Muchos criticaban con dureza a los medios tradicionales, con la red Globo como el gran villano, por lo que ahora dicen confiar en Facebook y Whatsapp.

Los manifestantes atribuyen las dificultades en las negociaciones del Gobierno con el Congreso, renovado también el pasado otoño, para sacar adelante la vital reforma de las pensiones y el paquete de leyes contra el crimen elaborado por Moro a un boicot de las Cámaras, no a la convivencia ordinaria de las instituciones. “La fuerza de Bolsonaro somos nosotros, el pueblo. El problema es que no le dejan trabajar. El Congreso no aprueba nada y el Supremo mientras, soltando gente”, asegura el dentista Israel Scarponi, de 31 años.

La jubilada Jueli Alvers, de 61 años, luce una inmensa foto del apuesto Moro en la camiseta. “Lo amo. Es idealista, luchador, honesto. Me apasiona y le respeto. Desgraciadamente nuestros gobernantes son corruptos y le están boicoteando desde el Senado”, sostiene. En su opinión, “el Congreso no es totalmente representativo” y su presidente, Rodrigo Maia, “es un tipo corrupto”. “También estoy decepcionada con el poder judicial”, apunta.

Sí entra en detalles Vania Belfort, de 36 años. Lo que le molesta a esta auxiliar de enfermería es “el activismo judicial, que estén legislando, usurpando las tareas del Congreso, en asuntos como la criminalización de la homofobia”, recientemente aprobada por el Supremo.