Moro cuestiona la autenticidad de las revelaciones sobre el ‘caso Lava Jato’

Aunque formalmente solo lleva seis meses en política, el exjuez Sergio Moro ha elegido defenderse en ese terreno, el de política, sin entrar en los farragosos entresijos de la ley, de las polémicas revelaciones que arrojan dudas sobre su imparcialidad en el caso Lava Jato. Moro, 46 años, que este miércoles ha comparecido a petición propia ante el Senado, en Brasilia, no ha reconocido la autenticidad los mensajes que intercambió con los fiscales del proceso –“no sé si han sido manipulados porque no conservo los originales”—que publica por goteo el medio digital The Intercept Brasil. El ministro más popular del Gobierno de Jair Bolsonaro ha presentado a los investigadores como víctimas de un pirateo organizado por un grupo criminal para, ha recalcado, revertir “las conquistas (contra la corrupción) de la sociedad brasileña”.

Casi ninguno de los senadores que le ha preguntado ha entrado en el detalle de lo que revelan los mensajes que, según el periodista Glenn Greenwald, les entregó una fuente anónima. La exclusiva indica que Moro y los fiscales de la Lava Jato tenían un fluido intercambio de mensajes en Telegram en el que aparentemente el juez deriva al Ministerio Público una potencial fuente de denuncias o le sugiere cambiar el orden de unas diligencias. Como la ley brasileña prohíbe a los jueces que aconsejen a las partes, la defensa del expresidente encarcelado Lula da Silva intenta conseguir que la anulación. El senador independiente Fabiano Contarato, que fue comisario de policía 27 años, ha sido uno de los más duros al acusarle de “violar lo más sagrado en el proceso penal, el principio de isonomía, la igualdad ante la ley”. La sesión ha durado casi nueve horas.

Al dar el primer paso para comparecer ante el Senado, Moro debilita los esfuerzos de la oposición para crear comisión de investigación. Y ha aprovechado la ocasión para reivindicar su contribución a que “la tradición de impunidad de la gran corrupción (de Brasil) fuera interrumpida” en lo que considera no un mérito solo de la judicatura y la policía sino una conquista colectiva de los brasileños.

Moro no se ha salido de la línea de defensa que ha desgranado en un par de entrevistas desde que el escándalo estalló hace diez días: pudo decir algunas cosas de las publicadas de manera sensacionalista, pero es posible que los mensajes hayan sido editados, fueron obtenidos ilegalmente porque son fruto de un ataque informático y “en la tradición jurídica brasileña es habitual que jueces, fiscales y policías hablen entre sí de las diligencias”. En cualquier caso sus sentencias, ha recalcado, “se basaron en pruebas sólidas”.

El hombre que dictó la primera condena contra el izquierdista Lula da Silva por corrupción en 2017 ha defendido su imparcialidad, bajo sospecha desde que colgó la toga para ser ministro de Bolsonaro, que despegó en campaña tras el veto judicial a la candidatura de Lula. El antiguo juez ha argumentado que el que la Fiscalía recurriera 44 de sus 45 sentencias prueba que no hubo colusión entre el Ministerio Público y él como juez sentenciador, y que la absolución del 21% de los juzgados de su tribunal demuestra su imparcialidad.

Moro se ha esforzado por no mencionar ni una sola vez el nombre del medio que le ha puesto contra las cuerdas como nunca, por repetir machaconamente la palabra sensacionalismo y ha dejado caer que Telegram, red que abandonó hace un par de años, fue creada en Rusia. También ha reclamado a The Intercept que publique íntegros todos los mensajes.

El senador e hijo del presidente, Flavio Bolsonaro, se ha hecho eco en la sesión de una denuncia apócrifa que circuló el fin de semana en Twitter para lanzar una acusación en la que ha mezclado a Greenwald, su marido, el diputado de ultraizquierda David Miranda, y el parlamentario al que sustituyó, Jean Wyllys.

Como ha apuntado uno de los senadores durante la sesión, Brasil vive inmersa en una batalla de narrativas políticas. Donde los partidarios del partido de los Trabajadores de Lula ven la confirmación de sus sospechas sobre la parcialidad del juez, los bolsonaristas ven un intento de empañar la reputación del gran héroe del combate a la corrupción de cuello blanco. Lula está condenado en un segundo caso de corrupción y es investigado en seis más. El Tribunal Supremo tiene previsto analizar la semana que viene una petición de la defensa de Lula para suspender a Moro como juez por parcial.

Pero el expresidente es solo una pequeña parte de una megainvestigación judicial que ha llevado a la cárcel a decenas y decenas de antaño poderosos políticos y empresarios en toda Latinoamérica. Esta misma semana la constructora Odebrecht, que tenía un engrasado sistema de pago de sobornos, ha solicitado el mayor concurso de acreedores de Brasil y los fiscales piden 16 años de cárcel al expresidente de Perú Alejandro Toledo, prófugo de la justicia en Estados Unidos.