“La crueldad con los niños en la frontera es intencionada, es la política del Gobierno”

De todos los niños, cuenta la abogada Warren Binford, le impresionó especialmente una chica de 14 años llamada Katerine. “Era muy dulce”, la recuerda. Había acabado en un centro de detención temporal de inmigrantes en Clint, Texas, después de cruzar la frontera con su hermana, mayor de edad. “Las habían separado de una forma muy traumática. En la celda donde estaba había otros niños más pequeños que necesitaban cuidado, así que ella se hizo cargo de consolar a otros que no tenían a nadie. Uno de ellos, de cuatro años, era el niño más traumatizado que he visto. Piénsalo, ella tenía su propio trauma y tenía que cuidar de otros más pequeños, también traumatizados. Creo que resume el dolor de aquel lugar”.

El lugar era una comisaría de la policía de fronteras en Clint, una barriada a las afueras de El Paso. Binford y un grupo de abogados denunciaron las condiciones carcelarias e insalubres en las que se hacinaban más de 300 menores de edad cuando lo visitaron, a principios de la semana pasada. Oficialmente, está preparado para 100 adultos. Sus informes y las entrevistas con decenas de niños inmigrantes están puestos por escrito ante un juez. Los niños les contaron que pasaban semanas sin lavarse los dientes o sin ducharse, que no había sitio para dormir ni ropa para cambiarse. Oyeron relatos de madres obligadas a dormir sobre el suelo con sus bebés. Váteres atascados en medio de las celdas. Un olor nauseabundo en general.

Según el presidente Donald Trump y los servicios fronterizos, esta situación se produce porque el sistema migratorio está colapsado. Los números globales están muy lejos de los récords históricos (en el año 2000 hubo 1,6 millones de detenciones), pero se han disparado las llegadas este año respecto a los cuatro anteriores. El pasado año fiscal fueron detenidas 521.000 personas en la frontera. Este año van por 593.000 y aún faltan cuatro meses para cerrar el cómputo. La mayoría son familias con niños, a las que tiene que procesar un sistema básicamente carcelario y pensado para detener hombres solos.

Legalmente, los niños deben estar en condiciones seguras y salubres y deben ser entregados a los servicios sociales lo antes posible, normalmente en 72 horas, para irse con familias de acogida o con sus familiares en EE UU. El incumplimiento es flagrante. Las abogadas entrevistaron a decenas de niños sucios, aterrorizados, separados de sus familias y que llevaban hasta tres semanas detenidos a pesar de tener familiares localizados en el país.

“La crueldad es intencionada, es la política del Gobierno”, afirma la abogada Elora Mukhejee. “Los niños me decían que tenían constantemente miedo de los guardias. Vieron a uno llevarse a un niño agarrándolo por la cabeza. Estaban aterrorizados de oírles gritar en inglés”. Binford apunta que “las comisarías de la frontera siempre han sido horribles. Lo especial de esta es que había cientos de niños. Eso no lo habíamos visto nunca. Las edades eran impactantes”. Las abogadas describieron en el juzgado a bebés manchados y sin ropa para cambiarse, duchas cada cinco días, niños traumatizados por la separación que llevaban la misma ropa durante tres semanas, decían tener hambre y frío, no se podían lavar los dientes ni usar jabón.

Trump ve la llegada de inmigrantes como una invasión de criminales. Así lo ha dicho. Está convencido de que las familias vienen a aprovecharse de las leyes de asilo de Estados Unidos. Por sus propias palabras, su política consiste en tratarlas de la manera más cruel posible en la frontera para quitar la idea de emigrar a otros. “El sistema está siendo manipulado de forma que no se está procesando a los inmigrantes que llegan para que entren en la sociedad con la facilidad que lo hacían antes”, asegura Binford. Los estamos separando de los adultos que cruzan con ellos y eso está causando traumas en los niños”. Además, no está funcionando. “Claramente, no ha disuadido a nadie. A pesar de todas las tácticas agresivas que ha empleado este Gobierno, la gente sigue viniendo”.

Las entrevistas revelan que la Administración sigue separando familias. Lo que no hace es separar a padres de sus hijos sistemáticamente, pero cualquier otra versión de familia en la frontera sí está siendo separada. Así, los abogados entrevistaron a dos hermanos desconsolados que habían sido separados de su abuela, con la que habían cruzado. O niños que venían al cuidado de sus hermanos mayores de edad y han sido separados, porque el adulto ha sido procesado por la vía penal.

Las abogadas Warren Binford, de Oregón, y Elora Mukherjee, de Nueva York, llevan más de una década especializadas en inmigración. Han visto todo tipo de centros de detención. Han visto cambiar el perfil de inmigrante progresivamente desde que empezaron a llegar niños solos en 2014. “El problema no es el número de inmigrantes”, afirma Binford a EL PAÍS por teléfono, “lo que está generando esas condiciones es la mala gestión de la Administración”.

“Cuando visitamos el centro de Clint, la semana pasada, había 2.600 niños en custodia de la policía fronteriza”, explica Mukherjee por teléfono desde Nueva York. “Entonces empezaron a salir las informaciones en prensa de lo que habíamos visto. A finales de la semana había menos de 1.000. Claramente, tienen la capacidad de atender a los niños y moverlos lo bastante rápido. Es horroroso como están utilizando a los niños como peones del juego político”.

Mukherjee lleva haciendo estas visitas desde 2007, como parte de un grupo de abogados que vigila por orden judicial que el Gobierno cumpla las condiciones legales en las que pueden estar detenidos los menores de edad inmigrantes. “Siempre ha habido lo que llaman hieleras y perreras. El problema no es nuevo, es anterior a Trump. lo que es nuevo es la cantidad de tiempo que estos niños pasan detenidos. Hay brotes de gripe, piojos, los niños no se pueden lavar las manos con jabón. En Ursula, Texas, la semana pasada fueron cinco niños a la enfermería. En el último año han muerto seis niños. En toda la década anterior, ninguno”.

Binford sitúa que el origen de los problema en la separación sistemática de familias que comenzó discretamente en el otoño de 2017 y se hizo oficial en la primavera de 2018. Al entregarse en la frontera, los menores eran separados de sus padres. La indignación pública hizo que Trump se retractara. De aquellos meses quedaron al menos 2.600 niños separados de sus padres de los que nadie había apuntado quiénes eran. Un juez de San Diego obligó al Gobierno a la reunificación de esos niños (la gran mayoría ya se ha logrado). “Aquello creó un atraso para el resto de los niños que tienen que reunirse con sus familias”, explica Binford. “El juez estaba tan enfadado y había tanta presión pública que le dieron absoluta prioridad”.

Binford afirma que el principio de los problemas del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales para procesar en tiempo y forma a los niños viene de la acumulación de casos creada en esos meses. La consecuencia es un sistema colapsado con niños que podrían estar con sus familias. “Es una crisis inventada. No necesitamos infraestructura para niños que tienen familia. Los están traumatizando detenidos. Es todo para justificar el gasto en seguridad”.