Canadá destapa el “genocidio” con el que convive

Nadie ayudó a Tina Fontaine antes de ser asesinada. Tras la muerte violenta de su padre, cuando ella tenía 12 años, empezó a faltar al colegio, a tomar drogas, a escaparse de casa y salir con adultos que abusaron sexualmente de ella. Pese a las señales de una fuerte depresión, los servicios sociales no atendieron a la menor. En agosto de 2014, cuando tenía 15 años, el cadáver de la adolescente, perteneciente al pueblo anishinaabe, fue encontrado en el río Rojo de Winnipeg (Canadá), enrollado en una manta. Fontaine llevaba desaparecida una semana. Un jurado absolvió al único sospechoso del crimen, Raymond Joseph Cormier. El caso generó gran indignación y fue uno de los detonantes de una investigación independiente a nivel nacional sobre la violencia a las mujeres indígenas en Canadá que, 33 meses después, ha concluido que el país ha sido “cómplice” de un “genocidio” contra esta población.

Tras escuchar los testimonios de cerca de 1.500 personas (familiares, víctimas, expertos en distintas áreas), la comisión encargada de investigar estos hechos entregó esta semana un informe de 1.192 páginas. “Este genocidio se ha apoyado en las estructuras colonialistas” que aún perviven en el Estado canadiense, según concluye el documento. Se refiere, entre otras, a la Indian Act, la ley federal que regula la mayoría de las actividades de los grupos autóctonos.

Desde 1980, las indígenas asesinadas y desaparecidas ascienden a 1.200

El informe muestra que los errores del sistema, como el que vivió Fontaine en carne propia, son más habituales con las indígenas. Ellas son las más vulnerables y las que más sufren la violencia de un entorno de racismo, falta de atención e impunidad. Según cifras de la Real Policía Montada de Canadá, la tasa de homicidios de las mujeres pertenecientes a los grupos autóctonos es casi seis veces superior al del resto de las canadienses. El 10% de todas las mujeres dadas por desaparecidas son indígenas. En su conjunto, los grupos autóctonos canadienses —como los innu, cree, abenaki, mohawk y atikamekw— cuentan con 1,6 millones de miembros, un 4,6% de la población total del país.

Inacción del Estado

Los autores del informe no señalan, con nombres y apellidos, a los responsables de este marco terrorífico, pero sí denuncian que estos crímenes obedecen a un “genocidio planificado, basado en la raza, la identidad y el género”, que se apoya en políticas colonialistas e inacción estatal y que se ceba especialmente con mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI. De forma indirecta, se refieren tanto al Gobierno federal como al de cada una de las provincias. Desde 1980, las indígenas asesinadas y desaparecidas ascienden a 1.200, según los cálculos más conservadores. En muchos casos no se sabe quiénes fueron los perpetradores, porque los crímenes quedaron impunes.

“De pronto, el mundo se nos vino abajo. Tamara había desaparecido. Pasaron los días, las semanas, los meses y los años”, expresó Gladys Radek, cuyo testimonio aparece en el informe. Radek es tía de Tamara Lynn Chipman, una joven que fue vista por última vez en una carretera del norte de la Columbia Británica, una provincia canadiense, el 21 de septiembre de 2005. Tenía 22 años y un hijo de tres. “Mi hermana desapareció el 18 de junio de 2006”, cuenta en el mismo documento Melanie Morrison. “Encontraron sus restos cuatro años después, a menos de un kilómetro de su casa. La policía local estaba a cargo de la investigación, pero después pasó a la de Quebec. El caso sigue abierto”, agregó.

Maltratos físicos, psicológicos y sexuales

El informe evoca las esterilizaciones forzadas a indígenas, práctica que oficialmente terminó en 1973, pero podrían haber seguido según investigaciones y testimonios 

El informe hace también referencia a la red de internados, que funcionó entre 1883 y 1996, donde unos 150.000 niños fueron trasladados de forma forzosa para ser despojados de sus expresiones culturales. Una Comisión de la Verdad concluyó en 2015 que allí sufrieron maltratos físicos, psicológicos y sexuales, y calculó que unos 3.200 menores murieron en esos centros por falta de cuidados.

Algunos expertos señalan que la experiencia en los internados fue un factor que propagó la violencia y los problemas de adicciones entre sus supervivientes. De igual forma, el informe evoca las esterilizaciones forzadas que han sufrido diversas mujeres indígenas, práctica que oficialmente terminó en 1973, pero investigaciones y diversos testimonios apuntaron a casos posteriores. Además, el texto destaca que la tasa de suicidios es entre cinco y siete veces mayor entre los jóvenes indígenas.

La comisión emitió 231 recomendaciones, incluidos cambios en los protocolos policiales, con más agentes indígenas, y en el sistema judicial. En el informe se señala que el aparato de justicia ha ignorado desde siempre los problemas de las indígenas y las ha visto a través de “unas lentes de racismo persistente y estereotipos sexistas”. Esto ha generado mucha desconfianza entre ellas hacia el sistema. “La apatía policial a menudo toma la forma de estereotipar a las víctimas y criminalizarlas, como cuando la policía describe a las desaparecidas como ‘borrachas’, ‘fiesteras’ o ‘prostitutas a las que no vale la pena buscar”, según el informe.

Los familiares de víctimas entrevistados afirmaron que los procesos judiciales con frecuencia fueron, en su opinión, “inadecuados, injustos y traumáticos”. El documento se enfoca también en la misoginia, la homofobia y la transfobia que enfrentan estas personas en la cotidianeidad, así como en las dificultades que tienen para acceder a diversos servicios.