Falsos positivos en Colombia

Un nuevo escándalo ha estallado en Colombia, esta vez por lo que popularmente se conoce como falsos positivos o más exactamente ejecuciones extrajudiciales. Como se sabe, han sido miles los colombianos que han sido asesinados por agentes estatales y los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales. Hace poco más de una semana, el diario The New York Times reveló como en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros.

La publicación, por ende, permitía concluir que las condiciones para que estas ejecuciones extrajudiciales regresaran estaban dadas. Días después, se conoció un segundo documento, el cual fue publicado por The Associated Press (AP), donde se demostraba como el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, hizo pago de recompensas a supuestos informantes en el año 2005, pero el dinero terminó llegando a un soldado que está condenado por el asesinato de un civil. Parte del dinero también llegó a un exjefe paramilitar. Otra de las noticias que se confirmó es que el gobierno nacional sabía de la existencia de investigaciones periodistas en esa materia, y en lugar de controlar y desmontar las órdenes militares, se dedicó a negar y torpedear el trabajo periodístico.

A todo lo anterior se le suman varios hechos dramáticos. Por ejemplo, un excombatiente de las FARC, Dimar Torres, fue asesinado y habría sido torturado hace algunas semanas. En ese momento el ministro de Defensa salió a proteger a los asesinos y dijo que el homicidio se produjo en un forcejeo, ocultado los hechos. Igualmente, varios miembros del gobierno Duque han dicho que muchos líderes sociales asesinados en el país son guerrilleros o amigos de terroristas. No debe olvidarse que en Colombia cada cuatro días asesinan un líder social. Es una verdadera masacre.

En Colombia, la historia de las ejecuciones extrajudiciales es larga, se cree que pueden ser más de 8.000 colombianos, aunque el periodo violento se dio en las dos administraciones del Álvaro Uribe. La comparación es más que increíble. Durante la dictadura de Pinochet se asesinaron y desaparecieron forzadamente a cerca de 3.200 personas, eso en un periodo de 17 años. En cambio, en Colombia, en 8 años, bajo una supuesta democracia, se asesinaron alrededor de 4.000 civiles.

En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de eso años, el famoso caso Contador, en 1978.

En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. Tal vez el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Unión Patriótica, es el mejor ejemplo. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcos, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública colombiana.

Uno de los casos que tuvo una sentencia hace unas semanas se refiere al asesinato de Santos Mendivelso Coconubo, ocurrido en abril de 1991, acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por policías del F2. Durante años su familia sufrió persecución e intimidación y pasaron casi 30 años para que hubiera justicia.

Todo este escándalo tiene dos trasfondos. Por un lado, la intención del partido de gobierno, el Centro Democrático, y del propio presidente Duque, de sabotear la justicia transicional firmada en el acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Estado colombiano en 2016. Además, hay un proyecto de ley que busca evitar que esta justicia juzgue a los militares. El otro trasfondo es que el gobierno Duque no ha hecho nada, no ha removido al general Nicacio o al ministro de Defensa. En cambio, se ha puesto a pelear con los medios de comunicación.