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COLUMNA i

La reconfiguración criminal en Colombia

El Gobierno no encuentra una estrategia eficiente para detener el crecimiento de algunos fenómenos criminales

Dos hechos, en materia de seguridad, han puesto en serios aprietos al Gobierno colombiano. Por un lado, el departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó el listado de países con precaución para viajar, una advertencia que anualmente les hacen a los ciudadanos norteamericanos. Allí incluyen nuevas categorías y Colombia no ha salido de la lista. Igualmente, hace apenas unos días se dio a conocer un informe sobre el deterioro de la seguridad en varias zonas del país. Ambas cosas fueron golpes duros para el Ejecutivo, que ganó las elecciones con la promesa de mano dura y de resolver todos los problemas de seguridad en cuestión de días.

En todo caso no todo es lo mismo, el deterioro de la seguridad está lejos, muy lejos, del peor momento de la historia del país, el cual se dio a finales de los años noventa del siglo XX. Se podría hablar de tres escenarios diferentes de la seguridad en el país.

Uno primero se da en las zonas de posconflicto, o más ampliamente en las zonas rurales del país. En lo fundamental, hay un grupo de cerca de 100 municipios de los 1.122 del país que tienen problemas complicados de violencia e inseguridad. La mayoría de estos municipios se “incendiaron” luego de la salida o dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Hubo un periodo de tiempo, es decir, una ventana de oportunidad, que se prolongó por cerca de 18 meses. En ese periodo de tiempo el Estado no llegó, no logró tener una estrategia de copamiento territorial, y varios de esos municipios, cerca de 100 de los 242 donde operaban las FARC, entraron en una guerra entre diferentes organizaciones criminales.

Luego, hay un segundo escenario que se da en las zonas urbanas del país, particularmente en las principales ciudades colombianas. Si bien en la mayoría del país la tasa de homicidios ha descendido, llegando a números históricos, lo cierto es que cada día que pasa la población se siente más insegura. En Bogotá, la capital, el homicidio está en 13 por cada 100.000 habitantes, hace una década estaba por encima de 20. Sin embargo, en la actualidad el 57% de la población se siente insegura. En el resto de grandes ciudades del país más del 40% de la población se siente insegura. En todas se nota un deterioro en los últimos años.

Ese incremento de la percepción de inseguridad estaría jalonado por al menos dos cosas. Por un lado, un número creciente de los hurtos en sus diferentes modalidades, ya sea hurto a personas, a establecimientos comerciales, a vehículos o motos. En Bogotá, diariamente se comenten 720 hurtos; la cifra en Medellín podría llegar a los 400 y en Cartagena es igualmente alta. Por otro lado, se percibe una deficiencia en la respuesta institucional ante los llamados de urgencia de la ciudadanía. En este caso se mezclan dos cosas: 1. Unos niveles de impunidad impresionantes y 2. Un desconocimiento en la forma como funciona el Estado por parte de la ciudadanía. El gran problema generalmente se concentra en el sistema de transporte público. Así las cosas, no solo cada vez entra más gente al hurto, además los que tradicionalmente robaban ahora lo hacen más veces al día.

Un tercer escenario sobre la seguridad del país se vive en las zonas de economías ilegales, en este caso hablamos de cerca de 250 municipios, entre ellos los 100 del primer grupo. Allí, la economía de la hoja de coca o la minería ilegal tienen un fuerte predominio, lo cual ha llevado a que se creen sistemas de regulación social y económica paralelos. Donde la acción del Estado es vista como una perturbación al sistema de regulación social.

Hace 20 años, más de 600 municipios tenía presencia de grupos armados ilegales, había en promedio 3.000 secuestros al año, en el año 2018 fueron cerca de 160; igualmente, en los peores años de violencia se producían cerca de 700.000 desplazamientos forzados, para el 2018 la cifra llegó a poco más de 100.000. Lejos estamos de las peores épocas de violencia, pero lo que sí parece cierto es que el Gobierno no encuentra una estrategia eficiente para detener el crecimiento de algunos fenómenos criminales.

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