Cristina Kirchner, ante un tribunal por corrupción

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Cristina Fernández de Kirchner se sentó al fin en el banquillo. Era la imagen que llevaban años deseando tanto el gobierno de Mauricio Macri como la Argentina antiperonista. El momento, sin embargo, resultó relativamente anticlimático: no hubo multitudes arropando a la expresidenta a las puertas del tribunal, porque ella rogó que nadie acudiera, y una vez en la sala se sentó al fondo, lejos de los otros acusados. Kirchner es acusada de formar parte de una asociación ilícita dirigida a conceder obra pública al empresario Lázaro Báez.

En Comodoro Py, frente a la sede del tribunal, había más prensa que manifestantes. Cristina Kirchner pidió en la noche del lunes, a través de su cuenta de Twitter, que sus simpatizantes no acudieran. Y no acudieron. No se repitió la gran protesta de 2016, cuando fue a declarar por primera vez. Solo un puñado de kirchneristas se alinearon junto a la entrada que embocó el vehículo de la expresidenta, y actual candidata a la vicepresidencia, para formar un pasillo humano de aplausos y vítores. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, cantaban.

Kirchner, con aspecto relajado, sonrió al descender de su automóvil y entró rápidamente en el edificio en compañía de su abogado, Carlos Beraldi. En la sala de la audiencia, en primera fila, ya estaban sentados el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio de Vido. Había expectación por el reencuentro de Kirchner con Báez y De Vido, que cumplen prisión provisional y a quienes la expresidenta jamás visitó. Pero el reencuentro tampoco se produjo. Quienes ya están en la cárcel tienen que sentarse delante; quienes permanecen en libertad van detrás, y Cristina  Kirchner, libre gracias a su aforamiento como senadora, se dirigió a las últimas filas.

A espaldas de los acusados se alzaba un cristal de protección. Del otro lado estaba el público. La presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quiso estar presente para animar a su amiga Cristina. También se sentaban entre el público dirigentes kirchneristas como el exministro Oscar Parrilli y el ex gobernador Sergio Uribarri, entre otros.

La sesión fue una simple formalidad. Consistió en la lectura de las conclusiones establecidas por el juzgado de instrucción y los fiscales. Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el gobierno de Mauricio Macri y están referidas a 51 obras públicas de seguridad vial en la provincia de Santa Cruz, feudo de los Kirchner, cuya ejecución fue adjudicada a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Austral se encargó del 82% de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (unos 80 millones de euros al cambio actual). Báez también está implicado en una presunta operación de lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein. Está previsto que el juicio se prolongue durante meses, sin necesidad de que Kirchner siga asistiendo.