Milei pedirá al Congreso el fin de la figura de feminicidio y las leyes de paridad de género

“Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género”, son los enemigos que enumeró el presidente argentino, Javier Milei, en su discurso el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos. Después del desguace y desfinanciamiento de las áreas y los programas del Estado que defendían los derechos de las mujeres, la batalla cultural contra lo que el mandatario ultra considera “el cáncer de la ideología woke” pretende ahora dar un nuevo paso: el Gobierno intentará eliminar la figura legal de feminicidio, los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales y los documentos de identidad no binarios. Para conseguirlo, deberá reunir en el Congreso una mayoría de apoyos que, por el momento, no parece tener.

A la diatriba de Milei contra el wokismo, vociferada en Suiza, la siguió la confirmación de que el Gobierno elabora un proyecto de “igualdad ante la ley”, con el que pretende derogar leyes y reglamentaciones relacionadas con la discriminación positiva. La información difundida por la Casa Rosada se completó este viernes con el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Porque esta Administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, sostuvo en sus redes sociales. “Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”, siguió.

Los argumentos del Ejecutivo ultraderechista consisten en que el feminismo “es una distorsión del concepto de igualdad” y esconde la “búsqueda de privilegios”, según dijo Milei en Davos. Allí también cargó contra la “agenda sanguinaria y asesina del aborto” y afirmó que, “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil; son pedófilos”. En su discurso, el presidente cuestionó que “si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”. De paso, también negó la brecha salarial de género: “Es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagadas que la mayoría de las mujeres”.

El proyecto que aspira a plasmar esas ideas en la realidad es elaborado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico y por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo. El propósito es dejar sin efecto las leyes de Identidad de género, de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, de Paridad electoral en ámbitos de representación política, así como la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género para empleados públicos. En todos esos casos, la reforma debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. El documento de identidad no binario, en cambio, fue aprobado en 2021 a través de un decreto, por lo que puede ser quitado por la misma vía.

La tipificación del feminicidio que Milei busca derogar fue aprobada por el Congreso argentino en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, un año antes de que la Organización de Naciones Unidas instara a los países a tomar medidas ante las “proporciones alarmantes” de asesinatos de mujeres y niñas a nivel mundial. El concepto fue incorporado implícitamente en el Código Penal como agravante del delito de homicidio y penaliza con prisión perpetua al hombre que asesine a una mujer en un contexto de violencia de género. De acuerdo con un informe preliminar del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2024 hubo 252 feminicidios en el país sudamericano. A la espera de los datos oficiales definitivos, organizaciones feministas contabilizan una cifra superior.

“Prácticas de odio”

Tanto los dichos de Milei como el proyecto de “igualdad ante la ley” anunciado por el Gobierno fueron criticados por organizaciones civiles y por referentes políticos opositores. “El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres por razones de género en Argentina. Reconocerlo nos permite visibilizar y sancionar este tipo de violencia”, advirtió Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos le reclamó al presidente, a través de un comunicado, “dejar de fomentar expresiones que incitan a la discriminación y atentan contra los principios de igualdad y respeto hacia todas las personas”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha (peronismo), apuntó que “Milei va en busca de una sociedad excluyente, desigual, opresora, y habilita prácticas de odio, de persecución, de violencia de clase, de género y de supremacía blanca”. Desde la izquierda, la legisladora Myriam Bregman alertó que la iniciativa del Ejecutivo no busca igualar ante la ley: “Mentira, lo hacen de puro misóginos. Precisamente, se contempló esa agravante porque no hay igualdad real entre los géneros, hay violencia machista que asesina mujeres y deja sin sus mamás a decenas de niños”. La Unión Cívica Radical (partido de centro) se solidarizó con los inmigrantes, las mujeres, los miembros de la colectividad LGTB y los militantes “despreciados y agredidos” por Milei. Y le exigió al mandatario que “cese con los agravios a quienes piensan diferente” y “deje a un lado sus guerras imaginarias y sus ansias de liderazgo mundial”.

El embate ultra contra las políticas públicas de género se inscribe en una larga serie iniciada desde el comienzo mismo del Gobierno de Milei. Tras asumir en diciembre de 2023, el presidente cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y también la Subsecretaría contra la violencia de género. Redujo al mínimo la línea telefónica 144 de acompañamiento a las víctimas de violencia y desfinanció los programas destinados a ayudarlas. Prohibió la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en toda la Administración nacional y arremetió contra la educación sexual integral en las escuelas —entre otras cosas, eliminó materiales y contenidos que consideró “ideologizados”—. Hace pocos meses, en noviembre pasado, Argentina fue el único país que votó contra una resolución de la Asamblea General de la ONU para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

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