España diseña una estrategia para ganar presencia en las instituciones europeas

España busca influir más en una Unión Europea que encara los mayores retos de su historia. Para lograrlo, importan las ideas, pero también los cargos. La representación española en los puestos clave de Bruselas se ha resentido enormemente en los últimos años. El declive, que comenzó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, se acentuó en el periodo del rescate bancario a España, a partir de 2012. Con la perspectiva de continuar en el poder, el Gobierno español está diseñando una estrategia para situar a españoles en puestos clave.

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El Ministerio de Exteriores lleva varios meses pergeñando un plan para ganar peso en las instituciones europeas. El Gobierno trabaja en dos líneas. La primera, inspirada por Josep Borrell cuando se convirtió en jefe de la diplomacia, consiste en fomentar la presencia de cargos intermedios en Bruselas. La segunda, reforzada por Pedro Sánchez, se centra en asegurar la presencia de socialdemócratas —y eventualmente de algún español— en los principales puestos de responsabilidad de la UE, hoy copados por cargos del Partido Popular Europeo.

España ha boxeado muy por debajo de sus posibilidades en todas las instituciones en los últimos años, en parte como consecuencia de su debilidad económica, en parte por la falta de estrategia de los Gobiernos del PSOE y del PP. El equipo socialista surgido de la moción de censura del pasado 1 de junio tomó enseguida conciencia de estas lagunas. Pero paradójicamente, la configuración del Ejecutivo agravó coyunturalmente el problema. La elección de Nadia Calviño —antes directora general de Presupuesto en la Comisión Europea— como ministra de Economía; de Luis Planas —secretario general del Comité Económico y Social Europeo— como titular de Agricultura, y de Cristina Gallach —alta funcionaria del Consejo de la UE— como alta comisionada para la agenda 2030 de la ONU agravó la infrarrepresentación española en Bruselas. El movimiento coincidió con la jubilación anticipada de uno de los directores generales españoles con mayor trayectoria, Xavier Prats. El resultado es que, de los tres o cuatro directores españoles que ha habido de media en el Ejecutivo comunitario —un marcador bastante modesto—, se ha pasado a dos.

Aunque la intención de fomentar la presencia de españoles en la sala de mandos de Bruselas existe desde el año 2000, fuentes de Exteriores confirman que ahora existe una intención estratégica y estructurada para incentivarla. El objetivo es que no haya que postular a nadie, de manera improvisada, para el primer hueco que surja, sino mantener un plan de promoción de cargos medios y favorecer la preparación interna para ese tipo de puestos.

Junto a esa estrategia, España tiene oportunidades inmediatas de ganar relevancia en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen el próximo 28 de mayo en una cumbre informal en Bruselas para esbozar, ya con los resultados de las elecciones europeas en la mano, el reparto de los principales cargos comunitarios. Tras los comicios habrá que elegir cuatro: presidencia del Consejo, de la Comisión y del Parlamento, además de alto representante, la cabeza visible de la UE para las relaciones exteriores. En liza está también el Banco Central Europeo (BCE), cuyo presidente, Mario Draghi, concluye su mandato en noviembre. “España tiene que jugar un papel determinante en la futura Comisión Europea”, aseguró Sánchez en la última cumbre europea, celebrada el día 9 en Sibiu (Rumania).

La única gran institución que ha encabezado España ha sido el Parlamento Europeo; la última vez, con Josep Borrell, de nuevo candidato por el PSOE a integrar esa institución. En la Comisión, Manuel Marín, que era vicepresidente en la época de Felipe González, ocupó la presidencia, aunque de manera interina (apenas dos meses en 1999), tras la caída del equipo del entonces presidente, Jacques Santer.

Para la próxima legislatura, las opciones, aún por perfilar, estarían en ocupar una gran vicepresidencia en el Ejecutivo comunitario, con más poder que las actuales, o la posición de alto representante, que ya desempeñó Javier Solana en 1999, cuando se creó ese puesto.

La erosión en la Comisión ha sido especialmente elocuente en el último mandato. Joaquín Almunia ocupó durante 10 años ininterrumpidos (entre 2004 y 2014) cargos muy destacados, primero Economía y luego Competencia, con rango de vicepresidencia. Con el inicio de la última legislatura europea, en 2014, Mariano Rajoy postuló a Miguel Arias Cañete, aunque el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, había sugerido a los gobernantes que tenían más opciones de lograr un buen puesto en el colegio de comisarios si presentaban mujeres, infrarrepresentadas en Bruselas. Rajoy mantuvo su elección y Cañete logró la cartera de Energía y Acción por el Clima, muy destacada para los retos medioambientales de Europa, pero sin estatus de vicepresidencia.

La falta de estrategia española contrasta con la de otros grandes países, como Italia, que tiene una nutrida representación en la cúpula comunitaria. También con la de algunos pequeños, como Portugal, que despliega una diplomacia muy activa y que ha colocado a dos de sus ciudadanos (José Manuel Durão Barroso como presidente de la Comisión y Mario Centeno como actual presidente del Eurogrupo) en Bruselas y, fuera de la UE, a António Guterres como secretario general de la ONU. La ausencia de músculo ha impactado, además, en una pérdida de voz española en las contribuciones a la reforma de la UE.