Leopoldo López afronta una orden de arresto refugiado en la Embajada española

La justicia venezolana, controlada por el chavismo, ordenó este jueves la detención del líder opositor Leopoldo López, refugiado en la Embajada española en Caracas desde la noche del martes. El dirigente opositor respondió asegurando desde la legación que no tiene “miedo” a la cárcel, en la que ya estuvo más de tres años, pero aclaró que no quiere volver a prisión. La contraofensiva del régimen de Nicolás Maduro llega dos días después de la operación liderada por Juan Guaidó para alentar con su liberación una rebelión civil y una fractura de la cúpula militar.

A última hora de la mañana, el juez tomó la primera medida formal contra el exalcalde de Chacao, uno de los municipios que conforman la capital. El juzgado, según informó el Tribunal Supremo de Justicia, “revocó la medida de detención domiciliaria al ciudadano Leopoldo López por violarla flagrantemente, además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas”.

Por su parte, el Gobierno español ha asegurado la tarde de este jueves que no tiene intención de entregar al dirigente opositor. El ejecutivo señala en un comunicado que "confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español".  Además, Jesús Silva Fernández, embajador español en Caracas, se ha reunido con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, con quien "ha tenido ocasión de analizar la situación", ha asegurado el Ministerio de Exteriores español en un comunicado. 

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Guaidó, jefe del Parlamento, reconocido como presidente por más de 50 países, liberó a López de su arresto domiciliario la madrugada del martes con la ayuda de un grupo de militares. Después de horas de movilizaciones, el político optó por solicitar protección en dependencias diplomáticas chilenas, aunque finalmente de allí se trasladó con su esposa, Lilian Tintori, y su hija a la residencia del embajador de España, Jesús Silva. En declaraciones a los periodistas en el jardín de la legación española, el dirigente opositor agradeció este jueves por la tarde al Gobierno español su apoyo, aunque precisó que seguirá como “huésped” en la residencia. También apuntó que los movimientos militares del pasado martes formaban parte de “un proceso que sigue en marcha”, confesó que durante su arresto domiciliario había estado hablando con miembros de las Fuerzas Armadas de todos los rangos mediando entre ellos, y por último recalcó que el pueblo no puede perder la esperanza del cambio porque precisamente eso es lo que quiere Maduro, apagar la esperanza. “El fin de la usurpación tendrá lugar en el plazo de unas semanas”, concluyó López.

El dirigente de Voluntad Popular, símbolo de la oposición venezolana, se encontraba cumpliendo condena en su casa desde julio de 2017 tras pasar más de tres años en la prisión de Ramo Verde. El tribunal emitió una “orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)”, que en caso de que López abandonara la residencia de la Embajada española, territorio inviolable, sería este cuerpo, que en la práctica es la policía política del chavismo, el encargado de su detención.

El tribunal especifica que “el mencionado ciudadano continúe cumpliendo su pena de 13 años de prisión —de los cuales ha cumplido cinco años, dos meses y doce días— en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde”, la cárcel a la que fue enviado en 2014. El líder opositor fue condenado en 2015 por participación en las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro.

Maduro se había limitado, de momento, a asegurar que la liberación de López no quedaría impune para los militares involucrados y los responsables políticos de lo sucedido. Anunció la misma noche del martes una investigación de la Fiscalía y exigió lealtad de las fuerzas armadas. “No puede haber impunidad”, dijo, acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. “Tiene que haber justicia para que haya paz”, continuó. El dirigente bolivariano evitó formular acusaciones formales contra Guaidó y López y optó por dejar el asunto en manos de la justicia.

Además de mantener el control de los resortes del Estado y de las fuerzas armadas, para la estrategia del régimen, cada vez más cuestionado internacionalmente, es crucial aparentarlo. Ese fue este jueves el objetivo del primer acto castrense convocado por Maduro desde el pasado martes. El mandatario presidió una demostración de fuerza, bautizada como Marcha por la Lealtad Militar a la Patria de Bolívar, en la que exigió obediencia a los solados venezolanos.

“Estamos en marcha otra vez porque hay que despertar, avivar el fuego sagrado de los valores de los militares venezolanos para el combate que estamos dando contra el imperialismo, contra los traidores y golpistas”, enfatizó. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida, disciplinada, obediente a los principios y valores. Tiene que mostrarse ante el mundo como una fuerza nacional de paz y cada vez más socialista”, agregó.

Actos con militares

Los actos con militares, fuerzas de seguridad y milicianos son muy frecuentes en Venezuela, donde las fuerzas armadas cuentan con más de 250.000 efectivos. A menudo se desarrollan entre aspavientos y unos toques de sobreactuación difíciles de entender fuera de sus fronteras. Ese estilo se debe a que los soldados son, en definitiva, la columna vertebral del poder político. Maduro y el ministro de Defensa han mantenido las riendas de sus mandos. Las deserciones de uniformados que apoyan la causa de Guaidó apenas son unos millares. No obstante, la coyuntura actual, en la que Guaidó promete resistir en la calle de manera indefinida —las movilizaciones de esta semana ya han dejado cuatro muertos, según el cálculo de la oposición— y no ha renunciado a quebrar la unidad del Ejército, es inédita.

En este contexto Maduro decidió parapetarse en la retórica militar, en la exhibición de músculo y en infundir temor en la población, agitando el fantasma de una guerra.

“En el caso de este momento histórico la lealtad es un valor colectivo que se ejerce para exigirnos ser mejores, ser cada vez más honestos y eficientes. Para que por el poder disuasivo nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado ni a traer la guerra a Venezuela”, mantuvo ante miles de uniformados en referencia a las advertencias de la Administración de Donald Trump, que juega desde hace meses con la idea de una intervención, aunque nunca ha llegado a concretar su plan.

“El imperio invierte para dividir, para decirle al mundo que arrancó una guerra civil en Venezuela. Cuántos muertos habría si aquí acaba una guerra civil, cuánta destrucción física”, prosiguió. Guaidó siempre ha negado la posibilidad de un enfrentamiento entre venezolanos. Su argumento, que ha expresado en al menos dos ocasiones en conversación con EL PAÍS, es que la gran mayoría de la población quiere un cambio y desea la salida de Maduro del poder.