“Habrá demandas contra empresas españolas en los próximos meses”

Nick Gutiérrez, de 55 años, jurista cubano-estadounidense que asesora a medio centenar de familias de origen cubano cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista, asegura que “se puede esperar que se presenten demandas contra empresas españolas en los próximos meses”. “La primera sería Meliá, pero también Blau e Iberostar se encuentran en situaciones similares”, asegura Gutiérrez, al frente de la Asociación de Hacendados Cubanos, en una entrevista con EL PAÍS en un lujoso hotel de la ciudad.

Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, al que el régimen castrista confiscó terrenos que ocupan 50 kilómetros de costa en Holguín, ya ha iniciado en Palma de Mallorca un procedimiento contra Meliá, que opera en dicha propiedad. “Ese litigio se basa en el Código Civil español, por traficar con propiedad robada, sabiendo que es robada”, explica Gutiérrez.

Asegura que la familia aún no ha tomado la decisión de si demandar o no también en Estados Unidos, en virtud de la ley Helms-Burton. “Estamos estudiándolo”, explica. “No queremos hacer nada que entorpezca el proceso en España. Se hizo allí porque en ese momento no estaba en vigor el Título III de la ley estadounidense y no se podía demandar aquí. Pero, aunque decidiéramos no ir contra Meliá aquí porque ya estamos litigando en España, hay otros agentes españoles como Blau o Iberostar que están en la misma propiedad. Y hay otras familias dueñas legítimas de propiedades en la isla donde opera también Meliá. La idea es ir contra la empresa por distintas propiedades”.

Para poder demandar, entre otros requisitos, la ley exige que las compañías tengan propiedades en Estados Unidos. De prosperar las demandas, estas podrían ser ejecutadas por Estados Unidos para resarcir a los demandantes. Asimismo, en virtud del título IV de la ley, podrían rescindirse los visados para entrar en Estados Unidos a los gestores de las empresas o sus familiares.

“Lo más favorable sería que la amenaza de la demanda colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles les lleve a buscar un acuerdo económico”, explica Gutiérrez. “Ni Gabriel Escarrer [presidente de Meliá] ni ningún empresario español quiere estar en una lista con narcotraficantes, terroristas… Esperamos que estas compañías se acerquen a las familias y traten de llegar a un acuerdo. Técnicamente lo que harían es obtener el consentimiento del dueño para operar allí. Los demandantes no pueden regresar ni recuperar las propiedades en Cuba, como esperamos hacer algún día. En esencia sería que nos paguen por el uso de la propiedad, mientras no podemos utilizarlas, y de esa manera evitan el riesgo de las demandas o la revocación de visas. Una cantidad de dinero a cambio de un permiso”.

Según Gutiérrez, llevan años de reuniones con representantes de Meliá, que gestiona 34 hoteles en la isla, y “llegaron a ofrecer saldos millonarios, pero se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que Estados Unidos no iba a ejecutar el título IV, y el título III ni se soñaba en aquella época”. La portavocía de comunicación de Meliá no ha respondido a la petición de comentario de EL PAÍS, pero emitió un comunicado alegando que no son propietarios de bienes ”que pudieran ser objeto de potencial reclamación" y que su papel es el de “meros gestores hoteleros".