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La justicia europea obliga a Hungría a alimentar a una solicitante de asilo

El Comité Helsinki denuncia que las autoridades del país se negaron a proporcionar comida a una mujer afgana detenida en una zona de tránsito de la frontera con Serbia con sus tres hijos menores

Refugiados se agolpan en la frontera húngara con Serbia en 2015.
Refugiados se agolpan en la frontera húngara con Serbia en 2015.ARMEND NIMANI (AFP)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordena al Ejecutivo húngaro que entregue alimentos a los migrantes detenidos en la zona de tránsito en la frontera de Hungría con Serbia. Según denuncia la ONG Comité Helsinki, las autoridades húngaras se habían negado a proporcionar comida a una mujer de nacionalidad afgana detenida junto a sus tres hijos menores de edad en la zona de tránsito de Röszke, al sureste del país. Una situación que, según reporta esta ONG, se ha repetido en una docena de ocasiones desde agosto de 2018. 

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“Privar a personas detenidas de comida por varios días es una forma de tortura. Es absurdo tener que pedir la intervención urgente del Tribunal de Estrasburgo para impedir que eso ocurra en un estado de la Unión Europea en 2019", sostiene Gábor Gyulai, director del programa de asilo del Comité Helsinki en Hungría. Mientras que esta solicitante de asilo no tenía derecho a un plato de comida, las autoridades húngaras sí que alimentaban a sus tres hijos, menores de edad. "Los pequeños se ven obligados a compartir el plato con su progenitora. El impacto psicológico que sufren estos niños es tremendo", relata Gyulai por teléfono.

Sin comer en las puertas de Europa

La mujer afgana y los menores huyeron del régimen talibán e intentaron entrar a Europa por la ruta de los Balcanes. El 10 de diciembre de 2018 fueron admitidos en la zona de tránsito de Röszke, una instalación donde se confina a los migrantes a la espera de resolver su situación. Su solicitud de asilo fue rechazada, también el recurso que presentó ante un tribunal local. La apelación también fue denegada.

En estos casos, según la legislación húngara, las personas que dejan de ser solicitantes de asilo pasan a considerarse inmigrantes irregulares y quedan a la espera de ser retornados. Hasta que se soluciona su situación, pueden ser detenidos en centros de detención (donde sí que se garantiza la alimentación) o en las zonas de tránsito. "El problema es que la legislación húngara no menciona estas zonas de tránsito y, por este motivo, las autoridades no se ven obligadas a dar comida a esta gente", explica Gyulai.

"Privar a personas detenidas de comida es una tortura. Es absurdo pedir la intervención del Tribunal de Estrasburgo para impedir que eso ocurra en un Estado de la UE", dice Gábor Gyulai, del Comité Helsinki

El Ejecutivo de Orbán se vale de este vacío legal para disuadir a los migrantes que quieren entrar en el país centroeuropeo, según denuncian las ONG. “Privarlos intencionadamente de comida es una práctica sin precedentes en Europa", señala Gyulai. Según él, este tipo de medidas tienen como objetivo producir un "impacto disuasivo".  Y lo está consiguiendo. El primer ministro húngaro ha conseguido que las solicitudes de asilo presentadas en este país de la UE hayan caído un 98% entre 2016 y 2018 según datos del Comité Helsinki. Su férrea política antinmigratoria le ha separado de los socios comunitarios y le ha valido la suspensión de su partido, Fidesz, del grupo popular europeo

"Sin la protección de nuestra cultura cristiana, vamos a perder Europa, y Europa ya no pertenecerá a los europeos", declaró Orbán el pasado 15 de marzo, que se erige como el defensor de los valores cristianos del Viejo Continente. En su cruzada contra la inmigración, el líder ultraconservador de Fidesz aprobó en 2018 la llamada Ley Stop Soros, que castiga con penas de hasta un año de cárcel a los grupos o individuos que ayuden (o simplemente asesoren) a los inmigrantes irregulares. Esta polémica medida le ha valido la apertura de un expediente sancionador de Bruselas. Pero a primeros de este mes, una sentencia del Tribunal Constitucional de Hungría declaró constitucional esta normativa. 

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