Bolsonaro enfrenta su primera gran prueba con la reforma del sistema de pensiones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasa su primera gran prueba con la presentación de su proyecto de reforma del sistema de pensiones, un imperativo en un país que vive el envejecimiento acelerado de la población. Mes y medio después de asumir el poder, el mandatario ultraderechista pondrá a prueba su popularidad entre diputados y senadores después de un inicio de mandato turbulento marcado por su primera crisis de Gobierno y la revelación, esta misma semana, de sospechas de corrupción en la campaña política de su formación política, el Partido Social Liberal (PSL). También por la creciente e incómoda influencia de uno de sus hijos en las decisiones del presidente.

Bolsonaro trata ahora de cambiar el rumbo de su Gobierno —y de la cascada de noticias negativas en sus 50 primeros días al frente de la mayor potencia latinoamericana— con una reforma de pensiones que se antoja fundamental para las cuentas públicas brasileñas: el déficit del sistema puede alcanzar este año los 79.600 millones de dólares este año. La propuesta que el Gobierno ha presentado este miércoles a los legisladores pasa por que los jubilados en el sector privado —que hoy se retiran, de media, a los 55 años— se jubilen más allá de los 62 (en el caso de las mujeres) o de los 65 (en el caso de los hombres). Según la ley actual, las pensiones se calculan en función del tiempo cotizado, que va de un mínimo de 15 años a un máximo de 35: cuanto más tiempo permanece la persona en el sistema, mayor pensión tendrá en el futuro. Solo hay un límite a esta cuantía: 5.840 reales mensuales (1.574 dólares), el equivalente a casi seis salarios mínimos.

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El plan, además, de fijar edades mínimas de retiro, establece que aquellos que quieran cobrar la jubilación completa deberán contribuir al sistema durante un mínimo de cuatro décadas. El equipo económico de Bolsonaro afirma que con la reforma —que aún debe superar la tramitación parlamentaria— el Estado lograría un ahorro en la próxima década de 1,16 billones de reales (algo más de 311.000 millones de dólares). Ese dinero, sostiene, permitiría una reducción del déficit fiscal, que se atribuye parcialmente a las cargas del sistema de pensiones.

La legislación actual, que ha permitido una jubilación temprana —a los 50 años, en muchos casos— a toda una generación de brasileños, está cerca de tocar a su fin en un país que ve cada día más cerca al fin el bono demográfico. Si en 1992 había un jubilado por el Estado para cada 12 brasileños —trabajadores o no—, en 2015 esta ratio pasó a ser de uno a siete. Y según los cálculos del Ejecutivo, por una cuestión puramente demográfica, en tres décadas el número total de jubilados se triplicará. Una dinámica que exige cambios urgentes, más aún teniendo en cuenta el aumento en la esperanza de vida.

El proyecto de Bolsonaro prevé la creación de un sistema de capitalización privada de pensiones, a imagen y semejanza del que existe en Chile —muy criticado por varios colectivos de la propia sociedad chilena y que el Ejecutivo de Sebastián Piñera planea reformar—, y una mayor contribución de trabajadores públicos, que hoy tienen mejores condiciones de jubilación que los que actúan en el sector privado. Aún falta presentar una propuesta para los militares —un colectivo clave en el nuevo equilibrio de poder de Brasilia— , que quedará para más adelante. 

Bolsonaro entregó en el Congreso a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el proyecto que su Gobierno defiende. “Contamos con su compromiso para salvar a Brasil económicamente. No tenemos otra salida”, dijo el ultraderechista, rodeado de parlamentarios. El mandatario brasileño esquivó a la prensa para evitar preguntas sobre la crisis que atraviesa su Gobierno tras el culebrón que desembocó el lunes en la dimisión de un ministro, Gustavo Bebianno, titular de la Secretaria General de la presidencia y presidente del PSL durante la campaña electoral que llevó a Bolsonaro a la presidencia.

Bebianno había recibido fuertes críticas por parte de uno de los hijos del presidente, Carlos Bolsonaro, que lo había acusado de mentir cuando el ya exministro dijo a la prensa brasileña que había conversado con el presidente poco antes de haber recibido el alta hospitalaria, la semana pasada. El presidente pasó 17 días hospitalizado para que le retiraran la bolsa de colostomía con la que tuvo que cargar tras el ataque con un cuchillo sufrido en septiembre del año pasado, en plena campaña. Su alta coincidió con su caída en el ojo de un huracán, con varias informaciones en el diario Folha de São Paulo sobre financiación sospechosa del PSL.

La tensión entre Bebianno —que lideraba el partido— y Carlos Bolsonaro culminó con la publicación de un intercambio de mensajes de Whatsapp entre el presidente y Bebianno, ampliamente divulgado por la prensa brasileña desde este martes. Era la prueba concreta de que Bebianno no había mentido y de que el presidente y su hijo no habían sido transparentes al destituirle. La propuesta de la reforma de las pensiones del Gobierno ha sido presentada en plena tormenta, una circunstancia de la que los legisladores no esconden que tratarán de aprovechar en su favor en la negociación con el ultraderechista.