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ARCHIPIÉLAGO
Columna
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Ignorancia atrevida (Sardinata, Norte de Santander)

A los líderes sociales los matan en las puertas de sus casas, se está llevando a cabo un exterminio que es la medida de nuestro fracaso. Están imponiéndonos un silencio temible de camposanto

Ricardo Silva Romero

Pedir justicia es un viacrucis en un país que día a día pide auxilio. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de enero de 2019, según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 438 líderes sociales han sido asesinados sistemáticamente por las bandas criminales que reclaman a sangre y fuego las tierras que los procesos de paz han tratado de recuperar: corrijo la cifra como describiendo un reloj, 439, 440, 441, porque en estos días la lideresa Maritza Ramírez fue asesinada a los golpes en Agua Clara, el defensor Samuel Gallo fue acuchillado en un local de El Peñol y el señor Luis Alfredo Contreras fue torturado con ácido antes de ser fusilado por haberse atrevido a coordinar la sustitución de cultivos en Sardinata, Norte de Santander. Y es claro que las tropas de los despojadores quieren quedarse con todo. Que están llevando a cabo un exterminio que es la medida de nuestro fracaso. Que están imponiéndonos un silencio temible de camposanto.

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Y es lo mínimo pedirles a los conductores de la derecha errática que nos gobierna, que al menos se han sometido a las reglas de la democracia, que paren ya con la manía violenta en la que han caído en estos cinco largos meses en los que han tenido el país en sus manos: la manía de acallar a sus críticos.

Desde la cuenta de Twitter de la directora del partido de Gobierno no solo se calumnia olímpicamente a la periodista Vicky Dávila, sino que se monta una campaña sucia contra el medio en el que ella trabaja: la W Radio. Desde la cuenta de la Superintendencia de Notariado, “la guardia de la fe pública”, se ataca a dos periodistas que suelen tener contra las cuerdas a los políticos impunes. El fiscal Martínez, sitiado, reduce a conspiradores a los reporteros que lo han puesto en evidencia: peor imposible.

Y la vicepresidenta Ramírez, que sonó sensata hasta que llamó “amargada" a una columnista y criticó a nuestros periodistas por no llamar a Maduro “dictadorzuelo” sino “presidente”, al cierre de esta edición no entendía por qué tenía que renunciar el gerente de RTVC —nuestro desdeñado conglomerado de medios públicos— luego de la aparición de un audio que prueba que censuró y persiguió a un periodista que criticó un proyecto de ley del Gobierno. Bien ido, si se va, Bieri, el mentado gerente. En la grabación queda claro que, tal como lo demostró cuando impidió que un par de reporteros serios le hicieran preguntas al presidente en una entrevista en la Radio Nacional, no se sentía un administrador sino un jefe de propaganda. Es obvio que lo suyo era un peligroso caso de ignorancia atrevida.

Pues, tal como me lo contó un funcionario de RTVC con taquicardia, dedicó sus penosos meses en la gerencia a arruinar el trabajo de estos medios públicos nuestros que le han dado gran importancia a la televisión para niños —y soñaba con reemplazar estos aburridos canales de documentales regionales con canales divertidos y luminosos—, pero sobre todo se consagró, como se repitió hasta el cansancio en los pasillos de RTVC, a librar de “mamertos” a una institución que llamaba “la empresa”: valga decir que cierta derecha colombiana llama “mamertos”, sin humor y con sangre en la boca, a quienes considera “izquierdosos irredentos”, para que sea claro que ciertos funcionarios del nuevo Gobierno creen tener por delante la tarea de perseguir a aquellos que se resistan más de la cuenta a los postulados de la derecha.

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No hay que ser un teórico de la conspiración para notar la sistematicidad en los ataques a los periodistas, a los críticos, a los opositores. A los líderes sociales los matan en las puertas de sus casas: ¡silencio! A los “mamertos” los purgan. Y hay que gritar auxilio para que la justicia empiece su lenta marcha.

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