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EE UU acusa a Huawei de robar tecnología y violar las sanciones contra Irán

La acción legal se anuncia a pocos días de que se retomen las negociaciones comerciales entre EE UU y China

Las autoridades estadounidenses anuncian los cargos a Huawei.Vídeo: JOSHUA ROBERTS (REUTERS) / REUTERS-QUALITY

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pasa a la acción y hace pública una serie de inculpaciones contra la tecnológica china Huawei, dos de sus filiales y su directora financiera, Meng Wanzhou. Son un total de 23 cargos, que se presentaron ante el tribunal federal en Brooklyn. Se le acusa de fraude bancario, obstrucción de la justicia, conspiración, violar el régimen de sanciones a Irán y robar secretos comerciales al operador T-Mobile US.

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Se trata en realidad de dos casos que van en paralelo y que no hacen más que elevar la presión sobre el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. Un hecho que posiblemente aumentará la tensión entre las dos potencias. EE UU busca de esta manera evitar que las compañías estadounidenses adquieran su tecnología. Wanzhou, hija del fundador, fue arrestada el pasado mes de diciembre en Canadá a solicitud de las autoridades de EE UU.

En el primer caso, se revelaron 10 cargos federales contras dos filiales de Huawei por el robo de tecnología al operador de telefonía T-Mobile. En el segundo, se presentaron 13 cargos dirigidos contra el grupo chino y la ejecutiva relacionados en este caso con la violación del régimen de sanciones a Irán. Christopher Wray, director del FBI, asegura que la compañía actuó de una manera “descarada y persistente” al explotar a empresas e instituciones financieras estadounidenses. Esta conducta, añade, representa una amenaza al “mercado global libre y justo”.

El arresto de Wanzhou fue calificado como una provocación por parte de las autoridades chinas. La ejecutiva está actualmente en libertad vigilada tras pagar una fianza. En breve tendrá que comparecer de nuevo ante el juez canadiense en el marco del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. La petición formal se hará antes del próximo 30 de enero.

En el caso concreto del robo de tecnología a T-Mobile US, la demanda hace mención a un sistema llamado “Tappy” que creó el operador para probar los teléfonos móviles que salen al mercado. Las autoridades estadounidenses afirman que las alegaciones presentadas en los dos casos se remontan una década. “Huawei y sus principales ejecutivos se negaron repetidamente a respetar la legislación de EE UU”, insiste Wray al referirse a la usurpación de secretos comerciales.

Por su parte, Pekín ha pedido a Washington que "acabe con su injustificada represión a las empresas chinas y que las trate de manera objetiva y justa". "China está muy preocupada por la demanda penal presentada por el Departamento de Justicia contra Huawei y su directora financiera, Meng Wanzhou", ha asegurado el Ejecutivo chino en un comunicado.

Negociación comercial

La acusación contra la hija del fundador de Huawei y la empresa se hizo pública solo unas horas después de que la Casa Blanca anunciara que el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse esta semana con el vice primer ministro chino, Liu He. Será coincidiendo con la vista a la capital estadounidense de una delegación para tratar de avanzar en las negociaciones comerciales entre los dos países.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que espera lograr un “progreso significativo” en este encuentro. Una de las prioridades de Washington es conseguir que China cumpla sus compromisos a la hora de proteger la propiedad intelectual. Así mismo, busca que el pacto ponga fin a la política china de obligar a las empresas estadounidenses a establecer asociaciones con compañías locales.

La delegación china que liderará Liu He estará integrada por una treintena de altos funcionarios. Los dos países se pusieron de plazo hasta el próximo 1 de marzo para llegar a un acuerdo, tras darse una tregua de tres meses durante la que las dos partes se comprometieron a no imponer nuevos aranceles. En la actualidad se aplica el impuesto a transacciones en bienes valorados en 360.000 millones de dólares.

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