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El Parlamento Europeo aprueba congelar fondos a países que violen el Estado de derecho

La regulación, que debe ser acordada con el Consejo de la UE, se extiende a reformas que vulneren derechos fundamentales

Imagen del peno de la Eurocámara en Estrasburgo.
Imagen del peno de la Eurocámara en Estrasburgo. EFE

Bruselas dispone de mecanismos sancionadores para castigar los derrapes fiscales de sus países miembros. Sin embargo, carece de mecanismos para poner a raya a Estados que desplieguen legislaciones que socaven el Estado de derecho. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una regulación por la que la Comisión Europea pueda bloquear, e incluso suspender, fondos del presupuesto comunitario a países que emprendan reformas que violen la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, los derechos fundamentales o de las minorías o la competencia desleal en materia fiscal. El documento debe ser pactado ahora con el Consejo de la UE antes de su aprobación final, donde se prevé que se tope con las resistencias de países como Polonia o Hungría.

Los casos de Hungría y Polonia pusieron de manifiesto la dificultad de la Comisión Europea para actuar frente a su deriva autoritaria. A pesar de que Varsovia acabó acatando las directrices comunitarias, el Ejecutivo comunitario quiso dotarse de instrumentos para poder intervenir de forma directa. La socialista Eider Gardiazabal, ponente de la propuesta de reglamento, explica que la principal dificultad residía en que los tratados no contemplan sanciones directas en estos casos. La vía que se ha hallado finalmente ha sido la de congelar, e incluso suspender, fondos presupuestarios en casos en los que un país emprenda reformas contrarias a la normativa comunitaria.

El documento (aprobado por 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones) debe ser negociado ahora con el Consejo de la UE. Según fuentes comunitarias, la presidencia rumana está interesada en empezar a hablar sobre su contenido en breve a pesar de sus disputas con la Comisión Europea por las reformas judiciales de las que ha advertido el Consejo de Europa. Aun así, el texto se enfrenta a las reticencias de países cuya deriva autoritaria sigue inquietando en Bruselas, como Polonia y Hungría, y de Estados tradicionalmente celosos de su soberanía fiscal, como Irlanda.

En caso de prosperar, el mecanismo entraría en vigor en 2021, con el nuevo Marco Financiero Plurianual, y se activaría con un informe motivado de la Comisión Europea. Esta debería basarse, entre otros documentos, en textos del Consejo de Europa, el Tribunal de Cuentas y los dictámenes que elabore una comisión de expertos independientes. El Ejecutivo comunitario tendría que explicar, además, el alcance de la actuación, es decir, qué fondos podrían verse afectados. Ese documento pasaría al Consejo de la UE, que debería dar luz verde con una mayoría cualificada, y al Parlamento Europeo.

Con este sistema, la Eurocámara sortea la unanimidad pero a la vez da garantías a los países que ven en esta normativa una injerencia de la UE en su soberanía. “No es una intromisión, sino que la Unión debe velar por que se cumplan sus derechos y valores, desde la igualdad de género hasta la no discriminación a las minorías y a colectivos”, explica Gardiazabal.

Llegada de los fondos a sus destinatarios

Los países miembros tendrán tiempo para alegar e incluso para rectificar. Si en un periodo de dos años no han cambiado el rumbo, sin embargo, esos fondos quedarán suspendidos y se quedarán en el presupuesto comunitario. A pesar de que la Comisión Europea al principio puso el foco en los países que emprendían reformas judiciales que socavan el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, el Parlamento Europeo ha ido más allá y ha incorporado incluso aspectos fiscales. Eso, según fuentes parlamentarias, suscitó recelos en las filas populares. En todo caso, la normativa debe pasar el filtro de los Estados en el Consejo de la UE, por lo que todavía puede estar sujeta a modificaciones.

Tanto la Comisión como el Parlamento, no obstante, querían procurar que en ningún caso ese castigo a los países se trasladara a los ciudadanos. Por ello, obligarán al Estado que los fondos lleguen a su destinatario final a través de sus arcas. La regulación fija un mecanismo para controlarlo. En caso de que eso no suceda, la Comisión ingresará ese dinero directamente al beneficiario y recortará de otro lado las aportaciones al país miembro.

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