Bruselas inicia el procedimiento contra Polonia por autoritarismo

Bruselas ha activado por primera vez un mecanismo legal que permite imponer sanciones a los países miembros que violen el Estado de derecho. La Comisión Europea considera que dos de las normas aprobadas hasta ahora por el nuevo Gobierno ultraconservador de Polonia justifican la aplicación de este marco, que pone al país del Este bajo la lupa de las instituciones europeas. Los cambios que ha aplicado Varsovia al Tribunal Constitucional y el hecho de que el Gobierno no haya respetado dos de sus decisiones "constituyen un asunto serio", ha argumentado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.

Con la puesta en marcha de esa herramienta, Bruselas comienza ahora una etapa de evaluación y diálogo con las autoridades de Varsovia para intentar aclarar los hechos (relativos al Tribunal Constitucional y a la ley que refuerza el control sobre los medios públicos) y decidir si continúa adelante con medidas más coercitivas frente al Ejecutivo polaco. Esa fase durará hasta medidados de marzo, ha asegurado Timmermans, que defiende este "enfoque de cooperación" y se declara dispuesto a viajar a la capital polaca para discutir personalmente con los ministros sobre estas nuevas normas.

"El objetivo es resolver la situación, no abrir ninguna polémica", ha precisado Timmermans, consciente de que abrir una ofensiva contra la sexta economía de la UE es algo más que un proceso de infracción habitual contra cualquier país miembro. El número dos de la Comisión ha enviado este mismo miércoles una carta al Gobierno polaco en la que aclara que su intención no es "cuestionar ninguna de las decisiones democráticas adoptadas por el pueblo polaco", como valoraba Varsovia la intervención de Bruselas en sus procesos legales.

El llamado mecanismo de Estado de derecho es un procedimiento que escruta, en tres fases, los usos democráticos de un país. La primera -la ratificada hoy- consiste en un proceso de diálogo y consulta sobre los elementos que provocan inquietud en las autoridades europeas. En una segunda fase, la Comisión lanzaría recomendaciones para corregir los incumplimientos. Si no se saldase el conflicto, la Comisión tendría en su mano aplicar sanciones, que en última instancia contemplan despojar al país de sus derechos de voto en la UE. Nunca se ha recurrido a esta opción. La clave para activar esta herramienta consiste en que las amenazas observadas en el país tengan carácter sistémico, no aislado.

"Especulaciones de Europa occidental"

Lejos aún de ese escenario, el presidente de la Comisión, Juncker, y sus 27 comisarios han discutido este miércoles, a puerta cerrada, si los excesos mostrados por el Gobierno ultraconservador que ganó las elecciones en Polonia el pasado octubre justifican la utilización de este instrumento. Y así lo han considerado. Es la primera vez que Bruselas lo utiliza (existe desde marzo de 2014) y algunos miembros del brazo ejecutivo de la UE temen que aplicarlo solo fortalezca a las nuevas autoridades polacas. Pero la Comisión cree que la aprobación de una ley que dificulta el bloqueo de normas gubernamentales por parte del Tribunal Constitucional y de otra que estrecha el control sobre los medios públicos justifican la alarma.

El Gobierno de Beata Szydlo —dirigido en la sombra por el ultranacionalista Jaroslaw Kaczynski— ha respondido con tibieza. Su portavoz ha querido quitar hierro al proceso al asegurar que se trata de un procedimiento ordinario, aunque lo enmarca en una especie de pugna Este-Oeste: "Es una medida de búsqueda de información que hace la Comisión basándonse en algunas especulaciones que han surgido en Europa occidental".

Antes de eso, el Ejecutivo había contraatacado con fuerza. Varsovia envió la noche del lunes la segunda carta de respuesta a las objeciones que le había planteado Bruselas. Tras contestar duramente la semana pasada sobre la ley de medios, Polonia aun ha elevado el tono como respuesta al reproche sobre el Constitucional. El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, deplora las “acusaciones injustificadas y conclusiones injustas” que le lanza Frans Timmermans, al que culpa de “intentar ejercer presión” sobre las autoridades nacionales, según la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS.