Bolsonaro insiste en dar impunidad a los policías al afrontar su primera crisis de seguridad
El nuevo presidente de Brasil envía 300 agentes a Ceará tras dos días de ataques incendiarios
La inseguridad ha irrumpido con fuerza en la agenda del nuevo presidente de Brasil cuando ni siquiera ha completado una semana en el cargo. La respuesta del ultraderechista Jair Bolsonaro a dos días de ataques con cócteles molotov en el Estado de Ceará ha sido doble este viernes: desplegar 300 agentes de la policía militarizada en este Estado de la costa noreste y apremiar en un tuit a los diputados y los jueces a que respalden la ley con la que pretende dar impunidad a los policías que maten delincuentes en acto de servicio para reducir las altas tasas de criminalidad.
Los despliegues policiales como el ordenado este viernes por el Gobierno federal son frecuentes en Brasil, pero los últimos incidentes violentos en Ceará —con unos 40 ataques incendiarios en dos días contra autobuses, edificios públicos y autobuses— son un recordatorio al nuevo presidente de lo urgente que es para la ciudadanía una mejora drástica de la seguridad. Es, con la corrupción, el tema que más frecuentemente mencionan los votantes del militar retirado cuando se les pregunta cuál debe ser el primer asunto sobre su mesa en Planalto.
Bolsonaro ha insistido desde que es presidente en sus promesas de flexibilizar la compra y posesión de armas por parte de la ciudadanía –pretende aprobar un decreto ya en enero—para combatir el crimen. Pero a su juicio eso no bastaría. “Sin garantías necesarias para que los agentes de seguridad pública actúen en favor del ciudadano de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad a la que los brasileños exigen. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen que asumir este compromiso urgentemente”, ha tuiteado. Brasil registró 64.000 muertes violentas en 2017; la policía admite que sus agentes causaron 5.000 de ellas. Los expertos recuerdan que, de todos modos, no es frecuente que en esos casos los uniformados sean procesados.
El Estado de Ceará, ubicado en una ruta del narcotráfico, es precisamente uno de los más violentos del país. El encargado de autorizar el despliegue allí ha sido el ministro de Justicia, Sérgio Moro, el antiguo juez de la operación Lava Jato y un auténtico héroe para los bolsonaristas. Los incidentes, que se han extendido a 13 ciudades, han alterado notablemente la vida en la capital del Estado, Fortaleza (2,6 millones de habitantes). Solo un tercio de los autobuses está circulando y lo hace con escolta policial y parte del comercio ha tenido que cerrar.
No se sabe con certeza qué originó los ataques, pero existen indicios de que el anuncio del recién reelegido gobernador, Camilo Santana, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), de que pretende debilitar el poder de las bandas criminales en las cárceles ha exacerbado los ánimos de los delincuentes. El despliegue ofrecerá la primera muestra de cómo funciona la colaboración entre el Gobierno bolsonarista y un gobernador del demonizado PT. “Es un momento de unión de todas las fuerzas para garantizar el orden y la protección de todos los cearenses”, ha declarado Santana.
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