El beneficio de la duda (Subachoque, Cundinamarca)

Nuestro despropósito de la semana puede resumirse en esta frase: “Hay que darle el beneficio de la duda al fiscal”. ¿A quién aquí le parece una buena idea que el fiscal general de la nación, el funcionario que según la Constitución debe investigar “a los altos servidores que gocen de fuero constitucional”, sea el curtido fundador de una importantísima firma jurídica que ha defendido a tantas multinacionales, un abogado financiero que ha sido el asesor principal de los hombres más ricos de Colombia, un político avezado que ha hecho parte fundamental de los gobiernos de Gaviria, de Samper, de Pastrana y de Santos? Dicho de otro modo: ¿a quién, que no haga parte de la secta del poder, puede parecerle una buena idea que el gran investigador del pico de la pirámide del país sea Néstor Humberto Martínez Neira? A nadie.

Al presidente Santos, quizás, que contra las alertas incluyó su nombre en la terna luego de un largo proceso con visos de farsa en el que participaron 113 candidatos. A los diecisiete magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en noviembre de 2016 votaron por él a pesar de las críticas y de los indicios que se caían de su peso.

Digo esto porque esta semana murió de un infarto el señor Jorge Pizano, el “controller” que dedicó los últimos tres años de su vida a no dejarse hundir y a señalarle a la compañía Corficolombiana, socia de la constructora brasilera Odebrecht, una serie de giros injustificados de miles de millones de pesos. Pizano falleció el jueves 8 de este mes. Su hijo Alejandro, que había viajado de Barcelona a Bogotá para el funeral, lo siguió el domingo 11 luego de beber una botella de agua –que encontró en el estudio de su casa en Subachoque– sin imaginar que tenía cianuro. Y desde esa misma noche los medios de comunicación han estado revelando una sucesión de archivos secretos y un par de grabaciones de agosto de 2015 en las que Pizano le advierte a su amigo Martínez Neira, entonces el abogado de Corficolombiana, de las millonarias irregularidades.

Y más allá de que el ahora fiscal general se haya declarado impedido para investigar un caso que conoció cuando apenas era uno de los abogados más poderosos de Colombia, más allá de la vehemente defensa del presidente Duque a “un fiscal que ha puesto la cara”, y más allá de las conjeturas y de los sensacionalismos y de las tramas macabras, que algún día aprenderemos a dejarlas en manos de la justicia, ha sido contraevidente que –si el objetivo sigue siendo la justicia– es hora de que la Fiscalía deje de estar en manos de las partes. Desde que fue creada, por la Constitución de 1991, no ha sido nada fácil que la Corte elija un jefe investigador que no esté metido hasta el cuello en esta clase política que se muerde la cola. Y elegir a Martínez Neira ha sido la prueba reina de que sólo la opinión pública anhela un fiscal independiente.

El Dios delegado para Colombia impuso a nuestros periodistas la misma condena que Apolo impuso a Casandra en la mitología griega: que nadie les crea los vaticinios hasta el día terrible en que sucedan. Ahora mismo nos está pasando apenas lo que nos iba a pasar. Que, como ha sucedido con tantos fiscales generales en estos veintisiete años de fiscalía, en algún momento iba a pasar que las grandes destrezas que la clase política le había reconocido a Martínez iban a volverse los impedimentos insalvables que pueden enturbiar de arriba abajo su gestión. Hay que darle el beneficio de la duda al fiscal, ni más faltaba. Pero la frase es absurda y delirante y digna de un thriller de Netflix si la idea sigue siendo que Colombia por fin deje de ser lo que queda –ese país extrañado y en duelo– cuando los poderosos ya han terminado de explotarla.