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ARCHIPIÉLAGO COLUMNA i

Colombia marcha (Autopista Norte, Bogotá)

¿En qué clase de sociedad se cierran las puertas de la equidad desde el principio?

Sí hubo un simulacro de guerra el jueves pasado. Sí se vivió un silencio raro, de breve fin del mundo, como si estuviera a punto de ocurrir algo peor: el desmadre que hemos estado aplazando entre todos. A las siete de la noche del 8 de noviembre, luego de que en los cuatro puntos cardinales de Bogotá –y de Colombia– se diera una pacífica e ingeniosa marcha de estudiantes en nombre del futuro de la educación pública, empezaron de golpe los ataques de pánico, las plegarias de último minuto, las mujeres atropelladas por carros fantasmas, las apariciones de los encapuchados expertos en arruinar causas de fondo, las imágenes de los escuadrones antidisturbios echando atrás a los ciudadanos, las fotografías de los manifestantes escapándose entre el humo de las bombas de fuego en la Autopista Norte de la ciudad.

Ocurrió en el orden de siempre. Fue la misma cadena de soluciones que suelen servirle al problema: a la ambivalencia estatal a la hora de fortalecer la educación pública en Colombia.

Primero vino la legítima protesta que devuelve la democracia al cuerpo e invita a recordar que la salvación de una cultura es la fraternidad: ¿en qué clase de sociedad se cierran las puertas de la equidad desde el principio? Siguió el oportunismo de los políticos que confunden a los ciudadanos con sus electores y a las marchas ajenas con sus actos de campaña. Vino la violencia a cargo de los bárbaros a sueldo. Comenzó la represión de dictadura de élites traumatizadas aún por la pesadilla a sangre y fuego del 9 de abril de 1948. E hizo su aparición la estigmatización de manual por parte de los altos funcionarios del gobierno de turno: el peligroso discurso contra la violencia que termina volviéndose –sutilmente– un discurso contra el derecho a protestar, contra los estudiantes que tienen la insolencia de reclamar lo mínimo.

El día anterior, miércoles 7, había sucedido una marcha contra una serie de decretos que garantizan los derechos de la comunidad LGBT, una marcha, mejor dicho, contra la sola posibilidad de que la sociedad deje atrás la manía de discriminar por la orientación sexual. Está claro que la llamada “corrección política”, que en un principio sirvió a los conservadores para ridiculizar a los discriminados y luego se convirtió en una herramienta de los liberales para sacar del camino a otros liberales, les está sirviendo de excusa a ciertos líderes fascistoides para reivindicar la violencia y la segregación como reivindicando derechos perseguidos por el biempensantismo. Está claro que de hemisferio a hemisferio estamos luchando a muerte con la idea de que la democracia no es el imperio de las mayorías, sino la articulación de la solidaridad.

Estamos luchando, en últimas, contra la normalización de la violencia: de los encapuchados en las marchas nobles, de los gobernantes que estigmatizan las protestas sociales, de las manifestaciones que reclaman el derecho a la intolerancia. Estamos tratando de que, sea como sea, estos pulsos no terminen en amenazas de muerte ni en muerte: el líder estudiantil Alejandro Palacios, que ha recibido el grito “si usted sigue lo matamos”, ha recibido el respaldo de las redes sociales de los teléfonos inteligentes, pero aún falta que los medios dejen de culpar a la protesta por los desmanes, que los desinformados dejen de exigir que las marchas sucedan sin que ellos se den cuenta –por las aceras quizás– y que se haga evidente que pedir una educación pública de calidad es pedir que se nos cumpla a todos la promesa de la democracia.

Dice el presidente Duque que la gran bandera de su gobierno es la equidad: lo primero en su agenda de mañana tendría que ser, entonces, reescribir la trama colombiana con los estudiantes.

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